El brazo parlamentario del gobernador Martín Llaryora acelera los tiempos para sancionar la Ley Antibúnker antes del receso invernal de la Legislatura cordobesa. Tras el ingreso del proyecto impulsado el Ejecutivo, el PJ activó conversaciones informales con sectores de la oposición con el objetivo de construir un despacho común que integre las tres iniciativas que estarán en discusión.
Como adelantó Perfil Córdoba, la comisión de Seguridad que preside Juan Manuel Llamosas comenzó con los primeros contactos informales para delinear un esquema de trabajo que tendrá su primera instancia formal este miércoles, cuando se analicen los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, el radical Oscar Saliba y el amarillo Oscar Agost Carreño.
El encuentro contará con la presencia del ministro de Justicia y de Trabajo, Julián López, quien concurrirá para defender los alcances de la iniciativa oficial y explicar los fundamentos del diseño elaborado por la Provincia. A partir de allí, el oficialismo buscará incorporar aportes opositores para avanzar hacia un dictamen con respaldo político amplio.
La hoja de ruta del PJ ya está definida. La bancada oficialista pidió a las representaciones opositoras que acerquen sus observaciones para llegar a la reunión de comisión con los “deberes hechos”.
Tras la exposición del ministro López sobre los ejes centrales del proyecto se comenzará a trazar, sobre esa base, los puntos de coincidencia y la recepción de contribuciones opositoras que permitan llegar al recinto con un despacho con amplio consenso. Esa es la meta.
La intención del oficialismo es que ese dictamen pueda ser tratado en la última sesión previa al receso de invierno, prevista para el miércoles 8 de julio.
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Tres proyectos, tres miradas
La proliferación de estructuras precarias utilizadas para el almacenamiento y comercialización de drogas obligó a las distintas fuerzas a diseñar respuestas bajo la denominada Ley Antibúnker. Hay coincidencias en el diagnóstico, pero diferencias entre tres modelos: el esquema administrativo del Ejecutivo, la mirada judicial y de inteligencia territorial propuesta por Saliba y la recuperación social del territorio planteada por Agost Carreño.
El debate no se reduce a una diferencia técnica de redacción legislativa. En juego aparecen distintas concepciones sobre el rol del Estado frente a territorios atravesados por el narcomenudeo: si debe intervenir mediante herramientas administrativas de control, avanzar con una respuesta punitiva de demolición o transformar esos espacios mediante una estrategia de recuperación comunitaria
El proyecto del Ejecutivo provincial plantea un esquema de intervención preventiva y administrativa. La iniciativa no se limita exclusivamente al fenómeno del narcomenudeo, sino que amplía el universo de acción estatal hacia bienes muebles, inmuebles, instalaciones y estructuras abandonadas, deterioradas o vinculadas a posibles actividades delictivas.
Con el Ministerio de Seguridad como organismo central y la articulación del Ministerio de Justicia y Trabajo, la propuesta oficial establece la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos con mecanismos de trazabilidad y control. El eje está puesto en asegurar, cerrar, custodiar y restringir el acceso a esos espacios mediante una coordinación con municipios y comunas.
La estrategia del oficialismo apunta, así, a construir una herramienta institucional permanente antes que una respuesta exclusivamente reactiva frente a cada búnker detectado.
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Golpe directo a los búnkeres
Con otro enfoque aparece la iniciativa de la Unión Cívica Radical, la primera en ser presentada al inicio del año, con un perfil más focalizado en la neutralización inmediata de los puntos de venta de drogas.
El proyecto del radical Saliba propone otorgar mayores herramientas al Ministerio Público Fiscal, con la creación de un registro georreferenciado y banco de datos destinado específicamente a identificar y monitorear espacios utilizados para la comercialización de estupefacientes.
También incorpora herramientas de vigilancia mediante domos en zonas estratégicas y habilita al fuero de lucha contra el narcotráfico a disponer medidas como identificación, señalización, desalojo y demolición de estructuras utilizadas para vender drogas.
La idea central es generar un impacto concreto y visible sobre las estructuras narco, con una lógica de intervención rápida que busca cortar la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
Recuperar el territorio
Como tercera alternativa aparece el proyecto de Agost Carreño (PRO), que intenta diferenciarse tanto del esquema oficialista como de la respuesta radical. O, en todo caso, suma un aspecto que no lo tienen en cuenta las otras dos iniciativas.
Su propuesta amplía el alcance de la ley hacia delitos vinculados con estructuras criminales organizadas, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y asociación ilícita, y establece al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación.
El punto distintivo de esta iniciativa está en que la intervención sobre el inmueble no representa el final del proceso, sino el comienzo de una etapa de recuperación territorial.
Bajo esta mirada, los espacios recuperados deberían ser reconvertidos en ámbitos deportivos, educativos, culturales o comunitarios, con controles periódicos, auditorías ante la Legislatura y mecanismos de participación ciudadana.
La disputa de fondo
La discusión que atraviesa la Unicameral excede la letra de una ley. En realidad, define qué modelo de Estado pretende construir Córdoba frente al avance del narcomenudeo.
Mientras el oficialismo busca consolidar un sistema de intervención preventiva y ordenamiento institucional, la UCR plantea una herramienta de impacto inmediato basada en la eliminación física de los puntos de venta. Agost Carreño, por su parte, advierte que el vacío dejado por una demolición puede ser ocupado nuevamente por las mismas redes criminales si no existe una estrategia social que acompañe la recuperación del territorio.
Frente a este escenario, el desafío político del PJ será transformar la coincidencia general contra los búnkeres en un acuerdo legislativo concreto. La ley que finalmente salga de la Unicameral definirá si Córdoba apuesta por una política centrada en el control administrativo, en la respuesta punitiva o en una recuperación integral de los espacios capturados por el delito.
