El arte de desviar la atención hacía un lado, para volver al punto anterior. Esa es la estrategia que definiría los próximos días de la gestión del intendente Martín Llaryora tras las manifestaciones que lo tuvieron en el centro de la escena por los reclamos a la Nación de “mayor equidad en el reparto de subsidios al transporte”. La serie de entrevistas que brindó en la semana, sumadas a las negociaciones que abrió con empresarios y la UTA, además del respaldo conjunto de otros intendentes del interior del país, llevaron la agenda a centralizarla en el transporte que sigue de paro desde hace tres semanas en la ciudad.
Sin embargo, en los principales despachos del Palacio 6 de Julio se baraja otra avanzada al Suoem en el marco de la tensión que se generó con los municipales a partir del recorte de la jornada que los trabajadores dicen repercutirá en el salario básico y que se dilucidará en los próximos días cuando comiencen a llegar los recibos de sueldo. Trámite que puede derivar en una acentuación del conflicto.
Ahora, y ante la cuarentena en el sector público que ocasionó una merma tanto en el Municipio como en la Provincia, se aguarda una nueva convocatoria de manera oficial desde la administración para que los trabajadores regresen a la actividad. Y es aquí, donde se especula que, ante la posibilidad de una medida de fuerza por parte de los agentes municipales que implique una resistencia a la hora de retornar, el intendente analice quitarles la chapa.
El trámite tendría otro impacto en el salario de los trabajadores y de la versión ya se hicieron eco en el Suoem. Desde donde resaltan que durante la gestión de Daniel Giacomino se vivió una situación similar y terminaron retornando al trabajo, aunque el conflicto siguió.
“Cada secretario llama y hay que volver a presentarse”, coinciden tanto en el Ejecutivo como en el gremio liderado por Beatriz Biolatto. Y esa fecha podría ser precisamente después del 7 de junio, vencimiento de la nueva fase de la cuarentena nacional.
Sobre qué áreas deben regresar es lo que despierta cierta confusión dentro el oficialismo municipal por qué dependencias habilitar, sabiendo las herramientas que pueden quedar en manos del sindicato en medio del conflicto. Ahí, hay una parte del peronismo que en este escenario pide tener la precaución que no se tuvo desde que se inició el conflicto.
“Se sentaron a la mesa las personas equivocadas. De un lado y del otro. Bueno, ahora hay que enderezarlo”, sintetizó la fuente a PERFIL CORDOBA.
Asimismo, y sobre la quita de la chapa a los agentes, incluiría no solo a los encargados de Tránsito, una de las áreas más sensibles durante el conflicto. Sino que abarca al resto de los inspectores, como aquellos que relevan aprobaciones comerciales de cualquier tipo.
Y para esto, en caso del conflicto, en el Municipio se vienen guardando otra carta que son los promotores de convivencia. Con los servidores urbanos se tomó el control de las áreas operativas, la siguiente fase de la cruzada llaryorista es ir por las áreas administrativas con los promotores de convivencia que son profesionales de la rama de la abogacía que tendrán el rol de ejercer la conciliación.
El proyecto ya fue aprobado en el Concejo y en el gremio sostienen que no pueden labrar actas, por lo que deberían si o sí recurrir al inspector.
El scouting para lo que algunos llaman la reforma del Estado municipal y que incluiría a los cargos interinos que dejó el mestrismo ya comenzó. Lo que no está claro es si existe detrás de esto el Colegio de Abogados encabezado por Ignacio Segura y con la vicepresidencia de Verónica Bruera, la secretaria general del Municipio; o viene del sector liderado por Juan Manuel Aráoz, el administrador del Tribunal de Faltas hijo de Julio César, el exministro de Carlos Menem.
Retiros voluntarios. El otro marcado optimismo que se vive en el Palacio 6 de Julio se vive por lo que entienden en el entorno de Llaryora es el récord de retiros voluntarios desde que se lanzó durante el verano pasado.
Según fuentes del Municipio eran cerca de 280 los agentes que se acogían al beneficio y saltó casi 500 en los días previos a la reforma jubilatoria. “No impacta en la Provincia, el salario lo sigue pagando la municipalidad, pero con un ahorro porque se abona el 70% de sueldo en promedio de 120 mil pesos”, reconocieron desde el Palacio 6 de Julio.
Para el Suoem son 252 que se agentes que se adhirieron a la movilidad anticipada y pone dicen que aún resta que se llegue al Ministerio de Trabajo para la confirmación.
