En el armado a gran escala que se analiza en el entorno más próximo al gobernador electo Martín Llaryora, que hace a la definición del nuevo esquema de poder, aparece un punto neurálgico a atender ante la nueva mayoría que ostentará la oposición en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El resultado electoral dio ganador a Juntos por el Cambio (709.249 votos) sobre Hacemos Unidos por Córdoba (704.682 votos) en ese tramo de la boleta. Con lo cual, se adjudicaron dos bancas para la oposición en manos de los juecistas María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán. Y una para el oficialismo, a cargo de Silvina Rivero.
El voto popular definió algo impensado en el tablero de control: un recorte de poder a la nueva gestión a partir del 10 de diciembre. Esto obligó al llaryorismo a diseñar una estrategia que se aplicará desde el arranque mismo del nuevo gobierno ante la ‘cancha inclinada’ en el Tribunal de Cuentas.
La idea en el círculo íntimo del mandatario electo es armar “fuertes direcciones administrativas en los principales ministerios” de la gestión del sanfrancisqueño, según advirtió una espada llaryorista.
La directiva pasará por ‘fortificar’ esas áreas que adquirirán un protagonismo central en el manejo de las cuentas de cada cartera de la orgánica de Llaryora.
En términos prácticos, siendo que está en juego el control del poder en un organismo técnico en manos de la oposición, la fuente se mostró optimista sobre el tema.
Para contrarrestar el peso de la mayoría opositora, el llaryorista de la primera hora señaló que cada dirección de administración pasará a ser “un minitribunal de cuentas” antes de mandar los expedientes, que no deberán tener “ningún error”.
“Todo lo que vaya para allá debe estar hiperchequeado”, dijo la fuente que, según su experiencia en este ámbito, existe un cierto margen de “un 10 por ciento de expedientes que llegan mal o más o menos confeccionados” al tribunal que, en el proceso, se van corrigiendo antes de llegar a los vocales.
Esto ocurre en la dinámica actual porque la lógica indica que el oficialismo tiene el control del organismo. Ante el nuevo esquema, el llaryorista remarcó: “Ese 10 por ciento de expedientes tienen que corregirlo las direcciones de administración de cada ministerio. No pueden ir así”.
El Tribunal de Cuentas es un organismo marcadamente técnico, muy profesional, que no solamente revisa las cuentas del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial, y tiene un área de auditoria externa, donde se audita la Epec y otros organismos.
