Los acuerdos logrados entre Córdoba y la Nación (vía Consenso Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Reformas Previsional e Impositiva) aseguran el corto plazo del financiamiento del sistema previsional provincial, pero no resuelven los problemas de largo plazo.
En efecto, el déficit de $7.000 millones anuales será auxiliado por recursos nacionales (en 75%), pero las distorsiones internas del sistema es algo que se debe resolver desde la Provincia. Y en este sentido comenzó a correr el tiempo de descuento para encontrar soluciones hacia el 2020.
De acuerdo al estudio “Sistema Previsional de Córdoba. Proyección 2010-2020”, elaborado por el Gobierno, a partir de 2015 se comenzó a transitar un ciclo de deterioro de la ecuación básica activo/pasivo, que al final de los próximos tres años llegará a una situación de alto estrés financiero si no se adoptan reformas estructurales.
Ecuación en crisis. En el punto de partida de la proyección actuarial que muestra el estudio –año 2010– existía una relación activo/pasivo de 1,9, es decir que se contaba con poco menos de dos activos para financiar las prestaciones de cada jubilado o pensionado.
Este ratio mejoró en la primera parte de la proyección, llegando en el año 2014 a 1,98. El fenómeno estuvo asociado a que mientras la población aportante mantenía el crecimiento de los últimos años, la cantidad de pasivos mostró cierta estabilidad.
Sin embargo, a partir del año 2015 el proceso se revirtió, es decir que la cantidad de beneficiarios empezó a crecer a un ritmo superior al de los aportantes. Esto deriva en un descenso de la relación activo/pasivo, que se ubicará en un nivel de 1,87, hacia el año 2020.
Según advierten los expertos en temas previsionales, el ratio entre aportantes y pasivos debe estar entre 3 y 4. “Cuatro aportantes por cada jubilado es lo ideal”, asegura Ana María Weisz, directora de Wealth de la consultora Mercer.
Así entonces, el sistema previsional cordobés se verá obligado a sanear esta relación, cuando paralelamente el Estado se ha comprometido, hasta 2019, a no aumentar la planta de personal más allá del ritmo de crecimiento poblacional.
Por sectores. “A nivel sectorial existen diferencias muy significativas (en la relación aportante/beneficiario)”, advierte el estudio. Los casos de EPEC y Bancarios presentan los peores indicadores.
En el caso de EPEC se prevé que su subsistema tendrá hacia el 2020 un ratio de apenas 1,26 activos por cada pasivo, lo que demuestra la gran fragilidad desde el punto de vista de la sustentabilidad. La situación de Bancarios es más preocupante porque dentro de tres años no llegará a contar ni un activo por cada pasivo (la relación será de apenas 0,94); le siguen en orden de complejidad el sector de Seguridad (1,489), Administración Central (1,68) y Docentes (2,12). Como se observa, ningún caso se aproxima a la relación óptima de 4/1.
Se hizo, pero falta. La Caja de Jubilaciones de Córdoba llega a esta situación no sin haber hecho ya reformas muy importantes que fueron cuidando la sustentabilidad del sistema.
De hecho, parte sustancial de la reforma del 2008 fue el aumento de las edades de retiro en cinco años para las mujeres y siete años para los varones. Estos cambios, a su vez, fueron complementados con una definición más precisa y estricta de los criterios de caja otorgante y de cálculo del haber inicial.
Sin embargo, el cambio demográfico paulatinamente fue erosionando los efectos de esas reformas. Lo que sigue, entonces, no se trata de cambios necesarios por lo “no hecho”, sino cambios que demanda la evolución natural del universo de beneficiarios.
“En pocos años los indicadores de sustentabilidad iniciarán un nuevo proceso de desmejoramiento. Por lo tanto, cabría asumir que queda un tiempo relativamente breve para diseñar, consensuar e instrumentar políticas que encaucen la organización del sistema en línea con un objetivo de sustentabilidad de largo plazo”, reconoció el Gobierno en su informe. Esto es lo que cabría esperar en los próximos dos años.
