El policía Lucas Gómez, detenido e imputado por la muerte del adolescente Blas Correas, espera que la Cámara 8ª del Crimen fije la fecha del debate oral y público por un caso en el que se encuentra acusado de encubrimiento agravado.
Es el antecedente penal que todos citan al preguntarse por qué estando imputado y próximo a ser juzgado estaba en tareas operativas en la Policía de Córdoba, en la calle y portando armas.
El tribunal que realizará el debate será unipersonal, a cargo del camarista Juan Manuel Ugarte y el fiscal que acusará será Hugo Almirón. Está todo listo para que comience el juicio, sólo falta que la oficina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fije una fecha y esta sea comunicada a la Cámara y luego a las partes.
Además de Gómez, llegan a esta instancia acusados Diego Osvaldo Busto, Emilio Daniel Vigil y Luciano Gabriel Miranda. La investigación se abrió a partir de la condena, en juicio abreviado, a 15 años de prisión a Leandro Castañares por seis violaciones a mujeres en La Calera. Durante ese debate se puso en evidencia la inacción policial ante algunas denuncias. Todos, excepto Gómez, no volvieron a trabajar. La pregunta que queda flotando es por qué razón se decidió que retornara a la fuerza.
El encubrimiento. Los hechos a los que refiere la acusación ocurrieron el 18 de diciembre de 2016. Durante esa noche, Gómez y Miranda acudieron a una vivienda particular en calle Natal Crespo al 100 de La Calera, a raíz de una denuncia. Encontraron a Leandro Castañares en la vereda con los pantalones puestos y el torso desnudo y a una mujer que había huido de la vivienda en ropa interior, tapada únicamente por una toalla, solicitando ayuda a vecinos.
Instantes posteriores llegó Busto, pariente de Castañares. Si bien la denuncia original refería a una víctima de un hecho de instancia privada -en estado de conmoción en horas de la madrugada-, los policías no procedieron según las normas vigentes. Es decir, no tomaron la denuncia ni protegieron a la mujer.
Tampoco el sumariante que recibió la exposición en la Unidad Judicial la transmitió de inmediato a la Fiscalía de turno. Es más, el sumario recién fue cargado al sistema nueve días posteriores al hecho.
Además del vínculo familiar de Castañares con Busto, reconocieron otros de los policías que solían jugar al fútbol, es decir eran conocidos.
Según la defensa de Gómez, él no tenía ningún vínculo. El entorpecimiento de la investigación por la presunta insistencia de los policías para que la víctima no formule la denuncia, el no preservar la ropa de la mujer que el violador tenía en sus manos y no comunicar a las autoridades judiciales el hecho a tiempo, son las cuestiones que se debatirán en el juicio. La defensa de Gómez tiene expectativas de aliviar la situación del efectivo en este caso, aunque el homicidio con armas policiales de Blas Correas generan un clima adverso.
CONDENA A POLICIAS
Entre los casos en los que intervino el juez Ugarte, que conducirá este debate, están las condenas a prisión perpetua de los policías Luca s Chávez y Rubén Leiva en otro hecho paradigmático: el homicidio de Fernando Güere Pellico, en julio de 2014 en Los Cortaderos de barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Durante una madrugada, en el oscuro, ambos policías dispararon desde atrás a la moto donde iban Pellico y su primo, Maximiliano Peralta. Chávez y Leiva fueron sentenciados por homicidio calificado agravado, la misma calificación provisoria que el fiscal de Instrucción, José Mana, le achaca ahora a Lucas Gómez por el disparo mortal a Blas Correas.
De confirmarse en la investigación la hipótesis actual, Gómez tiene frente a sí un panorama oscuro con seguro pronóstico de cárcel.
