La madrugada del jueves, que terminó con una reforma previsional y una declaración de emergencia, dejó una frase resonando en la agitada sesión de la Legislatura: el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba no se va a evaporar por ley. Puede achicarse, es cierto; también puede ordenarse. Pero lo que quedó en claro es que no se va a sanear de un día para el otro.
La expresión pertenece a Matías Chamorro, legislador del Partido Socialista e integrante del oficialismo provincial (Hacemos por Córdoba) entrevistado en Punto a Punto Radio (90.7): “Lo que se va a hacer es intentar disminuir ese déficit, pero no va a alcanzar para sanearlo definitivamente”. Y remató con otra definición igual de clara: “Sí es, de alguna manera, un reordenamiento financiero de los fondos de la Caja, que va a permitir atacarlo y disminuirlo, pero va a seguir siendo (el déficit) algo importante”.
La advertencia está ligada a lo que ya venía circulando en el debate del Presupuesto 2026: el oficialismo defendió el paquete previsional en un escenario de “situación crítica” y con un déficit proyectado “por encima de los $800.000 millones” para el próximo año.
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Chamorro no llegó a esta votación como un comentarista externo. Desde su cargo de legislador provincial, fue el impulsor de un proyecto propio que terminó “compatibilizado” con la iniciativa popular presentada por un grupo de jubilados cordobeses. La versión que se convirtió en ley compatibiliza una iniciativa popular y otros proyectos “que buscan la sostenibilidad del sistema previsional provincial” y tuvo como eje la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil jubilados.
Para Chamorro, “los jubilados acercaron una serie de puntos e impulsaban algunos reclamos. Y nosotros, en el proyecto que presenté en su momento, teníamos el tema de la emergencia, pero, sobre todo, un punto neurálgico: la iniciativa de restituir el 82% móvil”. “Indudablemente aquí lo que hay, a priori y primigeniamente, es una irresponsabilidad y un incumplimiento de carácter ilegal por parte de Nación”, añadió el legislador remarcando los “compromisos legales previamente asumidos” para con la Caja de Jubilación en la provincia de Córdoba por parte del gobierno nacional.
Al votar la nueva ley, el oficialismo incorporó una señal política específica: el texto aprobado instruye a senadores y diputados nacionales por Córdoba para que impulsen previsiones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios para el cumplimiento del régimen mencionado en la normativa. Chamorro también ató el futuro del rojo a ese frente: “Eso va a depender también del contexto económico y de los fondos en concepto de coparticipación que lleguen desde Nación”.
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Qué alcance tienen las reformas
La ley, en su versión sancionada, establece un paraguas amplio: declara la emergencia previsional por cinco años, con prórroga automática por única vez; suspende la aplicación del Fondo Solidario para Desequilibrios mientras dure la emergencia; y faculta al Ejecutivo a adecuar alícuotas de aportes personales “hasta un 8 por ciento” sobre las existentes. También crea un “adicional mensual no remunerativo” que compense deducciones “hasta el límite del 82%”, con escalas a definir por reglamentación.
En ese sentido, Chamorro tradujo ese alcance en decisiones concretas y en un criterio de progresividad. Primero, sobre el 82%: “Eso se consiguió. Para mí, es la parte más importante de toda la discusión”, dijo, y ubicó el arranque en los haberes más bajos: “Va a alcanzar a quienes cobran menos de 1.500.000 pesos”, a todos esos jubilados y jubiladas se les va a reconocer, mediante una adición no remunerativa, lo que necesiten percibir “en el bolsillo” hasta el 82% que hoy no percibían.
Después, explicó “el corazón redistributivo” de la norma que, según su mirada, permite financiar el esquema sin tocar a los de abajo: “Se faculta al gobernador para poder hacer un incremento de los aportes previsionales, empezando por los que más tienen”. Y subrayó: “Siguiendo con el ejemplo de quienes perciben 1.500.000, en ese caso no se van a ver afectados”, porque “les estamos restituyendo el 82”.
A eso le sumó un punto sensible para miles de casos: el descuento por doble beneficio. “Había un artículo vigente, el del aporte solidario, que permitía descontar hasta el 20%”, recordó. Y describió el cambio: “Se estableció un límite: a nadie que perciba hasta 3 millones entre los dos beneficios se le va a descontar”; por encima de ese piso, detalló una escala “hasta el 20%”. En su estimación, “más de 11.000 personas van a dejar de tener ese descuento”.
El legislador socialista también dejó una definición importante para la discusión que se viene: descartó que la reforma buscara aprobar un esquema de bonos para pagar haberes altos. “No hay ningún bono”, afirmó. “Lo que se aprobó no establece ningún tope ni establece ningún pago en bonos”.
Emergencia
A la hora de hablar de qué lo impulsó a presentar la “emergencia” de la Caja, Chamorro lo ligó a una cuestión de “límites”. “Por eso la emergencia tiene un plazo importante”, explicó: “se van a necesitar distintas proyecciones a la hora de poder ir, de a poco, saneando la situación”. Consultado sobre si se elimina el déficit proyectado, sostuvo que “no”, que “se va a intentar disminuir ese déficit”, pero que “no va a alcanzar para sanearlo definitivamente”.
En la letra oficial, la Legislatura también dejó asentado que el adicional al 82% se aplicará “conforme a las escalas y graduación que determine la reglamentación”. Es decir: el impacto concreto —cuánto y a quiénes, en qué tramo y con qué cronograma— empezará a definirse en los próximos días, fuera del recinto, con el decreto reglamentario.
