Durante la semana pasada, mientras realiza un viaje por Europa, el exintendente de Villa María Eduardo Accastello no tuvo buenas noticias desde Argentina. En diferentes causas judiciales que se tramitan en distintos fueros, se produjeron hechos que demuestran el avance de investigaciones que podrían complicar su situación.
El juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral anticipó a PERFIL CORDOBA que firmó un oficio para obtener una copia de la declaración como arrepentido del comerciante Miguel Vera. La dirigió al Tribunal Oral Federal 2 de nuestra ciudad el viernes último, antes de iniciar una licencia por razones de salud. En el tribunal cordobés, que en una semana comenzará a juzgar la primera parte de la causa CBI, no habían recibido aún el pedido. Canicoba Corral lleva adelante la causa por sobreprecios en el Eninder, el polémico ente intermunicipal que tuvo sede en Villa María. Por la misma están imputados el propio Accastello junto a varios funcionarios nacionales entre los que figuran Julio De Vido, José López, Aníbal Fernández, Abel Fatala y Carlos Kirchner, entre otros.
En Villa María, la fiscal de Instrucción Silvia Maldonado pidió a la Municipalidad comprobantes de erogaciones e ingresos por subsidios de dos entes que actuaron durante la gestión de Accastello. El período sobre los que se pidió la información abarca desde el 2013 al 2015. Son los entes de Desarrollo Productivo y de Deportes y Turismo. Ambos tuvieron un funcionamiento similar a las agencias provinciales creadas durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota. Por decisión del actual jefe comunal, Martín Gill, el primero de ellos no existe más. La causa se había iniciado en 2015 por una presentación que realizó quien ocupó una vocalía en el Tribunal de Cuentas municipal, José Naselli.
Por otro lado, el juez federal 3 Miguel Hugo VacaNar vaja pidió al Concejo Deliberante villamariense declaraciones juradas del exfuncionario y de su actual pareja, Verónica Navarro, quien actualmente integra ese cuerpo legislativo. La solicitud se hizo en el expediente de la megacausa penal económica CBI Cordubensis por la caja de seguridad que se secuestró con 290 mil dólares. El cofre figuraba a nombre de Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga y hombre cercano a Accastello; pero también tenían autorizado el acceso el exintendente y Navarro.
La semana pasada este medio publicó que en la Justicia no resultó convincente la declaratoria de herederos rearmada que presentó Boldú para justificar el origen del dinero. La confirmación de esa información es el actual pedido formulado al Concejo Deliberante. El objetivo es establecer con certeza el origen de los fondos. De no encontrarse ese fundamento vendría una imputación. Accastello, además, fue mencionado por Miguel Vera el único arrepentido de CBI que lo ubicó en negociaciones centrales con el gobierno de Néstor Kirchner junto a Boldú.
