En horas en las que trascienden públicamente detalles sobre la violenta relación entre Pablo Laurta y sus víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, realizó una contundente autocrítica sobre las limitaciones del Estado para prevenir femicidios y violencia intrafamiliar.
En una entrevista con Radio Continental Córdoba, Quinteros fue categórico al admitir la imposibilidad de anticiparse a estos crímenes. "La violencia intrafamiliar es absolutamente imposible de prevenir", sentenció el funcionario, quien además reveló que más del 70% de los homicidios en la provincia ocurren en contextos familiares o interpersonales.
El ministro describió la dinámica de la espiral de violencia, la mayoría de las veces escapa al control policial: "Un asado se convierte rápidamente en una discusión y la discusión se convierte rápidamente en una muerte, lo cual hace años esto no pasaba". Esta escalada de violencia, según Quinteros, se desarrolla en espacios íntimos donde la intervención estatal resulta imposible hasta que el daño ya está consumado.
"Cuando llega la policía es porque ya está todo roto. Ya es el último eslabón de la cadena y hay un montón de situaciones en las que no se ha dado la contención habitual", explicó Quinteros, quien llamó a una "interpelación" social profunda sobre las causas estructurales de la violencia.
Discursos de odio y salud mental
Quinteros vinculó el caso con la militancia del acusado en el movimiento "Varones Unidos", que denuncia falsas acusaciones contra hombres.
El funcionario alertó sobre el impacto de los discursos violentos que surgen de organizaciones y espacios políticos radicalizados: "Los discursos promovidos por los funcionarios y por las máximas autoridades de un país tienen que ser de tranquilidad y nunca de odio, porque lleva mucho más a la división en la sociedad".
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Además, Quinteros identificó la salud mental como un factor crítico que merece atención urgente. "El estado de alteración que tiene la población, nosotros lo vemos claramente. Las adicciones también son producto de un sistema social en el que se están cayendo los empleos formales y se va a la informalidad, y de la informalidad se pasa a indigencia, y de la indigencia se pasa a exclusión", analizó.
El debate pendiente sobre armas
Consultado sobre la facilidad para acceder a armas de fuego, Quinteros reconoció que se trata de un problema nacional. "Es un problema que tenemos en todas las jurisdicciones del país", admitió en el programa Última Pregunta. "Hay que discutir una ley de desarme", propuso, aunque anticipó resistencias.
El ministro advirtió que la proliferación de armas en hogares facilita su adquisición por delincuentes: "Mucha gente tiene armas en sus casas que, cuando se las roban, se transforman en una herramienta que el delincuente inmediatamente adquiere".
El funcionario advirtió que el deterioro socioeconómico agrava el panorama. "Están viviendo momentos socioeconómicos los más graves de las últimas tres décadas y esto va a ser aún peor", afirmó, relacionando la crisis con el aumento de la violencia social.
