Un nuevo capítulo aparece en la causa CBI Cordubensis, vinculada a una caja de seguridad con 290 mil dólares propiedad del exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, a la que también tenían permiso de acceso el dirigente Eduardo Accastello y su pareja Verónica Navarro Alegre. La novedad es que, tras rearmarse el expediente de la declaratoria de herederos que presentó Boldú, el documento no resulta convincente para explicar el origen del dinero custodiado en el cofre, lo que podría complicar su situación.
En el Juzgado Federal 3 de Córdoba se investiga precisamente eso. Cuando se descubrió la caja de seguridad con los nombres de los dos dirigentes políticos se abrió una causa para esclarecer de dónde salieron los dólares. Boldú se presentó ante la Afip y, presuntamente, un empleado del organismo recaudador certificó la copia aduciendo que había tomado contacto con el original. El exintendente presentó la constancia en tribunales.
En 2016, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja libró un oficio solicitando el expediente pero desde los tribunales provinciales le respondieron que había desaparecido y en su lugar había copias sueltas. En ese momento, la jueza civil Susana Martínez Gavier admitió que debieron rehacer la declaratoria. Esa acta reconstruida no es prueba suficiente que justifique la tenencia del dinero, consignaron fuentes a PERFIL CORDOBA.
Hay que recordar que la serie de los billetes es del año 2006, posterior al 2000 cuando falleció el padre de Boldú, de quien el dirigente político dijo haber heredado el dinero. Los 290 mil dólares se encuentran actualmente inmovilizados bajo custodia del juzgado.
Imprescindible determinar el origen. Es imposible obviar el hilo conductor que une esos fondos con otros expedientes judiciales de la mesa de dinero ilegal que constituyó CBI. En la declaración como arrepentido del comerciante Miguel Vera, él señaló a Boldú como una persona muy cercana al fallecido vicepresidente de la financiera, Jorge Suau. Vera está acusado por mover más de $700 millones a través de dos firmas fantasma Jotemi SA y Halabo SA (Ver Senestrari imputó a dos cueveros…).
Relató que el vínculo se consolidó luego de una reunión celebrada en Córdoba entre Suau, Joaquín Juana, Teófilo Grant y el exintendente de Laguna Larga. Otro de los detalles aportados por Vera en el expediente secreto era que Boldú operaba por orden de Accastello para gestionar fondos de la obra pública, el Pami y de “contratos laborales para la dirigencia”.
En caso de no comprobarse el origen del dinero contenido en la caja de seguridad, Boldú y Accastello pueden terminar imputados en la causa.
Cuatro años. Ese fue el período que llevó discutir qué delito y qué competencia correspondían. El 27 de agosto de 2014, la justicia secuestró 290 mil dólares de las cajas de seguridad 38 y 39 que figuraban a nombre de Boldú. Eran 29 fajos de 10 mil dólares. El 29 de octubre de 2015, el juez dio intervención a la Fiscalía Federal N.º 1 de Córdoba para profundizar la investigación sobre el origen de esos fondos. Luego de algunas diligencias, el fiscal Enrique Senestrari señaló que, de existir delito, sería enriquecimiento ilícito –no lavado de activos- y por lo tanto debía investigar la justicia provincial. Luego, la Cámara Federal de Córdoba declaró la incompetencia del fuero nacional y ordenó remitir los antecedentes a la justicia provincial para que investigue el posible enriquecimiento ilícito de Boldú y Accastello.
La UIF resistió la medida y finalmente en junio de este año la Cámara Nacional de Casación Penal consideró que debía investigar la justicia federal ante un posible delito de lavado de activos. Por eso el expediente volvió a Córdoba y continúa su trámite en el Juzgado Federal N°3, donde podrían conocerse novedades en breve.
