“No hubo coherencia en ninguna acción, fueron momentos en los que sufrimos mucho”

Este lunes 20 se cumplirán tres años del momento en que el presidente Alberto Fernández firmaba el Decreto Nacional 2 9 7/ 2 0 2 0 , e l cual marcaba en el país el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) que en un principio duraría hasta el 31 de marzo de ese año, pero que luego se extendería varios meses más transformando a la Argentina en uno de los países que vivió una de las cuarentenas más extensas en todo el mundo.

“Estamos tomando medidas excepcionales, en un momento excepcional, dentro del marco que una democracia permite”, anunció en cadena nacional Fernández, flanqueado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Vamos a ser muy severos con quienes no respeten el aislamiento”, afirmó Fernández y advirtió que se aplicarían penas dispuestas en el Código Penal para “quien violase las normativas dispuestas para frenar una pandemia”.

El 6 de noviembre, recién 155 días después, Fernández anunció que comenzaba a regir el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) en reemplazo del Aspo. En el medio se implementaron medidas de todo tipo, incluso algunas que rozaron lo insólito: personas varadas en todo el mundo, aislamientos forzados, prohibiciones de circulación, autorización de salidas para pasear según el número de terminación de DNI y detenciones arbitrarias, fueron algunas de ellas.

Uno de los sectores que más sufrió en carne propia (y que aún sufre) las consecuencias de algunas de esas decisiones fue el del comercio no esencial, que debió permanecer con las puertas cerradas durante varios meses. Algunos no soportaron la presión económica asfixiante que significaron las medidas y otros lograron sobrevivir.

Tamara Sterenberg, titular de la librería El Emporio, fue una de las caras visibles de la Red de Comerciantes Unidos de Córdoba y una de las voces más resonantes de las protestas en ese momento. Sufrió la situación, estuvo a punto de ser imputada y a tres años de ese momento aún se angustia cuando recuerda lo vivido durante esa etapa. “No hubo coherencia en ninguna acción. Faltó sentido común en todos los estamentos, ya sea nacional, provincial y municipal. Se sufrió mucho porque no se veía una luz al final del túnel”, narró Sterenberg.

“La inestabilidad emocional ocasionó enfermedades en los ciudadanos de Córdoba. La impotencia que uno tenía por el hecho de no poder llevar el pan a su casa y tener un impedimento obtuso, sin sentido común, era sentir que estábamos encarcelados”, recordó. “Por si esto fuera poco, los grandes centros comerciales vendían de todo: desde una planta hasta una alfajor y los comercios planteábamos esta deslealtad, ya que no eran artículos de primera necesidad. Además, veíamos que en los barrios los comercios abrían y vendían. El problema era el centro de Córdoba, que llegó a vallarse. Tenías que pedir permiso a la policía, mostrar el documento…”, agregó la comerciante.

PERFIL CÓRDOBA dialogó con otros comerciantes que recuerdan con el mismo dolor la etapa de aislamiento, pero prefieren no ser nombrados. “Nos dimos cuenta que el encierro se estaba haciendo eterno y nosotros teníamos que pagar sueldos, alquiler, obligaciones contraídas y no sabíamos cómo hacerlo. Nadie nos daba una explicación. Después del cabildo abierto, varios comerciantes recibimos amenazas de imputaciones y problemas con la Justicia. Fue una etapa triste y de mucho sufrimiento. Hubo gente que desde los edificios nos insultaba e incluso denunciaban a quienes buscaban abrir”, coinciden.

Si bien el Ministerio Público Fiscal informó a través de su página web que tres integrantes de la Red de Comerciantes Unidos fueron imputados por la realización de un cabildo abierto en plena Plaza San Martín, algunos de los protagonistas de este hecho aseguran que esto no fue así y que nunca recibieron notificaciones respecto a estas imputaciones.

Efecto contagio. La iniciativa de formar una red de comerciantes para pedir por la apertura de comercios generó un efecto contagio. “Empezaron a plegarse muchas pymes de otras provincias para hacer frente a estas medidas de no poder trabajar, lo cual generaba un grave perjuicio económico. Nuestro caso sir vió de ejemplo en otras provincias”.

Además, destacan las muestras de solidaridad recibidas en esa etapa tan dura. “Fue algo hermoso lo que pasó entre los comerciantes. Se armó una comunidad muy grande y hasta el día de hoy se mantiene. Ahora en conjunto estamos elevando un reclamo por las manifestaciones que perjudican nuestra labor diaria, se armó un centro vecinal y estamos tratando de revertir algunas situaciones para que todos podamos trabajar”, concluyeron.

Aún hay decenas de causas abiertas en la Justicia

Durante los largos meses de aislamiento vividos en 2020 hubo miles de personas que tuvieron problemas con la Justicia. El 19 de abril de ese año, casi un mes después del decreto presidencial que marcaba el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), la Policía de Córdoba informaba que hasta ese momento 13.500 personas habían sido detenidas. Según el primer informe policial en toda la provincia de Córdoba, el distrito con mayor número de casos fue Capital (4.373), seguido por Colón (814), San Justo (675), Punilla (439) y Río Primero (400). Además, precisaba que el 87,65% de los detenidos eran hombres y la franja etárea con mayor prevalencia en faltas era la de los 18 a 40 años, con el 68,55% de los casos. Fuentes de la Justicia provincial informaron a PERFIL CÓRDOBA que las causas siguen su curso. “Muchos quisieron sacarse el tema de encima, evitar las costas legales que implica afrontar un proceso judicial y optaron por un juicio abreviado. De esta manera, acordaron penas que en líneas generales son menores”, indicaron. “En general, se encuadran en contravenciones que tienen sanciones mucho más leves que un delito”, precisaron. En la página web del Ministerio Público Fiscal se pueden encontrar muchas de las causas que aún siguen a la espera de una resolución. “Destrozos en un country; fiestas clandestinas; casamientos prohibidos; propagación de la variante Delta y violación del aislamiento”, son las acusaciones más comunes. Mendoza y los tarros de leche. En Mendoza tomaron una determinación contundente ante la gran cantidad de causas abiertas y la imposibilidad de la Justicia de afrontarlas. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) dispuso que quienes tengan causas abiertas por violar la cuarentena decretada durante la pandemia donen dos cajas o tarros de leche en polvo de 800 gramos para quedar exculpados. Según informó el organismo, el beneficio es exclusivo para quienes no cuenten con antecedentes penales. La decisión tiene como objetivo “que las 6.000 personas que se encuentran en esta situación ofrezcan alguna clase de resarcimiento frente al ilícito cometido”.