El 28 de marzo se cumplirá un año de la tormenta que provocó un aluvión en el valle de Paravachasca y causó el anegamiento y arrastre de material de la planta de residuos peligrosos Taym, ubicada en la Ruta 36. “Estuvimos a un tris de un desastre ecológico y ambiental”, valoró el gobernador Schiaretti días después del desastre, una elocuente declaración de su gravedad.
A un año del evento, todavía no se iniciaron las pericias sobre el abundante material recolectado en la planta, campos aledaños y el canal Los Molinos, del cual se nutre Aguas Cordobesas para potabilizar y distribuir el servicio a la zona sur de la ciudad. Cabe destacar que tanto Taym como Aguas Cordobesas integran el mismo holding empresario, el grupo Roggio.
En este contexto, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, informó a PERFIL Córdoba que la prueba consiste en “12 cuerpos en 37 expedientes”. Estos se suman a los cinco cuerpos que integran la investigación penal de la causa.
El equipo de peritos oficiales está dirigido por el ingeniero químico Orlando de la Rúa y se integra por un médico especialista en daño a la salud, un ingeniero especialista en hidráulica, otro en ambiente, un biólogo y un geotécnico. En diciembre, el funcionario solicitó al Tribunal Superior de Justicia la conformación del cuerpo de expertos y todavía se analizan los antecedentes de especialistas para integrar el equipo. Son personas con actividad privada y otras que pertenecen a la Universidad Católica de Córdoba.
Ricardo Rosemberg, administrador general del Poder Judicial, explicó a este diario que la dificultad para seleccionarlos se debe a la exclusión en la convocatoria de la Universidad Tecnológica Nacional y el Ceprocor, por incompatibilidad; en el grado de idoneidad requerido, y también al presupuesto disponible. “La pericia es un acto de conocimiento”, explicó Rosemberg, de allí la exigencia de recurrir a profesionales confiables desde el punto de vista científico.
La UTN fue excluida porque el titular de Ambiente en la Provincia, Javier Britch, además de su cargo en la función pública, es cofundador del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la Tecnológica. Además, el fiscal Peralta Ottonello notificó a las partes para que propongan sus propios especialistas de control. El estudio será complejo y se centrará en la planta; la disposición de los espacios para los diferentes tipos de residuos; el sistema de tratamiento y disposición final; las características del suelo y subsuelo en esa área; la pendiente existente que produce escorrentía hacia el canal Los Molinos; el volumen de agua que ingresó al predio, por dónde entró y salió, e incluso el método de potabilización que utilizó Aguas Cordobesas para tratar y eliminar los compuestos hallados.
Por el hecho, continúa imputado por presunta contaminación ambiental el gerente operativo de Taym al momento del suceso, Cesar Ernesto Ripsky.
Anticorrupción. Otra investigación por contaminación ambiental corre en paralelo, referida a la eventual responsabilidad penal de funcionarios públicos. Por esa razón quedó separada de la anterior y se radicó en la Fiscalía Anticorrupción 2. Allí se analiza la conducta desplegada por quienes participaron en la habilitación y posterior control de la planta de Taym. Este diario publicó en octubre del año pasado el contenido de dos actuaciones administrativas previas al 28 de marzo. Una fue realizada por la Policía Ambiental que describió, a fines de 2016, una serie de irregularidades como residuos depositados en un galpón abierto, lugares no autorizados en los que se almacenaban elementos, laguna para lixiviados excedida en su capacidad, entre otras cuestiones. Y el otro informe, elaborado por una dependencia del Ministerio de Ambiente de la Nación, dio cuenta de elementos informáticos rotos expuestos a la intemperie. En ambos casos existieron intimaciones.
PERFIL Córdoba intentó obtener una respuesta de la empresa sobre si se realizaron trabajos para adecuar las instalaciones luego de aquellos informes y del aluvión, pero sus autoridades se excusaron de darlas “por respeto a las causas judiciales en trámite”.
