Nuevamente una investigación judicial pone en jaque al abogado Jorge Alberto Agüero (65), autodenominado ‘El Mesías’. El letrado, con participación política y excandidato a gobernador y diputado nacional por el Partido Concentración Popular, cuenta con una condena a un año y medio de prisión. Acusó falsamente a jueces federales de cobrar una coima millonaria en un juicio de lesa humanidad en el que defendió a los represores Jorge Ezequiel Acosta y Hermes Oscar Rodríguez.
En este caso, el expediente se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, quien detectó una presunta asociación ilícita que habría falseado documentación a partir de la caída de la Asociación Mutual de Empleados Estatales Felipe Vallese. Agüero, quien fue asesor legal de la fallida entidad, habría aprovechado la situación de descontrol para fingir ventas o ceder a terceros los inmuebles, desapoderando a los verdaderos dueños, quienes no contaban con las escrituras por las mismas irregularidades ya relatadas.
Agüero, los abogados Alfredo Ramón Silva (61) y Facundo José Pace (53), y el ya condenado por la trenza de remates judiciales, Walter José Bucheme (56), están imputados en este caso por presunta asociación ilícita.
A fines de diciembre pasado el Juzgado de Control confirmó sus prisiones preventivas.
Falsa comisión directiva. Según la investigación, el primer paso fueron actas confeccionadas con nóminas de socios asistentes a falsas asambleas. Fueron presentadas a los organismos locales y nacionales de control. Se sospecha que varios documentos fueron elaborados después de observaciones realizadas por esas instituciones para crear la ilusión de que la mutual funcionaba. Todo esto aconteció entre 2008 y 2014.
Gavier sostiene que luego se sumaron Alfredo Ramón Silva, Walter Bucheme y Facundo Pace, a los que Agüero convocó a fin de que adquirieran para sí o para terceros, a muy bajo precio, algunas de las viviendas cuya titularidad registral ostentaba la mutual, una entidad que hasta entonces gozaba de prestigio desde su fundación, en 1989.
Una de las obras más importantes de la asociación fueron los planes de viviendas. Entre ellos, el de Parque De la Vega III, ubicado al oeste de Córdoba capital.
La conjunción de mala gestión de la empresa constructora y la conducción mutualista terminó en su intervención. Se presentaron demandas civiles y denuncias penales en contra de la mutual y sus directivos y se generó el descontento de exasociados por no acceder a sus viviendas en la forma pactada. Ese fue el contexto histórico que habrían aprovechado los ahora imputados.
Agüero se hizo firmar por escritura pública un poder general para pleitos. Con ese instrumento inició demandas contra los poseedores –socios que habían comprado boletos del plan de viviendas– para interrumpir el plazo de prescripción veinteañal.
Una vez adentro de la mutual, habrían desapoderado a los socios poseedores de las viviendas que habían contratado con la Mutual.
Falsos representantes –sospechan los investigadores– vendían los inmuebles a terceros por un precio vil para obtener dinero, en los casos en que las operaciones eran reales. Se encontraron otros casos en que un falso tercer adquiriente se sumaba a la maniobra, para reclamar su presunto derecho al inmueble en un contexto en el cual los verdaderos dueños no tenían a quién pedir escrituras por la decadencia de la entidad.
Vínculos con la ‘trenza’. Jorge Alberto Agüero habría asumido el rol de organizador y jefe. Fue quien convocó al resto, Alfredo Ramón Silva, Facundo José Pace y a su asistido en la causa de la trenza de los remates judiciales, Walter Bucheme, quien fue sumado precisamente por su experiencia en el comercio ilegal o espurio de bienes inmuebles, sostiene Gavier.
COLEGIO DE ABOGADOS DEFIENDE A LOS IMPUTADOS
El Colegio de Abogados de Córdoba intentó ser admitido como amicus curiae, tercero interesado, en la causa.
En un extenso escrito firmado por su presidente, Ignacio Segura, y la prosecretaria general, Myrian Beatriz Londero, reenvió al juez de Control, Manuel Ayán, dos dictámenes emitidos por la Comisión de la Defensa de la entidad. En ambos cuestionaron la prisión preventiva sobre los imputados Facundo José Pace y Alfredo Ramón Silva, acusando al fiscal de hacer abuso de la misma. No se pronunciaron por Agüero.
Gavier respondió fuerte. Criticó la posición de defensa gremial y les recordó que las imputaciones a los letrados son porque pusieron “su expertis como hombres de derecho, al servicio de la delincuencia económica y haberse adherido a una asociación criminal para cometer delitos”, señaló.
Y advirtió que los dictámenes “fueron firmados por abogados con condena firme”.
“La intervención corporativa que se pretende, no solo no está prevista en nuestra ley procesal penal –debido a que podría poner en riesgo la independencia de los funcionarios y magistrados judiciales intervinientes– sino que en el caso concreto resulta visible que carecería de la objetividad y ecuanimidad que debería esperarse”, puntualizó Gavier.
Finalmente, el juez Manuel Sebastián Ayán rechazó el pedido haciendo un análisis de la jurisprudencia sobre le pertinencia y naturaleza de la figura de amigos del tribunal, concluyendo que en este caso el Colegio de Abogados no tiene ningún aporte científico novedoso que aportar.
