María Jimena Monsalve es jueza nacional de Ejecución Penal en la ciudad de Buenos Aires desde 2015. Fundó y preside la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal e integra la conducción de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Desde 2018 trabaja en un programa para abordar la problemática de consumos de drogas de imputados de delitos de baja o mediana intensidad donde el riesgo es que reincidan justamente por la dependencia que tienen.
Estuvo en Córdoba la semana pasada para la presentación e inicio de la capacitación sobre los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD). Se proyecta incluir en el abordaje a dos Juzgados de Ejecución Penal, uno de la ciudad de Córdoba y otro de Cruz del Eje. En la ocasión, Monsalve fue entrevistada por Perfil Córdoba.
—¿Cuáles son los resultados después de ocho años de experiencia?
—Son muy auspiciosos. Trabajamos con una pandemia en el medio, con tres administraciones nacionales distintas, en conjunto con Sedronar. La tasa de recaída en el delito es ínfima. Nuestro propósito también es medir por lo menos cinco años posteriores al egreso de las personas del tratamiento. El objetivo del programa es reducir el consumo, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Es una instancia no adversarial, donde trabajamos en conjunto con la defensa, con el fiscal y con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud mental que también forman parte del tribunal.
—¿Por qué un tratamiento psicológico es la opción?
—La novedad de nuestras intervenciones radica en que ofrecemos sustituir las reglas de conducta que se hayan impuesto en el marco de una suspensión de juicio a prueba o de una condena en suspenso, por la posibilidad de hacer un tratamiento voluntario. Puede ser residencial, con una internación; ambulatorio, en un hospital de día; de mediodía, o una terapia individual. Depende de lo que cada caso requiera, se da la sugerencia al participante. Estos programas se llaman modelos de supervisión intensiva.
—¿En qué consisten?
—En acompañar para que la persona logre la adherencia al tratamiento, para que no lo abandone intempestivamente. Si tiene deseos de abandonarlo, algo que sucede a menudo, hacemos una audiencia. Tratamos de reconstruir la red de vínculos. Son personas que por lo general están en circuitos de consumo desde hace años y agotaron los lazos familiares.
—¿Cuál es el perfil predominante de los imputados que recibe?
—El Juzgado está emplazado en la ciudad de Buenos Aires. Son personas que cometen delitos asociados al consumo. La mayoría no terminó la escuela y se inició en el consumo en la adolescencia. Si bien tenemos una franja de jóvenes adultos, entre 18 y 21 años, hay gente de mediana edad a la que nunca en su historia de vida se le presentó la oportunidad de acceder a un tratamiento. Nadie se lo ofreció. Es complejo en el caso de mujeres con hijos. La carga familiar dificulta, muchas veces, que puedan adherirse a un tratamiento o que tengan una internación.
—¿Usted es la única jueza que hace tratamiento de drogas?
—Comenzamos con la prueba piloto en 2018 y ahora inició el proceso para evaluar la evidencia que recolectamos, se hicieron ajustes y adecuaciones para una expansión con un modelo que está probado.
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—¿Cuántos casos trataron?
—Identificamos 400 casos potenciales para incorporar al programa. Hay un procedimiento para definir cuáles necesitarán la supervisión intensiva, bajo el concepto de la justicia terapéutica. De esos 400, llegaron a la supervisión intensiva aproximadamente unos 90. Muchos egresaron, otros concluyeron porque terminó el plazo judicial de supervisión, aunque no nos limita para continuar asistiendo a la persona si ella lo desea. A veces el tiempo judicial no se corresponde con el tiempo de tratamiento mental. El 75% de los casos que hemos trabajado están concluidos positivamente. Controlamos también a través del registro de reincidencia para ver si hubo alguna recaída. Si eso ocurre tomamos nuevamente contacto con los participantes. También medimos con una herramienta si las personas cesaron en el consumo. Son indicadores que sirven para saber si estas buenas prácticas tienen impacto real sobre la vida de las personas. Lo importante es pensar que la justicia tiene que poder hablar en clave de salud y la salud en clave de justicia cuando trabajamos el delito social consumo.
—¿Hacer un tratamiento es más fácil o más difícil que cumplir una pena, como trabajo comunitario?
—Estas personas hacen un esfuerzo superior para cumplir con la medida judicial. Estos programas no son becas. Hay una decisión de la persona que elige el camino del tratamiento y su esfuerzo tiene que ser reconocido por el sistema judicial. Adherirse a un tratamiento implica mucho más que ir a hacer una tarea comunitaria, que generalmente no pueden sostener porque están en un estado de consumo. Por la experiencia, cuanto antes se intervenga es mejor. Si son personas que delinquen por primera vez, este tipo de intervenciones evitan el inicio de una carrera delictiva, de ingresar a círculos viciosos porque el consumo demanda más sustancias y se delinque para obtenerla.
—¿Es posible aplicarlo en las cárceles?
—En contexto de encierro el enfoque de tratamiento es diferente, no imposible. Existe un modelo denominado “tribunales de no reingreso” en español —“reentry courts”—, pensado para personas que salen con una libertad anticipada y necesitan sostenerse sin consumir. Cuando algunas acciones no alcanzan, no dan la respuesta apropiada, es necesario repensar, barajar y dar de nuevo. Todos queremos que haya menos delitos, menos víctimas. Tenemos que cambiar las prácticas. Esa es la clave. Hicimos algo diferente y los resultados fueron favorables.
