Objetan requisitos para cubrir el cupo trans en el Poder Judicial

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia creó el Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y Transgénero para dar cumplimiento a la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal ‘Diana Sacayan - Lohana Berkins’. El objetivo es generar oportunidades laborales reales para que exista una mayor inclusión laboral del colectivo de personas trans en Córdoba. El Área de Recursos Humanos de la Justicia instrumentó el procedimiento para habilitar un Registro Único y elaboró un formulario para la inscripción.

Los requisitos establecidos son: ser mayor de edad, ser una persona cuya identidad de género sea travesti, transexual o transgénero según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 26.743 y tener título o ser estudiante de la carrera de Abogacía con un mínimo de seis exámenes finales aprobados. Pese a ser una iniciativa proactiva para garantizar puestos de trabajo para el colectivo LGTBIQ+, desde una de las asociaciones que lo representa interpretaron que los requisitos establecidos son restrictivos.

En la actualidad, Lara Godoy es la primera y única mujer trans que trabaja en los tribunales. Hace dos años ingresó como contratada a la Fiscalía Federal N°1. Es su primer empleo en blanco después de haber sido trabajadora sexual durante dos décadas. Además, es dirigente de la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros (Attta) filial Córdoba y responsable del Centro de Contención trans que funciona en Igualdad 120 de nuestra ciudad.

En diálogo con este medio, Godoy consideró que la decisión del TSJ “es una iniciativa genial porque en ningún estamento del Estado provincial se abrió un registro para trabajadoras y trabajadores trans”. “Lo celebré”, subrayó, pero “cuando ingresé a los requisitos vi que había que firmar una declaración jurada certificando la identidad de género, cuando la ley en su artículo 2 es clara y especifica que esa identidad corresponde a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento”. Sobre la segunda condición que deben reunir los aspirantes, relató que “si bien hay chicas que estudian, es una mínima proporción. Es un requisito muy excluyente. Dan la posibilidad de acceder, pero de todas podrán una o dos. No es inclusivo”.

En este sentido, destacó que en la Justicia hay funciones administrativas, de maestranza, para las cuales no es necesario tener un título universitario. También sugirió que el Poder Judicial convoque a las organizaciones de la diversidad que tienen experiencia y conocen “quiénes tienen capacitación” y pueden aplicar a las diferentes convocatorias. Desde Attta propusieron la integración de un comité de seguimiento del registro único de aspirantes con personas trans de las organizaciones y otras del Poder Judicial.

El sector privado más abierto. Godoy contó, además, que en Córdoba las empresas son más activas a la hora de incorporar personal trans a sus planteles. Tan solo en el relevamiento de Attta “tenemos tres compañeras con trabajo registrado formal, en una de las principales fábricas de pastas en Córdoba y hace un año una de ellas ascendió como jefa de su área”, dijo. Relató que hay una firma de marketing que incorporó a dos mujeres trans y otro tanto empresas de call center para citar solo algunas. No ocurre lo mismo en el sector público donde se crean programas o puestos precarios cuando lo que “se necesita es trabajo formal con cobertura de salud, como cualquier otra persona”.