El fiscal subrogante en la Fiscalía Penal Económ ica y Anticorrupción N°2 Marcelo Fenoll, resolvió archivar la denominada causa Odebrecht vinculada a Madero Urbana. Esa investigación se encaró a partir de la denuncia formulada por legisladores provinciales opositores que, desde hace años, vienen insistiendo en que las empresas brasileñas habrían pagado coimas para resultar adjudicatarias de la construcción de los gasoductos troncales, una de las mayores obras públicas de las últimas dos décadas en la Provincia, tal como sucedió en varios países de la región.
Inicialmente, Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y el recientemente renunciante a su banca, Juan Pablo Quinteros, habían señalado a la famosa lista del delator brasileño Alberto Youssef donde constarían tres menciones a Córdoba. Luego, redireccionaron la pesquisa y sostuvieron que en la venta de acciones de la empresa Madero Urbana por parte de Iecsa a la empresa Gestión y Desarrollos Inmobiliarios (GDI) podría haberse canalizado el soborno. Entre otras cosas, sostenían que solo se habían pagado 11 millones de dólares en 2011 -una parte al contado y el resto en cuotas- por un emprendimiento por el cual, según los legisladores, se habrían invertido unos 180 millones de dólares.
Esa presunción desembocó en una presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que produjo un informe secreto remitido a la Fiscalía Anticorrupción N°2, vacante desde el ascenso a juez de Control de su extitular, Gustavo Hidalgo. Con el informe de la UIF, que marcó sospechas sin llegar a ser pruebas a incorporar, se abrió un nuevo expediente para profundizar esa línea de investigación.
El 27 de febrero último, el fiscal subrogante Marcelo Fenoll resolvió archivarla. Consideró que la empresa cordobesa GDI pagó el precio de mercado por las acciones del proyecto de Puerto Madero y por lo tanto debe descartarse la hipótesis de que esa operación canalizó algún pago extra ilegal. Análisis.
En su resolución, Fenoll reseñó una serie de diligencias como informes a la AFIP sobre estados patrimoniales, financieros e impositivos de la UTE adjudicataria de la obra de gasoductos troncales, de Madero Urbana, Iecsa, GDI y de Riscall Trade (socia de GDI). Obtuvo también constancias sobre actas de directorio, asambleas y balances de las firmas mencionadas, y la documental completa de los procesos licitatorios relacionados con el caso.
“Debía determinarse si había existido una operación subvaluada de venta de acciones, por parte de una empresa adjudicataria de obra pública, en favor de una empresa presuntamente vinculada al poder político local (GDI), de modo tal que resultara un beneficio económico indebido para ella”, explicó el fiscal en los considerandos. Y, así, llegó a las siguientes conclusiones:
◆ El 2 de septiembre de 2011, Iecsa le vendió a GDI el 40% del paquete accionario de Madero Urbana, por US$11.086.750. El balance de corte en ese momento indicaba que tenía un patrimonio neto de $111.401.869 (US$26.274.025), cuyo 40% (equivalente a la participación accionaria adquirida por GDI) era de US$10.509.610, cifra levemente inferior a lo pagado por GDI. Al efectuar este análisis, Fenoll concluyó que la participación accionaria se vendió por lo que resultaba del patrimonio neto, y no de la expectativa de ganancia final del proyecto.
◆ La operación de transferencia del paquete accionario fue informado a la Comisión Nacional de Valores, sin que existieran objeciones a la misma. “En definitiva, no se advierte evidencia alguna que permita sostener que la operación objeto de estos actuados informada por UIF vulneró reglas del mercado, ni representó –al menos en el aspecto de su precio– un medio para orientar pagos indebidos”, sentenció el fiscal. Al concluir que no existió irregularidad alguna en el pago, soslayó analizar quiénes participaron en el directorio de la empresa Madero Urbana porque solo hubiera tenido relevancia hacerlo en caso de que se hubiera llegado a detectar alguna maniobra delictiva.
CORDOBA, LA EXCEPCION
El fiscal Marcelo Fenoll también analizó si en causas judiciales conexas que se desarrollan en otras jurisdicciones existieron referencias a la obra de gasoductos en Córdoba. Indicó que “…la operatoria de las empresas involucradas en el Lava Jato, tuvo alcances internacionales (…) lo cierto y determinante a la data es que ninguna investigación, sea esta la llevada a cabo en Curitiba por el Fiscal Deltan Dallagnol (que incluye la presentación formulada en este mismo aspecto por los Sres. Legisladores) y el juez Sergio Moro, y en nuestro país por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en cabeza de Sergio Rodríguez, por la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Federico Delgado y por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a cargo del Dr. Daniel Rafecas (a cada uno de los cuales también acudieron los nombrados), ni las manifestaciones formuladas en los Estados Unidos por los directivos de Oberdretch (sic), ha determinado la existencia de operaciones ilegales con algún funcionario local”.
ANFIBOLOGICOS
Según Fenoll, los registros de Alberto Youssef “resultan anfibológicos” (por estar sujeto a las más variadas interpretaciones. Son un indicio que en este caso “no se ha visto corroborado por elemento de convicción alguno”.
