En 2015 seis -por entonces- legisladores opositores se presentaron a la Justicia provincial y pidieron que se investigue si las empresas brasileñas asociadas a firmas argentinas habían pagado sobornos para acceder a las licitaciones de los gasoductos troncales. La sospecha se suscitó a raíz de que en marzo de 2014 había estallado en Brasil el llamado caso Lava-Jato, que evidenció el pago de coimas de las empresas OAS, Andrade Gutiérrez y Odebrecht.
Aquella investigación determinó que el cambista arrepentido Alberto Youssef tenía un cuaderno con anotaciones sobre los sobornos pagados donde había menciones a Córdoba. Pasaron más de cuatro años y casi ya no quedan sospechas por investigar en la Justicia local.
Solo hay un expediente abierto pero referido a la segunda licitación, efectuada en 2015, cuyas obras han sido ejecutadas. Está a cargo del fiscal Anticorrupción N°1, Matías Bornancini. El martes pasado incorporó la respuesta del juez federal porteño Sebastián Casanello a un pedido de información. Y analiza la realización de una pericia sobre la documentación de todo el proceso, que se custodia en 48 cajas.
Informe. La única investigación que queda abierta es la que conduce Bornancini. Se abrió cuando la Provincia de Córdoba pidió que la justicia analice toda la documentación del último proceso licitatorio, de 2015, para despejar todas las sospechas. Entre las últimas medidas que tomó, el fiscal solicitó al juez federal porteño Sebastián Casanello la declaración que realizó Youssef a través de videoconferencia, a instancias del fiscal Federico Delgado. Ese testimonio se brindó en la causa Aysa.
El contenido de la declaración no es novedoso. En agosto del año pasado el legislador peronista Daniel Passerini lo publicó para desacreditar las denuncias de la oposición.
Según pudo confirmar este medio, Bornancini recibió la respuesta de Casanello el martes pasado. “No hay nada nuevo”, sostuvo una fuente vinculada a la investigación. Youssef negó que supiera de coimas en Córdoba y, al ser consultado por nombres de exfuncionarios -uno de ellos fue Ricardo Jaime- también negó conocerlos.
Figura, además, el testimonio del CEO de Andrade Gutiérrez, Luiz Wolpato Ferenzi, quien declaró que la empresa participó de los gasoductos de Córdoba en 2008 y de obras en el puerto de Tierra del Fuego, pero que “ninguna se completó”.
La expectativa de la Fiscalía local era obtener más información referida a Córdoba, pero no llegó.
Peritaje. Con voluntarismo se analiza realizar dos peritajes sobre la licitación del 2015. Uno que evalúe el procedimiento administrativo contable y otro técnico sobre la ejecución de las obras, con el fin de determinar plazos cumplidos, materiales utilizados, entre otras cuestiones. Un esfuerzo para detectar eventuales inconsistencias.
Entre los datos que se vincularon y luego se descartaron está, incluso, la muerte del ingeniero Marcelo Arias, perteneciente a la empresa Newen SA, ocurrida a mediados de 2013. Según confirmó un funcionario judicial a este medio, “analizamos el expediente del suicidio y llegamos a la conclusión de que no existió relación” entre Arias y las empresas brasileñas señaladas por posibles sobornos.
Por lo que se vio hasta ahora ¿será que Odebrecht -el nombre de la brasileña aglutina también a las otras dos- participó de las obras sin pagar un solo peso, a contramano de lo sucedido en toda América Latina?
Archivo. Como informó en exclusiva PERFIL CORDOBA en la edición del 31 de marzo pasado, el fiscal Marcelo Fenoll, subrogante en la fiscalía Anticorrupción N°2, dispuso el archivo del expediente referido a la primera licitación de 2008 que se frustró por falta de avales a los créditos obtenidos por la provincia.
Esa investigación había incorporado, como último dato a instancia de los legisladores García Elorrio, Montero y Quinteros, una pista del posible camino que habría recorrido la coima en nuestro país. La sospecha era que se habría canalizado desde las empresas brasileñas a la Argentina a través de la venta de acciones de la empresa Madero Urbana, propiedad de Iecsa.
Pero, al analizar el precio que pagaron empresarios cordobeses por esa transacción, Fenoll descartó que pudiera esconder dineros ilegales. Consideró que los US$ 11 millones abonados por el 40% de las acciones de la firma -con un desarrollo inmobiliario multimillonario en Puerto Maderoera un precio justo.
LOS INICIADORES
El 12 de marzo de 2015 los legisladores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), Ricardo Fonseca (Frente Cívico), Rodrigo De Loredo (UCR), Liliana Montero (Frente para la Victoria), Roberto Birri (Socialismo) y Javier Pretto (Pro) pidieron que se abra la investigación. Adjuntaron la cronología de la licitación cordobesa y noticias que venían desde Brasil. Ya en aquel momento solicitaron se libre exhorto al juez federal de Curitiba para que informe si pudo haber un pago de coima vinculado a la obra de los gasoductos troncales.
