Suspendida por el gobierno Nacional, en El Panal se juegan a sostener a la firma brasileña hasta que finalicen los gasoductos. En plena campaña, en el gabinete existen diferencias.
Desde la empresa hicieron saber que quieren continuar en Córdoba una vez concluidas las obras de gas. |
CEDOC PERFIL
La decisión que tomó el Ejecutivo nacional de suspender a Odebrecht para formar parte de licitaciones de nuevas obras en todo el país por 12 meses, repercutió en Córdoba y tuvo un alto impacto en la campaña que empieza a dar sus primeros pasos. Con la obra de los gasoductos troncales que tiene a la firma de origen brasileño al frente de seis de los diez sistemas que se desarrollan en toda la provincia, en El Panal tomaron la decisión de sostener a la empresa hasta el final de los trabajos.
Contrariamente a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con el soterramiento del tren Sarmiento, la mega obra que encaró la gestión del PRO y que, en medio de las sospechas, contó con el apartamiento de la propia Odebrecht.
En Córdoba, a pesar de la tensión entre el oficialismo y la oposición cada vez que se habla del tema y además de los cruces que existen entre el Gobierno provincial y la propia firma, el conglomerado brasileño seguirá al frente de las obras aunque nadie se anima a sostener ahora que haya futuro más allá de los gasoductos. De hecho, hace un mes, desde la empresa hicieron saber que querían continuar en la provincia con nuevas obras una vez concluidas las de gas, algo que cayó como un balde de agua fría en los despachos de El Panal.
En el Gobierno tomaron las declaraciones como uno de los varios desafíos que la firma les plantea a diario. Hay muchos ejemplos, aunque ninguno hay tomado estado público.
Hace diez días en la presentación de un tramo de los gasoductos en Río Cuarto, volvieron a aparecer los cascos cerca del gobernador Juan Schiaretti. La orden desde el entorno del mandatario hacía la empresa había sido clara: “los cascos con el nombre de la empresa, no”. No querían repetir la escena de principios de este año con la instantánea del mandatario provincial junto al presidente Macri. Sin embargo, los supervisores de los trabajos por parte de la empresa en el sur provincial recibieron a la prensa con los cascos que llevaban el logo de la firma y los periodistas terminaron conformando una escenografía que no cayó para nada bien en la administración schiarettista.
Desde el Ejecutivo algunos funcionarios con acceso a la mesa chica comentaron en la semana a PERFIL CORDOBA que, tras la decisión de Nación, “así como hay algunos que no quieren saber nada con que la empresa continúe, están los que valoran que sea la más avanzada en cuanto a las obras”. Con respecto a estos últimos, el argumento que esgrimen es la demanda millonaria que golpearía al Estado provincial en caso de tirar abajo el contrato. Se trata de un fundamento que la oposición descree. El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, comentó en los pasillos en la Unicameral durante la semana, frente al argumento de la demanda que “nos quieren correr con esto, pero estamos hablando de tipos a los que tuvieron que sacar de Ecuador con el Ejército”.
La clave electoral. Con la polémica empresa en el ojo de la tormenta, están los que creen que si la Provincia va contra la firma y Odebrecht termina retirándose sería “un gol” de la oposición. Con todo, reconocen que si el tema sigue siendo central en la campaña cordobesa, puede limar algunos puntos la intención de voto de la lista que encabeza el vicegobernador Martín Llaryora.
En 2016, cuando se anunció en la Unicameral quiénes serían las empresas a cargo de cada sistema de gasoductos, el interbloque Cambiemos apuntó a la relación de la Provincia con otras firmas investigadas, como las brasileñas OAS y Andrade Gutiérrez; y la cordobesa Britos, vinculada en su momento con el exgobernador José Manuel de la Sota, vía Horacio Miró. En aquel momento, el revés del oficialismo en el recinto fue apuntar a Iecsa -presente antes y ahora- y cuando apareció el nombre de Gustavo Arribas en la ruta de Odebrecht, también lo utilizaron en cada debate.
Iecsa, hoy en manos del Grupo Midlin, con algunos lazos en la Casa Rosada y a cargo de compañías eléctricas en Buenos Aires, tiene además una porción de los gasoductos cordobeses, aunque con nuevo nombre: Sacde.
Asimismo, la rapidez con la que la Justicia federal desestimó la participación de Arribas en el caso Odebrecht, es otra de las cartas que el oficialismo en Córdoba va a utilizar en cualquier momento. La jugada para tirar ese nombre en la mesa no es fácil: se trata del número uno de la Agencia Federal de Inteligencia y uno de los hombres de mayor confianza de Macri. Hasta ahora, los golpes en clave de campaña de un lado y del otro, se dieron en la periferia y no en el entorno más cercano. Casi como un pacto.
Así, la estadía de Odebrecht en Córdoba culminará junto con la obra de los gasoductos. Provincia y empresa saben que el clima no es el mejor; y que lo ideal es terminar en buenos términos. La idea de dejar la obra en otra empresa, tal como sucedió con la italiana Ghella en Buenos Aires con el soterramiento del Sarmiento suena por ahora descabellada para el oficialismo, que volverá a apelar al recurso de la necesidad del servicio antes de pagar el costo político -y económico- del retiro anticipado de la polémica firma.
