El 2024 comenzó con la seguridad al rojo vivo en la ciudad de Córdoba, a partir del fuerte incremento de hechos delictivos.
La estadística es contundente. El Centro de Recepción de Procedimientos policiales con detenidos está al límite. Pasó de recibir un promedio de 600 casos al mes, a más de 1.000.
La comparación interanual muestra los siguientes números: en enero del año pasado hubo 675 aprehensiones; en enero de este año fueron 1.033. Algo similar pasó en febrero. En 2023, hubo 777 y el mes pasado subieron a 1.012. En el primer caso, el incremento que muestra es del 46% y en el segundo, del 35%.
Los meses más calientes suelen ser los del verano. Mientras el máximo antes estaba en las 700 detenciones, ese techo se perforó con creces. Si bien ya se venía registrando un incremento progresivo –con algunos altibajos– ahora parece haberse instalado el número en los mil detenidos mensuales, lo que da un promedio de 33 a 34 aprehensiones por día.
Hay que aclarar que estas cifras no incluyen las detenciones producto de investigaciones por homicidios, violencia familiar, narcotráfico o delitos económicos.
El efecto inmediato es un sistema que se tensiona al máximo y que debe readecuarse para contener el fenómeno actual. Desde que una persona es detenida por hechos delictivos en flagrancia, se pone en marcha la maquinaria judicial.
La puerta de ingreso es el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas. Funciona en el Polo Judicial de barrio Observatorio. Comenzó con la pandemia y quedó definitivamente ahí, desde 2021. Antes, las personas detenidas ingresaban a través de las 23 Unidades Judiciales que funcionan, distribuidas, en todos los barrios de la ciudad de Córdoba.
El cambio genera ruidos internos –hasta el día de hoy– entre la Fiscalía General, fiscales de Instrucción, jueces y el Tribunal Superior de Justicia. La puerta de ingreso significa que un detenido debe ser revisado por un médico, se le toman fotografías, huellas dactilares, entre otros trámites que incluye la recepción del procedimiento. Mientras esto sucede, los móviles policiales deben permanecer en el lugar hasta entregar la persona aprehendida al Servicio Penitenciario que custodia la alcaidía de tribunales.
![Centro de recepción de procedimientos](https://fotos.perfil.com//2024/03/03/900/0/centro-de-recepcion-de-procedimientos-1764125.jpg)
Quienes defienden la centralización señalan sus ventajas. Los móviles entregan todo en un sólo lugar y, si bien hay esperas, antes debían recorrer toda la ciudad para realizar trámites en Policía Judicial.
Quienes la cuestionan señalan que va a contramano de la descentralización que rige en todos los órdenes administrativos. Lo critican por ser un cuello de botella para el sistema. Se llegó a afirmar que la Policía no detenía gente para no salir del patrullaje y quedar estacionada durante horas en el ingreso al Centro de Recepción.
¿Dos posibles soluciones? La semana pasada el fiscal General Juan Manuel Delgado invitó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a recorrer el Centro.
Según trascendió, la propuesta en carpeta es instalar una guardia policial permanente integrada por siete oficiales por turnos de ocho horas que reciban a los detenidos trasladados hasta ahí. Serían quienes custodien a los aprehendidos mientras se realiza la espera y el recorrido de la foto, huellas y revisión médica.
De este modo, las duplas de policías que los llevan quedarían desafectados de inmediato para volver al patrullaje. La propuesta debe contar con el aval de la Policía de Córdoba, del Ministerio de Seguridad de la Provincia y del TSJ, que tiene la superintendencia del edificio.
Este medio consultó a fuentes de diferentes ámbitos. Desde el gobierno provincial la respuesta fue escueta: “Hay que garantizar que la Policía esté en la calle”, pero no hubo precisiones sobre si se podría disponer de una flota de oficiales para el Centro.
La segunda solución sería descentralizar. Abrir tres centros de recepción más en Unidades Judiciales que ya existen y otro para recibir a adolescentes aprehendidos. Esta posibilidad también es analizada para implementarla, quizás, antes de fin de año.
El problema es acuciante. Reclama acuerdos y ejecución.
Certificado de antecedentes. Un trámite que demora las resoluciones de las detenciones es la recepción de los antecedentes. Un fiscal debe contar con esa información antes de definir si excarcela o mantiene en prisión a un aprehendido. En la actualidad, puede demorar días. El Ministerio de Justicia gestiona un acuerdo con la Nación para ingresar al sistema digital de certificados de antecedentes penales. Con un click podría acceder a esa información, lo que aliviaría los centros que los albergan momentáneamente, en especial la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido).
Nuevo módulo en Bouwer. El viernes último, el Servicio Penitenciario recibió las llaves de un nuevo edificio construido en el Complejo Penitenciario Padre Luchesse. Podrá alojar a 400 personas. Podría habilitarse en un mes, aproximadamente. No se definió quiénes podrían ser derivados al flamante módulo, pero se estima que servirá inicialmente para descomprimir en parte la UCA.