Semanas después del siniestro vial fatal en el Camino de las Altas Cumbres, la legisladora Luciana Echevarría presentó una denuncia penal contra Oscar González por presunto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Esa acusación fue tenida en cuenta por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian para imputar al exministro y pedir su detención.
A partir de esa denuncia se abrió una investigación paralela en la que el fiscal comenzó a averiguar sobre el patrimonio de González. Así fue que encontró una importante cantidad de inmuebles que serían incompatibles con los ingresos que el exlegislador tuvo en su carrera política desde la década de 1990.
La acción judicial que realizó Echevarría estuvo vinculada tanto al patrimonio del acusado como al trágico siniestro vial en 2022 que dejó una víctima fatal y dos adolescentes con heridas graves. Es que ese hecho involucró un vehículo de alta gama destinado exclusivamente a funciones legislativas, pero que González utilizó para fines personales, lo que, según la denuncia de la legisladora, constituye malversación de bienes públicos.
Además, la investigación que el exlegislador estaba conduciendo con un carnet no válido. El dirigente, que acumulaba infracciones de tránsito, tenía una licencia otorgada por el municipio de Las Tapias, pese a no tener domicilio legal en esa localidad.
Las declaraciones juradas de González son otro punto clave de la denuncia: incluyen inmuebles declarados con valores notoriamente bajos, como departamentos en ubicaciones privilegiadas de Córdoba que fueron transferidos a sus hijos después del siniestro vial.
Según Echevarría, “esto no es solo un caso aislado; es un reflejo de un sistema de impunidad construido durante décadas”, manifestó en el programa Punto y aparte, por Punto a Punto Radio 90.7.
Denuncias de complicidad
La legisladora también acusó a fiscales provinciales de “cajonear” investigaciones que involucran a González, a quien se le atribuyen conexiones con redes de corrupción que obstaculizan la justicia. En respuesta, Echevarría presentó un pedido de recusación contra el fiscal Francisco Mondino, señalando conflictos de interés y exigiendo una investigación imparcial. Además, solicitó la intervención del fuero federal para garantizar avances en el caso.
Ortiz Pellegrini: “Es falso que no hayamos cumplido con el requerimiento de Hairabedian”
“La falta de respuestas rápidas de la justicia no es casualidad. Existe un entramado que protege a quienes detentan el poder político y económico”, reprochó Echevarría por radio.
La denuncia no solo buscaba esclarecer las irregularidades patrimoniales de González, sino también exponer las posibles complicidades políticas que lo han protegido. La expectativa está ahora puesta en el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien deberá resolver la solicitud de detención del acusado y avanzar en el análisis de sus bienes y cuentas.