Un día después de la resolución de la jueza de Control Luciana Natalia Alba, que dejó firme la elevación a juicio a Marcelo Macarrón como presunto instigador del homicidio de su esposa Nora Dalmasso, el abogado Marcelo Brito aceptó un diálogo a fondo.
El letrado recibió a PERFIL CORDOBA el jueves pasado en su estudio. Rodeado de una nutrida biblioteca jurídica que ocupa las paredes de su oficina desde el techo hasta el piso, y de una exclusiva colección Swarovsky compuesta por trece figuras de animales, el letrado cuestionó la acusación que formuló el fiscal de Instrucción, Luis Pizarro.
“Cuando hay homicidio por precio o promesa remuneratoria es necesario que haya identificación del autor. Es lo que pasó en la causa Maders cuando Medina Allende fue absuelto por esa figura. Es lo que pasa en la causa (por el intento de homicidio de Alejandro) Roganti, el secretario de Luz y Fuerza de Villa María en la que están condenados los hermanos Eve; o en el caso (del panadero Héctor) Corradini. Por eso, en esta causa hay una torpeza jurídica del fiscal interviniente. Sin escribirlo en el expediente hizo lo que el sentido común indica que no debe hacerse. Si hay un hecho en el que participaron varios imputados, la ley prevé un proceso con conexión. El fiscal dice que hay un pacto criminal con una o más personas con la finalidad de dar muerte a Nora por desavenencias conyugales. Sin prueba alguna, solo como mera conjetura, señala que como Macarrón era pijotero (sic) lo hizo para no liquidar por partes iguales los bienes de la sociedad conyugal. Son cosas absurdas, ni siquiera llegan a ser novelescas”, sostuvo el letrado.
—Pero él dijo que seguirá investigando para identificar a los sicarios.
—Lo grave es que investiga por separado a los supuestos partícipes. Eso será inválido en relación a Macarrón. Voy a estudiar el momento para presentarme a ese otro hecho de investigación, porque están afectando su derecho de defensa, si se introduce prueba. Se da este absurdo porque el fiscal empezó por el final.
—¿No hay casos en los que se hayan condenado a instigadores sin tener indicios de los autores materiales?
—En Córdoba no conozco.
—¿Tiene expectativas de que la Cámara declare nulo el requerimiento de elevación a juicio?
—A mí me gustaría que se materialice el juicio y que allí se señalen todos los vicios. Es el único modo de terminar esta lenta agonía que padece Marcelo Macarrón.
—¿Puede llegar a denunciar al fiscal?
—Yo quiero que cuando se conozcan todas las incongruencias que señaló en un juicio, el propio tribunal ordene que se investigue al fiscal por comisión de delitos. Quiero que el juicio muestre las profundas irregularidades de este proceso, la injusta persecución que hizo contra los Macarrón
. —¿Vamos a seguir en la absoluta impunidad y sin saber quién mató a Nora Dalmasso?
—El ‘perejil’ Gastón Zárate está sobreseído. Puede ser llevado como testigo en el juicio. Y podría hasta confesar haber participado en el hecho y no podrá ser perseguido penalmente porque ya fue sobreseído.
—¿Usted realmente cree que fue él?
—¿Alguna vez escuchó lo que consta en el expediente? Ese año Zarate fue denunciado dos veces por su madre porque la agredió. ¿De qué modo? Queriéndola ahorcar.
—¿Pedirá ese testimonio?
—Voy a pedir el testimonio de Zárate. Y bajo juramento él tiene que decir la verdad.
EL SISTEMA DE JURADOS DE CORDOBA, "UN ENGENDRO QUE ES INCONSTITUCIONAL"
Uno de los puntos que podría jugarle en contra a Marcelo Macarrón en el juicio es la conformación de un tribunal integrado por jurados populares. Por esa razón Marcelo Brito advirtió que interrogará a los ciudadanos que resulten seleccionados, tal como lo prevé una acordada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reglamentó el sistema en 2017. Pero el abogado no se quedó en esa observación. Fue más allá y profundizó críticas al sistema implementado en Córdoba desde enero de 2005.
Utilizó adjetivos como “mamarracho” y “engendro” para definir una integración que no respeta el modelo clásico estadounidense ni el europeo. En los Estados Unidos, los jurados se integran con 12 ciudadanos legos y cuatro suplentes; mientras que en el sistema europeo son minoría, dos que se suman a los tres jueces técnicos.
Brito señaló que Córdoba no refleja ninguno de los dos sistemas en forma pura. Pero sumó un elemento más. Dijo que la ley de jurados es inconstitucional porque en la Carta Magna provincial hay un artículo que exige que todas las decisiones judiciales sean fundamentadas. Explicó que si bien la reforma constitucional de 1987 le dio entidad al jurado popular, ese es un límite insuperable. “Es un artículo dirimente”, enfatizó.
“Miren lo que ocurren en Córdoba. Votan juntos jueces técnicos con jurados populares, personas que saben Derecho y otros que lo ignoran. Esta desigualdad se transforma en que, si hay discrepancia en la decisión de culpabilidad o inocencia, para satisfacer ese requisito constitucional se da una incongruencia verdadera. El presidente del tribunal (que no vota) debe hacer el voto (argumentar) a los que discrepan”.
Recordó el caso Maders. Mientras que los jurados declararon culpable -y fue condenado- Hugo Síntora como autor material del crimen; Luis Medina Allende fue absuelto por mayoría. Los dos jueces técnicos y cuatro jurados hombres votaron en ese sentido; mientras que las cuatro mujeres consideraron que Medina Allende había sido culpable. El presidente debió argumentar esos votos disidentes.
“Mientras no se reforme la constitución de la Provincia y se la respete, solo tendrían que haber jueces técnicos”, concluyó finalmente
PROCEDIMIENTO
El TSJ por acordada del 8 de mayo de 2017 dictó un instructivo para los jurados populares. En el artículo 5 están contenidas dos etapas a partir de que sean citados y allí se prevé que puedan ser interrogados.
◆ En la primera audiencia, previo al inicio del juicio, se les dará la bienvenida; luego una charla con las instrucciones de cómo deben proceder y se les explicarán cuestiones administrativas (pago de viáticos, etc)
◆ En la segunda, el presidente del tribunal presentará cada una de las partes (fiscal, querella, defensa) a cada uno de los jurados en el orden cronológico en que fueron convocados a fin de que puedan “interrogarlos” y plantear las recusaciones que crean oportunas, como también algunos ciudadanos pueden inhibirse de participar.
AISLADOS
Si bien aún es prematuro, Marcelo Brito planteó la posibilidad de pedir que, durante el desarrollo del juicio oral, los jurados sean alojados en un hotel sin contacto exterior para aislarlos de opiniones y publicaciones que puedan contaminar su parecer. “Sería una especie de Gran Hermano”, le preguntó este medio a lo que asintió señalando que esa circunstancia está prevista en la normativa vigente.
También admitió la posibilidad de que el tribunal que realice la audiencia no sea de Río Cuarto y el juicio pueda mudarse a otra ciudad, en caso de que se inhiban o sean recusados masivamente los jurados populares convocados.
