El miércoles pasado el reinicio del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas (17) y el posterior encubrimiento policial, ocurrido el 6 de agosto de 2020, mostró una situación extraña. Ese día, cuatro jurados populares que integran el tribunal no asistieron: tres presentaron certificados médicos por diferentes dolencias físicas y el restante por un ascenso laboral que le demandará mayor carga horaria en el trabajo y le impedirá continuar.
El presidente de la Cámara 8ª del Crimen, Marcelo Jaime, y los vocales Manuel Ugarte y Mario Centeno, convocaron a los presentes a la sala y comunicaron la imposibilidad de realizar la audiencia por esa razón.
Cuando integraron el tribunal, por la extensión del juicio decidieron sumar 12 suplentes a los ocho titulares, es decir cuatro más de lo habitual. De aquellos 20 quedan 14. Todos asisten a cada jornada porque si se baja un titular debe tener reemplazo con conocimiento cabal de lo que se oralizó en la audiencia. Más renuncias o la pérdida de proporción entre hombres y mujeres, podrían hacer caer el juicio.
Por ello, lo acontecido el miércoles apuró el final del debate. Los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo trabajaron durante todo el mes de enero. Prepararon las conclusiones finales y encontraron hechos nuevos para atribuir a quienes hoy están sentados en el banquillo, además de otros posibles delitos que perforarán el techo de responsabilidades penales alcanzadas en este juicio: dentro y, posiblemente, fuera de la Policía de Córdoba.
Esa ampliación de acusación, que pretendían concretar en este juicio para los policías imputados, no será posible. Quedará para un próximo proceso.
Desde que se inició el proceso había defensores que cuestionaban la posición de los fiscales ya que advertían que “querían hacer otro juicio dentro de este juicio”. De ser cierta la pretensión, quedó abortada.
Cronología del viernes. Apenas se abrió el debate, todas las partes anunciaron que declinaban los testimonios solicitados y pidieron que se incorporara la prueba restante. Los actores civiles que piden resarcimiento por daños anunciaron que presentarán por escrito sus pretensiones. Eso ahorrará por lo menos dos días.
Luego de esas manifestaciones, Hidalgo presentó un escrito al tribunal con un listado de ‘precisiones’ y de posibles ‘hechos nuevos o diversos’ en relación a los policías acusados. Generó la reacción de todos los defensores. Se opusieron a que los jueces consideraran el documento y varios pidieron su rechazo in limine.
Se realizó un cuarto intermedio y en ese lapso los fiscales se reunieron con los abogados de las tres querellas particulares y con Soledad Laciar y Blas Correas, madre y padre del joven asesinado. Al regresar a la sala, la fiscalía manifestó que declinaba agravar la calificación legal a todos los policías acusados para quienes, en los alegatos, pedirá condenas por la acusación original.
En este proceso, Lucas Damián Gómez (35) y Javier Catriel Alarcón (31) están acusados de homicidio con dolo directo, calificado y agravado, por el crimen de Blas, y de tentativa del mismo delito con idénticas calificaciones en relación a los otros cuatro jóvenes que iban en el Fiat Argo que recibió los impactos de balas.
Además, hay 11 efectivos de diferentes rangos que son juzgados, algunos por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente” (el homicidio), y otros por falso testimonio. Ellos son: Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Alejandro González, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Enzo Gustavo Quiroga, Leandro Alexis Quevedo, Ezequiel Agustín Vélez, Eduardo Soria, Jorge Ariel Galleguillo y Antonio Gatica.
La casuística de tribunales enseña que muy pocas veces – prácticamente nunca– prospera la remisión de antecedentes luego de un juicio.
La decisión de apurar el debate colocó a las querellas en una difícil elección: ampliar la acusación ahora o postergarla para otro proceso. Se eligió la segunda opción. Incluir hechos nuevos en esta instancia significaría extender por lo menos uno o dos meses más el proceso.
Para menguar el riesgo de que sus pedidos queden en un cajón olvidado, los fiscales prometen describirlos con lujo de detalle y las calificaciones correspondientes, identificando a sus responsables. Los querellantes aseguran que no les perderán el rastro. El tiempo dirá el resto.
LO QUE QUEDA
◆ La Fiscalía pidió expresamente que se incorporen sábanas telefónicas que quedarán como prueba para el futuro.
◆ Las nuevas investigaciones para los actuales acusados serían por posibles falsedades ideológicas y malversación de caudales públicos.
◆ Sobre más responsabilidades penales quedan otros hechos: los tickets de nafta para el auto que el exsecretario de Seguridad, Lucas Mezzano, le asignó al excomisario Gonzalo Cumplido. El posible abandono de persona en que habrían incurrido los policías que estuvieron en Corrientes y Chacabuco donde quedó el auto en el que iba Blas agonizante. Hay pruebas, además, de información falsa que se comunicó a través de la radio policial, documentos públicos con inserciones irregulares en los registros del 101.
ALEGATOS Y VEREDICTO SIN FECHA
El juicio se reanudará el miércoles 22 de febrero. Los fiscales se dividirán los alegatos y ocuparán, en total, seis horas. Se planteará el caso enmarcado en la violencia institucional en la Policía de Córdoba.
El viernes 24 será el turno de las tres querellas particulares, en representación de las víctimas: expondrán los abogados Alejandro Pérez Moreno, Manuel Gutiérrez y Julio Herrera Martínez.
Los defensores que asisten a los acusados posiblemente aleguen los días miércoles y viernes de las dos primeras semanas de marzo.
Si no se extienden las conclusiones, en la segunda quincena de marzo podría conocerse el veredicto del tribunal. Por el momento no hay fecha establecida.
