El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales (CEPJ) de la Justicia de Córdoba publicó un informe con datos relevados sobre jóvenes y adolescentes judicializados, por la presunta comisión de delitos en toda la Provincia. Incluye su caracterización por edad, género, nivel educativo, actividad laboral y adicciones.
Esa radiografía penal juvenil puede ser interpretada, a la vez, como un pedido a gritos de respuestas a un sector altamente vulnerado de la población.
El perfil puede sintetizarse en las siguientes características: la inmensa mayoría de adolescentes y jóvenes investigados por delitos son varones mayores de 16 años, con secundario incompleto, que trabaja en actividades informales, principalmente la albañilería, y están inmersos, en un altísimo porcentaje, en consumos problemáticos múltiples, es decir de varias sustancias.
El perfil no solo puede ser considerado una foto descriptiva de la realidad, sino que puede aportar un listado de demandas a responder por la sociedad toda y el Estado. “Capacitación y una intervención mayor del Estado en educación y fuentes laborales”, afirmó Norma Scaglia fiscal Penal Juvenil, ante una consulta de este medio.
El informe. Los datos corresponden a expedientes del Fuero Penal Juvenil de toda la Provincia desde el 1 de enero al 30 de junio de este año. En ese lapso, hay 1.095 jóvenes involucrados en delitos, con la salvedad de que algunas de esas causas pueden haber sido archivadas y sus protagonistas desvinculados. Están incluidos aquellos que tuvieron una nueva causa judicial, se les dictó una medida privativa de la libertad o su cese y también a los que se les cerró un proceso, independientemente del año de inicio de la investigación.
De cada 10 jóvenes, nueve son varones. Más de la mitad, el 53%, tiene entre 16 y 17 años, que es el universo de menores punibles de acuerdo a la legislación vigente. Un 39% tiene menos de 16 años, es decir que al ser no punibles, acceden a un tratamiento judicial diferencial.
Educación. El 96% de los jóvenes han completado su formación primaria, pero el dato preocupante es que cuatro de cada 10 no continúan ningún trayecto formativo. Esta foto se acentúa aún más en el grupo de los adolescentes más grandes, a los cuales sí alcanza la acción judicial.
Trabajo. Respecto a la actividad que desarrollan, la mitad realiza alguna actividad laboral, inclusive niños y niñas más pequeños. Uno de cada tres menores de 16 años refirió trabajar en algún lugar, mientras que entre los mayores, dos tercios también tienen trabajo. El problema es la precariedad de la situación laboral. Es amplio el abanico de tareas que desempeñan: delivery, cuidado de personas, venta ambulante, tareas de jardinería, albañilería, recolección y reciclaje. Como se puede observar, prevalecen aquellas ocupaciones que requieren de mayor intensidad física. Hay casos de jóvenes que realizan más de una actividad laboral y la mayoría lo hace en condiciones informales.
Consumo de sustancias. De los más de mil jóvenes judicializados, el 59% consume algún tipo de sustancia psicoactiva. En ese universo están todas las edades, pero si se observa a los adolescentes punibles –de 16 y 17 años– el porcentaje se eleva a 71%. Al indagar sobre el tipo de sustancias que consumen se aprecia que lo más usual es el cannabis y el alcohol y le siguen el tabaco y cocaína.
Uno de cada tres jóvenes presenta antecedentes de consumo con carácter problemático y muchos consumen más de una sustancia.
Otro dato relevante es que un 30% de los jóvenes que fue investigado por haber cometido algún delito viene de historias de vulneración, lo que se puede determinar porque en su historial de vida hay intervención previa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Delitos y reincidencia. Los delitos que más comprometen a los jóvenes en las causas relevadas, son los cometidos contra la propiedad, robos y hurtos. Le siguen los delitos contra las personas, como lesiones, homicidios y abuso de armas, aunque en porcentajes menores a los anteriores, contra la libertad y la autoridad. De 1.145 hechos, 70 fueron delitos contra la integridad sexual. En cuanto al índice de reincidencia, el informe indica que cuatro de cada 10 adolescentes habían estado vinculados a causas iniciadas con anterioridad.
La privación de la libertad es una medida excepcional al tratarse de adolescentes en conflicto con la ley penal. En este caso –de 1.095 jóvenes– 118 casos fueron privados de su libertad por decisión de la Justicia. Es la última herramienta disponible.
Antes, hay un abanico de posibilidades para contener al joven incurso en algún delito de menor gravedad. Entre otras están: la guarda, la obligación de abstenerse de frecuentar ciertos lugares o personas, retomar la escuela, no consumir sustancias psicoactivas, tratamientos psicoterapéuticos y práctica de deportes.
FORMACIÓN Y TRABAJO
Desde este año se puso en marcha el Programa Provincial de Autonomía (PPA) en la Senaf. Entre otros, procura capacitar e insertar a jóvenes en conflicto con la ley penal en el ámbito laboral, articulando con el Programa Primer Paso (PPP) del Ministerio de Promoción del Empleo de la Provincia. Funciona en el Espacio Joven, Illia 238.
