El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) ofició a peritos médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que concurran al sanatorio Los Arcos, donde continúa internado el expresidente y actual senador nacional, Carlos Menem. El lunes pasado ingresó al tribunal un pedido de la defensa de Menem para que suspenda el juicio que debe comenzar el 24 de este mes, en la causa para dilucidar su responsabilidad penal en el atentado de la Fábrica Militar de Río Tercero. Firmado por los abogados Omar Luis Daer y Mauro Emiliano Russo, la solicitud señala que se encuentra internado “con pronóstico reservado ante la gravedad de su salud”, condición que le impide asistir (en forma presencial o remota) al proceso oral en la actualidad. No detalla, sin embargo, datos de la dolencia que lo aqueja.
Por esa razón, los jueces les solicitaron un certificado médico que lo precise. Los defensores respondieron que, por las medidas sanitarias vigentes a raíz de la pandemia de Covid-19, no pueden ingresar a la clínica ni tampoco solicitar la certificación requerida. Ante este panorama y antes de resolver sobre la eventual suspensión del juicio, los jueces ordenaron que médicos del Poder Judicial ingresen a la clínica y releven en qué condiciones se encuentra el senador nacional. Con los datos y la información que ellos aporten podrán decidir el aplazamiento de la apertura de la audiencia.
Para la querella la posible suspensión es un hecho “lamentable”. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Horacio Viqueira, abogado de la querellante Ana Gritti, sostuvo: “La probable suspensión del inicio del juicio resulta muy lamentable, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la voladura intencional y programada de una fábrica de armamentos, por parte de funcionarios públicos que provocó muertes, graves lesiones y multimillonarios daños”. Puntualizó, además que “esto se ve agravado por el transcurso del tiempo, más de 25 años, provocado por las deficientes intervenciones de algunos magistrados y las maniobras dilatorias de los imputados; en especial el pueblo de Río Tercero merecía que se esclareciera totalmente este grave delito”.
Menem debe ser juzgado como presunto instigador de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, en noviembre de 1995. La hipótesis es que el atentado se produjo con el fin de disimular la venta ilegal de armamento a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Y ese hecho es atribuido al entonces presidente por haber sido quien firmó los decretos para esa venta ilegal.
Este medio informó el domingo pasado sobre el pedido cursado por la defensa y evidenció que Menem se encuentra en actividad en el Senado nacional. No hay pedido de licencia, a pesar de no encontrarse en condiciones físicas de asistir a las comisiones ni a las sesiones del cuerpo desde el año pasado, cuando fue internado por una descompensación. De todos modos, Menem no ha sido declarado inhábil para ejercer la función de legislador. La solicitud efectuada por la defensa en los tribunales federales cordobeses aduce que se encuentra delicado en la actualidad, pero podría ser juzgado cuando se recupere.
El informe que eleven los peritos que designe la Corte será determinante para la próxima resolución que adopte el TOF2 sobre la suspensión de la audiencia prevista para dentro de 10 días. El tribunal está encabezado por Noel Costa e integrado por Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. Si bien tienen la firme decisión de conducir el juicio, las limitaciones físicas que presenta el senador lo harían prácticamente imposible.
