A días de la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba, de acuerdo con la fecha del 1 de diciembre que confirmaron los funcionarios de la Municipalidad, el servicio atravesó una de las peores semanas para los vecinos, con la falta de recolección a raíz de un reclamo que hicieron desde el Surrbac a la empresa Cotreco y por el cual la firma apuntó a la gestión del intendente Ramón Mestre.
En el medio, hubo de todo: reuniones que se llevaron a cabo en el Ministerio de Trabajo de la Provincia; cruces en el Concejo Deliberante, con la edila Laura Sesma pidiendo que los vecinos lleven la basura a los CPC para que se haga la recolección desde ahí; un grupo de concejales opositores que se presentó el viernes por la mañana en el Palacio 6 de Julio para ser atendidos por Mestre o el secretario de Servicios Públicos, Pablo Farías (ninguno de los dos los recibió); un plan de contingencia que pusieron en práctica desde el Municipio; y ahora un nuevo capítulo con la denuncia penal que mañana presentará la concejala del bloque Unión por Córdoba, Nadia Fernández, en contra del propio intendente, pero también alcanzando a otros funcionarios, entre ellos, el propio Farías. Fernández reconoció a PERFIL CORDOBA que “vamos a presentar la denuncia penal contra Mestre y también contra todos los funcionarios que, por acción u omisión, hayan contribuido para que se llegue a esta situación”.
“Queremos que se investigue la posible comisión de delitos contra la salud pública, además del incumplimiento como funcionarios públicos; en esta situación existe una clara responsabilidad del intendente y sus funcionarios que pusieron en riesgo la salud de los cordobeses. No podemos permitir que la lógica del ‘negocio’ prime en materia de servicios públicos”, agregó la concejala.
Panorama complicado. El 22 de julio pasado este medio manifestó que la basura se convertía en ‘el problema del año’ para Mestre. Hasta ese momento, se sabía del desembarco de las nuevas empresas, algunos discutían la continuidad del convenio del gremio de los recolectores en Córdoba y varios, en el arco opositor dentro del Concejo, se preguntaron por la situación financiera de Cotreco, ante la posibilidad de que la firma continuara prestando el servicio.
Concretada la licitación, Cotreco estaba dispuesta a seguir con el servicio hasta las declaraciones de su presidente Horacio Busso que, tras responsabilizar al Municipio por el cúmulo de la deuda con el gremio, reconoció que estaba prácticamente afuera.
A raíz de esto, Fernández también elevó un pedido de informes para que el Ejecutivo concurra el miércoles a la comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales para informar sobre el supuesto traspaso de acciones de la empresa cordobesa a su socia española. El interrogante es saber si se tiene el conocimiento de que alguna de las sociedades integrantes del consorcio Urbacordoba SA.-compuesto por Cotreco SA y Transportes Olivos SACIF- haya transferido parte de su tenencia accionaria con posterioridad a la adjudicación o a la firma del contrato de concesión.
En caso de que esto haya ocurrido, la segunda pregunta es si se solicitó autorización para variar los porcentajes de la participación en el capital social.
El 10 de septiembre pasado se aprobó el contrato de concesión entre la Municipalidad y Urbacordoba SA, consorcio que se creó el último 18 de junio para prestar servicio con el nuevo esquema en la Zona 1 por un monto global de $6.046.848.537, durante ocho años.
De acuerdo con lo que figura en el acta constitutiva, el capital social de Urbacordoba SA fue de un millón de pesos, con un 51% aportado por Transportes Olivos SA y el 49% por la cordobesa Cotreco. Ahora, ante la posibilidad de que los cordobeses vendan su paquete accionario como se manifestó (se quedaría con un 10%), Fernández trajo a la discusión el artículo 16 del pliego de licitación que dice: “No se pueden variar los porcentajes en el capital social sin contar con autorización previa del Ejecutivo Municipal”, y donde se prohíbe la transferencia de acciones que implique el reemplazo del operador.
El reclamo gremial. La discusión que desató la última crisis del servicio fue el reclamo que el Surrbac le hizo a la empresa por una deuda de 170 millones de pesos en concepto de aportes y obra social. Fue por esto que Cotreco apuntó a la Municipalidad y allí se afectó el servicio. Que en buena parte de este año no funcionó con normalidad por distintos motivos.
La paz entre las partes, luego de la reunión de la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, duraría hasta el próximo 30 de noviembre y es el Municipio el que salió como garante de la empresa por esta deuda, a través de la municipal Crese. Lo que dijo Farías en la semana fue que esos fondos saldrían de los descuentos a Cotreco por la actual prestación en la zona sur de la ciudad. A partir del 1 de diciembre, Urbacordoba SA -el conglomerado dentro del cual quedó Cotreco- prestará el servicio en la zona norte.
El otro factor de conflicto que puede aparecer en las próximas semanas está en el gremio liderado por la familia Saillén. Organismos de control nacional siguen de cerca al sindicato y podría haber novedades en los próximos meses. Un panorama que ratifica los problemas que deja el servicio en el último tramo de la gestión de Mestre.
