Armando Cavalieri, líder del gremio de Comercio desde hace 32 años, fue imputado por la Justicia Federal de Córdoba esta semana por presunta defraudación por administración fraudulenta junto a 12 integrantes del órgano de conducción de Osecac, obra social sindical del sector que posee en el país más de dos millones de afiliados.
Se da en el marco de la megacausa CBI Cordubensis, en uno de los expediente satélites que investiga la financiera ilegal que operaba en nuestra ciudad. El pedido fue realizado por el fiscal Enrique Senestrari y llevado adelante por el juez federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja quien ordenó un allanamiento en la sede central de Osecac en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en el 8º piso de Moreno 648.
Cavalieri viene de firmar un acuerdo salarial dentro de las pautas fijadas por el Gobierno nacional y se apresta a iniciar un proceso electoral en el gremio en una puja con final incierto por la decisión del secretario de Organización, Ramón Muerza, de postularse como secretario General.
La causa. Además de Cavalieri, la imputación alcanza a Carlos Alfredo Béliz (actual director de Osecac) y a los dirigentes de la obra social a nivel nacional, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo como autores de defraudación. Mientras que a otro grupo integrado por Bruno Rodolfo Cricco, A lejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez (todos de la provincia de San Juan), Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez (de Mendoza) se los consideró partícipes necesarios.
Los cheques son la clave. Según normas bancarias, para que este tipo de valores no se desvíen en toda la cadena de pagos -desde que salen de la obra social hasta llegar al prestador- deben ser cruzados y contener la leyenda “no a la orden” con el fin poder controlar cada eslabón del pasamanos. Contrariamente a la información que trascendió, la investigación judicial detectó que los cheques de la obra social salían sin esas medidas de seguridad para ingresar a empresas fantasmas y permitir que Jorge Guevara (también imputado en la causa CBI) los monetizara e ingresara el dinero al circuito de la financiera ilegal cordobesa. Por esta razón, Guevara está imputado por lavado de activos y no el resto.
Fuentes de Tribunales confiaron a este diario que la sospecha es que la maniobra es aún más grande que la detectada. El cálculo aproximado indica que con la operatoria señalada inyectaron a CBI unos 53 millones de pesos, a través de pagos desde las delegaciones de Mendoza, San Juan y San Luis. Y en la misma proporción vaciaron las arcas de la obra social.
Fundaciones inexistentes. Para sacar el dinero de la obra social, que en teoría debía ser destinaba a pagar prestaciones médicas a afiliados, se utilizaron una serie de empresas fantasma y otras entidades que sí tienen actividad reconocida. Los investigadores pusieron la lupa en los cheques emitidos a nombre de Fundación de Prestadores de Salud (Fundapresa), Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad de Villa Mercedes, Fundación de Prestadores de Salud (Fundeas), Fundación Bemac Ayuda, Fundación de Aportes para la Salud, Fundación de Prestadores de Salud de Mendoza (Funpresame), Emprendi - miento de Salud Asociación Civil. Estas funcionaban como intermediarias con el fin de gestionar y administrar el dinero que la obra social pagaba por prestaciones que en realidad nunca realizó. Muchos valores terminaron en Toyota Compañía Financiera SA y Centro Motor S.A., otras en las firmas Halabo S.A. y Jotemi S.A. Estas dos últimas eran una pantalla para monetizar cheques en el Banco Nación, sucursal San Jerónimo.
