Por primera vez, un fiscal federal de Córdoba será juzgado por delitos comunes asociados a la corrupción. Se trata de Luis María Viaut, titular de la Fiscalía Federal de San Francisco en uso de licencia desde que comenzó la investigación en su contra, a fines del 2020.
Llega acusado de los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. También serán juzgados Darío Fabián Rivarola (empleado de la fiscalía), Agustín Gerardo Panero, Víctor Hugo Brugnoni y Gustavo Walter Fattore.
En la previa hubo algunos intentos para evitar el ingreso a la audiencia de debate. El 17 de marzo, Panero solicitó la suspensión del juicio a prueba, pero fue rechazada por el tribunal. La semana pasada hizo una presentación similar la defensa de Fattore, sobre la cual los jueces aún no se pronunciaron.
Por su parte, Tristán Gavier, defensor de Viaut anticipó a PERFIL CÓRDOBA que analiza un planteo de nulidad.
Otra novedad ocurrió el lunes pasado, cuando Panero cambió de defensor: ahora lo asiste Luis Alfredo Moyano.
El tribunal está integrado por los jueces María Noel Costa (presidenta), José Fabián Asís y Julián Falcucci. Carlos Gonella intervendrá como fiscal.
El debate se centrará en dos hechos.
Uno, habría ocurrido entre el 26 y el 30 de junio de 2020 cuando el empleado de la fiscalía Darío Rivarola pidió $ 2,5 millones al gerente y al presidente de la Cooperativa Las Cañitas, de la localidad de El Tío, para ‘cajonear’ una investigación y evitar procedimientos que serían inminentes. En realidad, la pesquisa mencionada no existía.
El segundo hecho que será analizado habría sucedido el 23 de septiembre del mismo año. Ese día Rivarola, invocando representar al fiscal Viaut, se reunió con Gerardo Panero, Walter Fattore y el empresario Víctor Brugnoni, en Las Varillas. En ese encuentro –según la acusación– Brugnoni les pagó U$S 17.100 por las gestiones realizadas para mejorar la situación procesal de su hijo, que había sido detenido por presunto abuso sexual en la justicia ordinaria. Luego de la reunión, Rivarola se habría comunicado con su jefe, quien le dio instrucciones de llevar el dinero a la fiscalía al día siguiente para ser distribuido.
Por eso, Viaut deberá responder por los delitos de concusión agravada y tráfico de influencia, al igual que Rivarola, mientras que Panero y Fattore lo harán como partícipes necesarios de tráfico de influencia y Brugnoni llega acusado de cohecho activo, es decir haber abonado una coima.
Por definición, la concusión es el delito tipificado por el cual un funcionario público, haciendo uso de su cargo, pide una contribución por fuera del sueldo que recibe.
Qué dijo Viaut. El fiscal federal admitió a este medio haber cobrado por el asesoramiento legal a Brugnoni, pero cuestionó que su conducta se encuadre en tráfico de influencias porque dijo que no tiene injerencias –ni siquiera conoce– al magistrado provincial que tenía la causa en la que estaba acusado el hijo del empresario. Y en relación a la reunión con los cooperativistas de El Tío, niega haber dado instrucciones a Rivarola para realizar las advertencias. Además, en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA tiempo atrás, acusó a los denunciantes de haber armado la causa en su contra como una venganza a una investigación que él realizó mientras estuvo en funciones, en la que aparecen mencionadas personas que trabajan en la Fiscalía de Instrucción provincial, cuyo titular es Bernardo Alberione.
Subrayó que el abogado que patrocina a los denunciantes es hijo del fiscal provincial. Para la defensa del empleado Rivarola, la estrategia será interpretar de un modo diferente los dichos de los denunciantes, para desvirtuar la idea instalada de hechos de corrupción en los que habría participado.
Las escuchas telefónicas y los movimientos de los partícipes de ambas reuniones son las pruebas principales que cimentan la acusación.
EL FUTURO LABORAL DE VIAUT
Mientras avanza el proceso penal, la situación de Luis María Viaut como fiscal federal es analizada también en la Procuración General. El titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica del MPF, Juan Manuel Casanovas, señaló que se solicita ron copias de todas las actuaciones penales. El Consejo Evaluador dictaminó, en forma unánime, que por las características del proceso se adoptará una resolución una vez concluido el juicio y según el contenido de la sentencia que dicte el tribunal oral.
Cuando la fiscal instructora de la causa, María Schianni, resolvió allanar las oficinas de Viaut en diciembre del 2020, comunicó la noticia en forma inmediata a las máximas autoridades de la Procuración General de la cual depende la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación. A partir de allí se abrió el expediente administrativo. Desde entonces, Viaut decidió tomar licencia por razones de salud que fue extendiendo con el correr de los meses.
