La decisión administrativa 643/2021 emitida por las autoridades gubernamentales agregó un condimento más al desaguisado de los viajes hacia y desde el exterior, al reducir los 2.000 pasajeros diarios que podían ingresar al país, a la exigua cifra de 600.
Y no está mal que se tomen medidas tendientes a limitar o, en el mejor de los casos, evitar la llegada de la temida nueva variante Delta de coronavirus, pero cuando esas medidas son extemporáneas causan un efecto secundario quizá no deseado, que trae aparejados altos costos políticos.
Imponer sorpresivamente una restricción más –un 70%– a la ya escasa cantidad de pasajeros, no es la manera idónea de controlar una situación indeseable (el ingreso de la variante Delta) con otra medida de consecuencias tampoco deseadas, pero inevitables.
Si la decisión administrativa adoptada se hubiera anunciado antes de aplicarse (el 25 de junio) y explicado sus motivaciones y alcances, para tratar de disuadir a quienes planeaban viajar al exterior, la justificación de que “al salir firmaron una declaración jurada en la que consentían hacerse cargo de la situación” que se pudiera plantear, tendría algún asidero.
Además, quienes tenían fechas de viaje ya fijadas y sus pasajes emitidos, podrían haber intentado la cancelación y/o postergación. Pero la medida fue anunciada prácticamente ‘sobre la hora’ y puesta en marcha inmediatamente, por eso fue ‘extemporánea’.
La reacción de las líneas aéreas nucleadas en la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) no se hizo esperar, al igual que la de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por su nombre en inglés). La primera publicó una solicitada en la que, al margen de destacar los daños causados a las líneas aéreas, que debieron “cancelar y/o reprogramar parte de sus vuelos previstos para junio y parte de julio”, hace hincapié en que “el Gobierno argentino no ha autorizado ninguna operación aérea para fecha posterior al 12 de julio”.
“En consecuencia –indica– si el actual cupo máximo de 600 pasajeros diarios fuera prorrogado y en función de la cantidad de pasajeros que se encuentran pendientes de retorno, la demora de muchos para regresar a sus hogares podría extenderse hasta cinco meses”. Un cálculo algo forzado.
Por qué no Córdoba.
Antes de esta medida, el aeropuerto internacional de Ezeiza recibía 2.000 pasajeros por día que inevitablemente debían pasar por todos los controles sanitarios establecidos, además de Migraciones y Aduana. Una medida posible y práctica podría ser descongestionar esa aeroestación, derivando parte de los pasajeros a otra ‘puerta de entrada’ al país.
Y aquí cabe preguntarse: ¿por qué el aeropuerto internacional Córdoba no puede ser esa segunda alternativa de ingreso? El Ingeniero Taravella cuenta con la infraestructura necesaria para recibir vuelos internacionales en condiciones absolutamente aptas, lo cual quedó demostrado en la prepandemia.
Su pista Nº 1 fue reconstruida, mejorada y alargada; se la dotó de un nuevo esquema de balizamiento, y se instaló un moderno sisema de aterrizaje ILS por instrumentos que la llevó a categoría 3, la misma de Ezeiza.
Cuenta con la tecnología necesaria para los controles sanitarios (como cámaras termográficas para medir la temperatura corporal), además de los de Migraciones y Aduanas; tiene espacio suficiente para recibir varios vuelos a la vez (además, los aviones están limitados a un máximo de 150 pasajeros); torre de control, meteorología, ambulancia y bomberos, están disponibles. Su ubicación hace posible un rápido desplazamiento de los pasajeros y el personal necesario para que todo esto funcione, está en su casa aguardando a que lo convoquen.
Un porcentaje de esos viajeros que se encuentran en el exterior imposibilitados de regresar, son del interior del país. ¿Qué mejor alternativa que hacerlos aterrizar en Córdoba y desde aquí que lleguen a sus destinos finales? El interrogante tiene una sola respuesta: una decisión política.
Los mismos controles que se realizan en Ezeiza se pueden realizar aquí; sería más práctico el seguimiento de los pasajeros que deben aislarse luego del viaje; un viajero de Tucumán, San Luis, La Rioja o Catamarca –por citar algunas provincias vecinas– estaría a la mitad de la distancia que debe cubrir desde Buenos Aires, y aun con los escasos vuelos de cabotaje que hay, podría llegar en el día a su domicilio.
Cierto es que no todos se caracterizan por ser muy apegados a cumplir las medidas preventivas contra la pandemia, lo cual ha quedado ampliamente demostrado, pero esa también es responsabilidad de los estados –nacional, provincial y municipal– en el seguimiento, control y, eventualmente, las sanciones que pudiera corresponder a quienes no observen esas restricciones, como la del aislamiento posterior al viaje.
Sin novedades.
Desde la Dirección Nacional de Migraciones había trascendido la posibilidad de “flexibilizar” las restricciones al cupo de ingreso al país por vía aérea, sujeta “a los esquemas de control implementados en las provincias”, reiteraron que “no habrá vuelos de repatriación” y adelantaron que se estudia la posibilidad de que haya más vuelos a aquellos destinos donde hay más argentinos, Estados Unidos y Europa.
Pero, el pasado martes se realizó la primera reunión formal entre representantes del Gobierno y de Iata, no así con los miembros de Jurca que había publicado la solicitada y pedido un encuentro con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
No hubo avances en la reunión, que duró solo 10 minutos, y a la que asistieron la titular de la Anac, Paola Tamburelli, y el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Gastón Jacques. Segundas líneas de ambos lados, ya que no estuvieron el ministro Alexis Guerrera ni el mandamás de Iata para América, Peter Cerdá.
