La Fiscalía General analiza cada paso que dio el fiscal de Cámara Julio Rivero en el juicio que finalizó con la absolución de Marcelo Macarrón, por el crimen de su esposa Nora Dalmasso, para definir si solicita un sumario administrativo por su actuación en el debate.
El dato que obtuvo PERFIL CÓRDOBA fue confirmado por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Los juicios se ganan o se pierden. Ambas posibilidades caben para fiscales, defensores y querellas particulares. El debate oral y público es la instancia crucial donde las partes entran en tensión y colocan todos sus argumentos para sostener cada posición. El tribunal resuelve con todas las cartas puestas sobre la mesa.
En el juicio que finalizó abruptamente el martes último no hubo tensión. El fiscal de Cámara, Julio Rivero, que había asegurado en la apertura del debate que pediría condena para el único acusado, desdibujó su participación hasta solicitar la absolución.
Pero no es ese el principal cuestionamiento a su proceder. Se sabía de antemano que el requerimiento de elevación a juicio firmado por el último instructor del expediente, Luis Pizarro, era endeble. Consideraba a Marcelo Macarrón instigador del homicidio de Nora, calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. Pero había que trabajar sobre los indicios para concatenar, con una secuencia lógica, las pruebas que permitieran sostener la acusación con el grado de certeza que se requiere para condenar.
Lo que nadie imaginó –y se interpretó como un golpe bajo– es que Rivero, en su alegato final, declinara acusar y criticara ferozmente al instructor por la hipótesis que formuló sobre el crimen, sin promover ninguna diligencia antes. “Nadie la controló, está llena de hechos neutros que no me dicen nada”, disparó. Su crítica despiadada a un colega es uno de los hechos que ahora se le cuestionan.
Existe el principio de organicidad del MPF. Permite una coherencia y continuidad en la actividad investigativa y acusadora. Rivero todavía no explicó por qué se dio cuenta recién al final del juicio de la precariedad de pruebas que alegó para solicitar la absolución. Tampoco explicó por qué no hizo nada, en el transcurso del proceso, para solucionar los baches que había advertido o pedir la colaboración de Pizarro. Ese es el segundo punto sobre el que ahora le llueven los cuestionamientos a la labor desempeñada.
Este medio le propuso una entrevista, pero nunca respondió el mensaje.
Una conducta errática. Antes del inicio del juicio, Rivero se reunió con el fiscal General, Juan Manuel Delgado. En ese encuentro, se le ofreció colaboración del MPF y de Policía Judicial. Todos sabían que el debate oral y público sería la última instancia para develar la participación de Macarrón en el crimen. Según pudo reconstruir PERFIL CÓRDOBA, Rivero aseguró en aquella reunión con Delgado que contaba con los indicios necesarios, prometió desempeñar “un papel digno” y anticipó que iba a pedir condena. También en ese encuentro rechazó el ofrecimiento de sumar al fiscal Pizarro.
Promediando la audiencia de debate, trascendió el desplante que Rivero profirió a sus colegas en un chat de WhatsApp. Los destinatarios del reproche de no haberlo respaldado para este juicio interpretaron ya en aquel momento, que era un signo de desesperación. “Abrió el paraguas porque naufragaba en su cometido”, comentó un fiscal. El final del juicio le da la razón.
Cuando vio que no podía sostener su promesa inicial, se corrió de la responsabilidad y la enrostró a otro: Luis Pizarro.
La descalificación que profirió, la negativa a recibir ayuda y el escaso profesionalismo con que asumió el rol de acusador son los tres aspectos de su conducta que están ahora bajo la lupa.
Una fuente cercana al expediente subrayó que “lo tuvo nueve meses para estudiar; si reparaba que le faltaban pruebas podía pedir a la Cámara que designe peritos, ofrecer otros testigos: tenía todas las opciones procesales para corregir lo que considerara defectuoso o incompleto. No hizo nada de eso”. Una vez concluido el juicio con la sentencia absolutoria, único fallo posible al no haber acusación, Rivero recibió una llamada telefónica de la Fiscalía General. Hubo severos reproches. No atinó a dar ninguna explicación.
Para los observadores de la extensa pesquisa para dilucidar quién mató a Nora Dalmasso hay una sola conclusión: fue un manoseo permanente. Rivero, en su último acto, realizó un alegato con el único objetivo de ‘salvar su ropa’, en la impotencia total al ver que se había quedado sin argumentos para mantener la acusación.
Otro mamarracho jurídico. Un detalle que no pasó desapercibido fue la propuesta que hizo –acogida por la Cámara 1ª del Crimen– de continuar una investigación por la “verdad histórica”. Vencidos todos los plazos para perseguir penalmente al verdadero asesino de Dalmasso, Rivero dijo que ponía a disposición todas las actuaciones para que el fiscal Pablo Jávega pueda continuar la investigación. “Un mamarracho jurídico” calificó a la iniciativa un alto funcionario judicial, quien señaló que es descabellado pensar en imputar a una persona, sentarla en el banquillo de los acusados y sobreseerla inmediatamente por la prescripción del hecho. “Fue para la tribuna, una iniciativa inconducente”, opinó la misma fuente.
