Un grupo de abogados pertenecientes al Espacio Jurídico Deodoro Roca, encabezado por María José Mendiburu interpuso ayer en la Justicia provincial un habeas corpus correctivo en favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el complejo penitenciario de Bouwer. El pedido recayó en el Juzgado de Control N°9.
La abogada Victoria Siloff -una de las letradas firmantes- explicó a este medio que la petición principal es que mejoren las condiciones de higiene y el acceso a la salud de las personas privadas de libertad. Planteó un panorama delicado por falta de médicos suficientes y de acompañamiento a detenidos que requieren atención en salud mental.
“No están aplicándose medidas de prevención”, como estableció el Ministerio de Salud de la Nación en el protocolo de acción para la prevención. “Hay niños con sus mamás, hay mujeres embarazadas y condiciones de hacinamientos que fueron constatadas en 2018 cuando vino el relator de la Organización de Naciones Unidas”, detalló la letrada.
En segundo lugar planteó la necesidad, en la actual coyuntura, de que se permitan llamadas gratuitas y videollamadas con la consecuente autorización para contar con telefonía móvil, porque la comunicación “es un derecho humano fundamental”. Siloff subrayó que la Justicia debe resolver con celeridad las prisiones preventivas apeladas pendientes por la feria judicial extraordinaria que se debió declarar por la pandemia.
“Pedimos que el juez tome las medidas que estime pertinentes para quienes estén en condiciones de obtener la libertad, porque pertenecen a grupos de riesgo -señaló- ya que es difícil garantizar óptimas condiciones de salubridad”. Antecedente.
La semana pasada se presentó un habeas corpus en favor de 74 detenidos en los tribunales de Villa Dolores. Por una cuestión de competencia, porque refería a personas privadas de la libertad, alojadas en diferentes establecimientos de la provincia de Córdoba, llegó al Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, el máximo tribunal ordenó que la presentación continúe su trámite en el Juzgado de Control y Garantías de Villa Dolores, a cargo de Sergio Ponce.
Protocolo de acción. Apenas se tomaron las medidas de prevención de contagio de la COVID-19, el Servicio Penitenciario adoptó un protocolo de actuación en las unidades penitenciarias. El mismo establece que ante un caso sospechoso debe notificarse de inmediato al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.
También prevé que el paciente sospechoso sea trasladado al Hospital Rawson y, paralelamente, se identificará y se hará un seguimiento sanitario de las personas que estuvieron en contacto con el detenido. Incluso, cuenta con móviles especialmente preparados para evitar el contagio.
