A días de que la empresa Aguas Cordobesas solicitara un incremento tarifario del 11,57%, llegó al recinto de la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que propone la renegociación del contrato celebrado entre el Gobierno de la Provincia y el concesionario del servicio público de agua potable de la ciudad de Córdoba, el cual tiene vigencia hasta el 2027 y mereció su última renegociación en el 2005.
La propuesta es de autoría del legislador Juan Pablo Quinteros, quien argumentó “la imperiosa necesidad de modernizar el régimen tarifario y establecer una correcta mediación entre el prestador y los usuarios”.
La forma en la que la empresa tarifa actualmente el servicio es uno de los principales puntos cuestionados por el proyecto. Hoy, Aguas Cordobesas cobra por servicio -medido o no medido- en función de una fórmula diferente a lo que dicta el marco regulatorio: en lugar de un cargo fijo, utiliza una serie de ítems como superficie cubierta del inmueble, superficie del terreno y antigüedad de la edificación. Según Quinteros, este criterio “genera grandes distorsiones porque hay empresas o talleres, por ejemplo, que tienen algún galpón en el que el consumo de agua es bajo y paga más que la casa de un country con piscina y jardín”.
Conforme al Marco Regulador, la empresa debería cobrar el servicio no medido de acuerdo a las categorías vigentes para ese segmento. Allí, “en ningún caso se establece que el consumo será presuntivo por el tamaño del hogar”, apunta Quinteros. Y enfatiza: “Esta modalidad genera que el concesionario cobre por el servicio de agua potable una suerte de ‘impuesto a los bienes’, al utilizar medidas del inmueble para el cálculo, en lugar del consumo realizado”.
Medidores, ¿para qué? El proyecto presentado también cuestiona la modalidad de cobro del servicio medido, por cuanto “no hay incentivo alguno al ahorro, ni a poseer medidor domiciliario, ya que la correcta utilización del recurso solo hará que el usuario pague el mismo cargo que abonaría si no tuviera medidor”, explica los fundamentos del proyecto.
En efecto, cuando se renegoció el contrato se permitió que la empresa facture el servicio medido sin considerar los hábitos de consumo real ni los costos efectivos de proveer el servicio. En cambio, la compañía establece una base libre de 25 m3 (la cual supera al uso del 70% de los usuarios residenciales y comerciales) con un costo estimativo que surge de utilizar las mismas variables de superficie cubierta del inmueble, superficie del terreno y antigüedad de la edificación.
Al final, este método de cálculo tarifario genera el mismo cargo fijo que tendría el usuario si no tuviera medidor; adicionalmente, a su factura le agregan el costo de los metros cúbicos excedentes consumidos. Lo paradójico es que las renovaciones de los medidores domiciliarios están a cargo de los usuarios, aun cuando aparentemente no le generan ningún beneficio.
Por otro lado, la iniciativa del Frente Cívico pone el acento en otros dos puntos clave: inversiones y canon. La empresa está operando sin bases establecidas y exigibles para la renovación de las conexiones y la expansión del servicio. “Ninguno de estos cargos son contenidos por la tarifa actual, por tanto no son reclamables al concesionario”, explica Quinteros.
Adicionalmente, el actual contrato de concesión estipula que el prestador del servicio debe abonar al concedente un canon por uso del recurso. Esto nunca ocurrió. No fue pagado porque nunca se estableció el mecanismo de pago y no se lo incluyó en la tarifa para no recargar la factura de los usuarios. Al quedar el concepto del canon en una especie de limbo jurídico, “debería quitarse del contrato de concesión”, argumenta el proyecto. De hecho, esta situación genera un pasivo para la empresa, que a su vez ella podría adjudicar al Estado por la ausencia de regulación.
El Frente Cívico propone que la renegociación del contrato sea sometidos a Audiencia Pública. Asimismo, sugirió crear una comisión de seguimiento y control del proceso integrada por tres miembros de la Legislatura, uno del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, un representante de Fiscalía de Estado, uno del ERSeP y otro de Aguas Cordobesas.
“El contrato vigente es absolutamente desproporcionado y solo favorece los intereses de la empresa. La intención del proyecto es buscar el equilibrio en la relación usuario / empresa y esto se consigue con una fuerte presencia del Estado, a través de una concesión en términos distintos a los actuales y con un férreo y estricto control por parte del órgano regulador”, concluyó Quinteros.
CADENA DE INCREMENTOS
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSep) aprobó en julio pasado un ajuste de 13,78 % en la tarifa, cuya solicitud había ingresado en marzo. Ahora, la compañía pide otro 11,57%.
La cadena de incrementos se da en forma automática cada seis meses. Para el Frente Cívico, los aumentos no deberían solicitarse por el mero transcurso del tiempo.
“Deberían estar permitidos, solamente, en caso de que sea comprobable el incremento de costos y con una diferencia temporal considerable entre cada presentación”, sostienen. El punto es atendible toda vez que la economía está ingresando en un proceso de baja inflación.
Desde la renegociación del contrato (2005), la tarifa se incrementó en un 1.805%.
