La agenda de debate de la semana pasada atravesó un tema que no mueve el amperímetro político, pero se metió de lleno en la opinión pública: ¿los presos tienen derecho a pedir cambio de género y, en ese caso, deben ser trasladados a pabellones según el género autopercibido?
Desde 2012 en Argentina, la ley 26.743 consagra el derecho para todos los ciudadanos de ser nombrados, considerados y respetados según el género autopercibido, aún si no es el registrado al nacer. La norma fija los requisitos para solicitar este reconocimiento, con todas las consecuencias que produce: ser mayor de 18 años, presentarse ante un Registro Civil y decir qué nombre de pila desea usar. No exige cirugías de readecuación genital ni estudios médicos o psicológicos. La norma dio –y da– respuesta a una realidad social tan antigua como acallada y reconoce el derecho de las personas transgénero, al menos, de ser nombradas como ellas se identifican.
Los presos gozan de esos mismos derechos, mal que le pese a una porción de la sociedad, posiblemente importante en términos cuantitativos. Y pueden pedir al Registro Civil una nueva identidad. Las consecuencias se han puesto en discusión, porque los sistemas penitenciarios no pueden ignorar la ley pero tampoco tienen espacios reservados para sus poblaciones transgénero.
En Córdoba hay 22 personas con DNI de género masculino que piden ser reconocidas como mujeres y cinco personas con DNI de género femenino que piden ser reconocidas como hombres. Para ellos y ellas no hay pabellones específicos. O están con los hombres o están con las mujeres.
Los dos ejes de la discusión están ahí: si hay que repensar los requisitos para el trámite y, en el caso de los detenidos, la disponibilidad de espacios adecuados.
Hace poco lo plantearon tres jueces cordobeses en un fallo. La Cámara de Acusación debió resolver la elevación a juicio de una persona acusada por hechos de violencia de género, que está detenida en el complejo carcelario de Bouwer.
La acusada es una interna transgénero. Era Gabriel Fernández cuando entró al sistema penitenciario y ahora tiene nueva identidad, como Gabriela Fernández. Cuando hizo el cambio fue trasladada a un pabellón de mujeres, donde abusó de una compañera y la dejó embarazada.
El tribunal alertó sobre el entuerto: si se quedaba en el sector donde están los hombres detenidos podría ser víctima de una agresión; alojada con mujeres, ella se convirtió en agresora.
Sin nombrar a la protagonista de esa historia, el presidente Javier Milei la mencionó en un discurso el martes pasado durante un acto con las fuerzas de seguridad. También se refirió a Guillermo Cantero, líder de la banda narco rosarina Los Monos, quien se definió bisexual y exige recibir visitas íntimas –no controladas por terceros– con hombres y mujeres. “Con nosotros esta estupidez se termina”, anunció Milei.
“Vamos a prohibirlo, pues los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género. Y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, subrayó.
¿Por qué el Presidente se metió en una discusión penitenciaria lateral a los grandes debates políticos del momento y a su especialidad, la economía?
Desde Córdoba, dos policías alojados en el complejo carcelario de Bouwer se comunicaron con PERFIL CÓRDOBA y le respondieron: “Es un derecho”.
Ambos se autoperciben mujeres y piden un nuevo DNI. Dicen que no esperan ser trasladados/ as al pabellón de mujeres. Un denominador común atraviesa sus historias. Dentro de la cárcel ambos fueron abusados sexualmente por otros internos.
Las entrevistas fueron publicadas el miércoles último. Los comentarios a la nota en redes sociales, donde la adhesión al Presidente gana nueve a uno, miden el termómetro social. Es el terreno específico donde da batalla cultural el oficialismo. Y gana.
¿Son oportunistas algunos presos que aprovechan una ley que reconoció legítimos derechos en Argentina para sacar su tajada? Sí, tanto como el Presidente que, anunciando la “primicia” de que se terminará “la estupidez” de pedir el cambio de penal por cambiar de género, fideliza a sus votantes y se posiciona ante las preferencias de indiferentes que disfrutan de este tipo de anuncios.
