En medio de una semana en la que explotó inesperadamente una suerte de “Lava-Jato criollo”, la evolución de la economía pasó a segundo plano en la consideración de la opinión pública y de los medios. Sin embargo, las novedades en esa materia no se congelaron.
Es más, se activaron desde las fuentes internacionales que siguen de cerca la realidad nacional, atravesada ahora por una crisis coyuntural de precios relativos, una crisis estructural de competitividad y productividad y escenarios de riesgo social que condicionan el panorama electoral de 2019.
Tres documentos difundidos en las últimas semanas por Price Waterhouse (Paying Taxes 2018), Morgan Stanley (Argentina 2.0: Upside and Risks) y el FMI (Impacto de las reformas estructurales a través de un marco de la oferta: el caso de Argentina) advierten cuáles son los márgenes de acción que le quedan al gobierno de Mauricio Macri hasta las próximas elecciones.
El ranking Paying Taxes es el que refleja la realidad más cruda: la economía argentina es la que tiene “la mayor tasa total de impuestos y contribuciones que deben pagar las empresas”; solo está por encima de Argentina la Isla de Comoros (Madagascar, continente africano).
Los indicadores lo dicen todo: el Total Tax and Contribution Rate (Índice total de impuestos y contribuciones) de la Argentina es del 106%, mientras el promedio de América Latina es del 52,60%, contra el 39,60% de Europa y 38,90% de Norteamérica.
Este índice recoge el impacto en el país de 100 impuestos, tasas y contribuciones (nacionales, provinciales y municipales, más las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia), que hoy están condicionando dramáticamente la competitividad. En Chile ese índice es del 33%, en Uruguay del 41,80% y en Brasil del 68,40%.
¿Y por casa? Otra vez los indicadores vuelven a ser elocuentes para sacar la radiografía fiscal en Córdoba. Según el Índice Provincial de Desempeño Empresarial (Ipde), en la provincia, los gastos corrientes implican el 15% del PGB (frente al 13,8% en Buenos Aires o el 6,8% en CABA). Para solventar ese gasto corriente, el gobierno provincial debe utilizar en gran medida el auxilio de impuestos nacionales, dado que la relación recaudación tributaria provincial / ingresos corrientes es de solo 33,7% (frente a un 86% en CABA o 54,4% de Buenos Aires).
“Un mayor porcentaje indica mayor independencia de dicha jurisdicción respecto de los ingresos de origen nacional. Una mayor autonomía incentiva el uso eficiente de los fondos públicos al permitir más control por parte de los contribuyentes. Además, el uso más eficiente de los fondos públicos demanda menos recursos del sector privado”, sostiene el análisis del Ipde.
Al tiempo que Córdoba no ha logrado fortalecer esa autonomía de ingresos para solventar gastos corrientes, se ha visto obligada a aumentar la presión impositiva local. Según el Ipde, entre 2003 y 2015, la presión tributaria de Córdoba creció un 51% (en CABA fue del 46% y en Buenos Aires, 36%).
Cuando el Paying Taxes ubica a la Argentina detrás la Isla de Comoros, las razones de ese desempeño están, ni más ni menos, que en estas realidades subnacionales, además de las distorsiones que agrega la Nación.
No va más. Para el FMI (que hizo a la Argentina uno de los mayores préstamos de su historia y corre con el riesgo de perder credibilidad con un nuevo fracaso en la región), esta carga impositiva no da para más.
En un último documento que entregó al Gobierno nacional, donde pone de referencia los resultados que obtuvo Australia con su proceso de reformas estructurales, el Fondo sugiere al gobierno de Macri “menor carga tributaria, facilitar la creación e ingreso de empresas, facilitar formas flexibles de empleo, y políticas y regulaciones favorables a la competencia”.
Vale decir, una agenda de reformas estructurales (en la década de los 90, se llamaban “reformas de segunda generación”), que suponen políticas de Estado muy consistentes y de largo plazo. De hecho, el FMI advierte que “a Australia le tomó tres décadas en concretarlas”.
¿Se puede avanzar en este camino, sin consensos políticos básicos y en medio de un año preelectoral, que en Argentina suele manifestarse de modo políticamente canibalizante y socialmente violento? El reporte titulado Argentina 2.0: Upside and Risks, que Morgan Stanley difunde a clientes, pone énfasis en esta situación.
El documento, si bien rescata como positivo el rumbo que adoptó la política económica, advierte sobre la incertidumbre que genera en los inversores externos el panorama político. Dice el reporte: “(Los inversionistas) han comenzado a poner el foco más en los riesgos políticos y en la posibilidad de que exista un cambio drástico en la dirección de las políticas después de las elecciones de octubre de 2019”.
“El descontento social ha crecido y, en base a las encuestas, la imagen del Gobierno ha caído a los menores niveles desde que llegó al poder. La confianza del consumidor también está en los menores niveles en cuatro años, incluido el componente de expectativas del índice”, agrega el informe.
Así las cosas, la agenda del período que resta hasta las próximas elecciones podría instalarse en torno a tres grandes ejes: reforma estructurales del gasto y del ecosistema competitivo del país; reducción creciente de la carga impositiva y control del riesgo social que genera una transformación profunda de los resortes de la economía.
¿Cuánto de esto se podrá concretar en medio de “Lava Jato criollo”, disputas entre Nación y provincias y reposicionamientos políticos? Todas las posibilidades están abiertas.
