Con el trayecto que va de una evasión millonaria a la oportunidad de “hacer caja” para el Estado por $240 millones anuales, se podría sintetizar la controvertida historia de la recisión de contrato de la empresa Grababus, por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Grababus SRL –propiedad del empresario Jorge Sorensen– ofrecía el servicio obligatorio de grabado de partes de autos y motos, cero kilómetro y transferidos, en las plantas verificadoras dependientes de la Policía de la Provincia.
Desde diciembre del 2015 (inicio de su contrato) a la fecha, la prestataria atendió a 754.010 unidades, según datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRP) y recaudó unos $149 millones promedio anuales.
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Concesión del servicio, la Policía de la Provincia asumió la responsabilidad de “efectuar el control y seguimiento del cumplimiento del contrato”. No obstante, recién tras 34 meses de operación el Gobierno logró detectar que Grababus lo incumplió al tercerizar servicios, evadir impuestos por $40 millones y, aunque no se admitió públicamente, no pagar el canon del 8% por unidad atendida, lo que al presente significan $36 millones que debió haber cobrado el Estado.
Sin mediar un anuncio o explicación pública, el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei, decidieron dar por caído el contrato con Grababus a través del decreto N° 1670. Al mismo tiempo, el Ejecutivo salió a defender la eficacia del sistema: "Es un elemento importante en materia de prevención, disuasión y esclarecimiento del delito de sustracción de autopartes", aseguró el secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Trastienda. “Cuando en 2016 solicitamos la derogación de esta ley (la N°10.110, que regula el grabado de autopartes) desde el Gobierno decían que nuestra propuesta de terminar ese contrato era ‘temeraria’ ya que, de aceptarla, la Provincia debería afrontar un juicio millonario; mintieron”, afirma el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico). En efecto, en el Apartado I.7.3 del Pliego, referido a “Extinción del Contrato”, el Gobierno se aseguró que el adjudicatario no tenga derecho a “indemnización alguna en caso de revocación dispuesta por el comitente”.
Las estadísticas no ayudan a las argumentaciones oficiales. Según Cesvi Argentina (un Centro de Experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, financiados por las compañías de seguro), en Córdoba el robo de autos subió un 228% entre 2001 y 2017. En ese contexto, hay un dato más relevante aún: el aumento del delito tomó mayor ritmo desde 2015. Ese año creció un 184,2% respecto del 2001; en 2016, un 223,6% y el año pasado, 227,7%. Por contrapartida, en Ciudad de Buenos Aires, que también implementó el grabado de autopartes, el robo disminuyó un 53% entre 2001 y 2017, y la performance fue mejorando a la par de la utilización del modelo.
Lo que será. De ahora en más, según una fuente en off, “la Provincia quiere aprovechar la caja que permite hacer un servicio obligatorio como este, dejándolo en manos de la Policía, por eso se niegan a dar de baja la ley”, agregan.
Estimaciones preliminares calculan ingresos para el año próximo que rondarían los $240 millones. Ello surge de un universo de unidades del orden de las 270.000 promedio (en función de lo ocurrido en los tres últimos años) y aplicando una tarifa de $890 (con un incremento del 23% ajustado a inflación).
Aunque de aquí en más el grabado de autopartes pueda servir al Tesoro provincial para sumar fondos en un año que será complejo en términos de ingresos, los puntos que quedan pendientes son:
–Quién se responsabiliza por los $76 millones, presuntamente desfalcados al Estado por parte de Grababus (entre evasión y no pago del canon).
–Quién responde por los 130 empleos destruidos de esa empresa.
–Cómo se garantiza, a futuro, al usuario que la tasa que pague por el servicio le devolverá algún beneficio en materia de control de los delitos sobre el parque automotor. El robo de autos a escala nacional implica un costo de $3.650 millones, de los cuales el 9,5% corresponde al mercado cordobés, según fuentes del sector asegurador
OPINION: TRES HECHOS CLAVE
Viendo la historia en retrospectiva se advierten tres hechos de parte del Gobierno:
◆ Fue aparentemente incompetente para detectar irregularidades a tiempo.
◆ A pesar de las advertencias de la oposición, evitó actuar para neutralizar esas irregularidades y los perjuicios asociados para los usuarios, apelando a argumentos falaces.
◆ Ahora, aparentemente, decide reconocer los daños sin rever la real eficacia del sistema y de su modo de aplicación en la provincia.
COMO ES EL SISTEMA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En Caba, el grabado de autopartes tiene un costo de $940. El sistema está encuadrado en la ley N° 3.708 que, además de reglamentar el grabado, creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Verificación de Autopartes (RVA), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
El RVA como autoridad de aplicación no solo controla la obligatoriedad del grabado sino también efectúa un intensivo control sobre los comercios dedicados a la venta de autopartes, registrándolos y auditándolos. De esta manera, se cierra el círculo para la prevención del delito de robo y venta de autopartes ilegales.
