La postura tomada por la Argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) de abstenerse en condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua no es un hecho aislado, sino un eslabón más que se agrega a la cadena de decisiones y posicionamientos en política exterior que el Gobierno Nacional ha realizado en el último tiempo, con el resultado de aislarnos cada vez más del mundo democrático.
En este caso, la Cancillería encabezada por Felipe Solá publicó un comunicado por el cual justifica su decisión apoyándose en el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros Estados” y en que no está de acuerdo en “prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
Sin embargo, desde la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, ésta no ha sido siempre la postura del Gobierno en política exterior, cuando la cuestión de los derechos humanos se ha visto involucrada, volviéndose inconsistente o, más bien, consistente en materia ideológica.
Si hacemos memoria, en el plano internacional el Gobierno argentino retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro en La Haya por delitos de lesa humanidad; la decisión del Presidente de retirar a nuestro país del Grupo de Lima; las declaraciones del propio Alberto Fernández, considerando que la violación de los derechos humanos era algo que “ha ido desapareciendo en Venezuela”; y la ausencia de condena frente al terrorismo efectuado por Hamas contra Israel, entre otros hechos desafortunados.
Sin embargo, sí se decidió intervenir y manifestarse en cuestiones de asuntos internos de otros Estados. Por ejemplo, el reclamo por el cese de violencia institucional en Colombia; el “aviso” del Presidente a Ecuador, anunciando que iban a “seguir con especial atención el proceso electoral”, en espera a que éste sea “correcto y que el veredicto popular se respete”; y las declaraciones y peticiones del Grupo de Puebla, adheridos por nuestro país, contra gobiernos democráticos como el de Sebastián Piñera en Chile, por mencionar algunas de las sucedidas en los últimos meses. ¿No es esto, al menos, contradictorio?
Esta inconsistencia en política exterior deja a la vista un Gobierno que, frente a la cuestión de los Derechos Humanos, que tanto aduce defender, antepone sus preferencias ideológicas, atacando y criticando en algunos casos, excusándose o desentendiéndose en otros. Esto no solo nos aísla del mundo democrático, sino que es totalmente violatorio con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Así las cosas, el Gobierno de nuestro Estado está incumpliendo su responsabilidad internacional, en especial su deber de promover y defender el estado de derecho, como garantía de vigencia y respeto irrestricto a los derechos humanos.
En el caso de Nicaragua, el Gobierno evitó condenar a la dictadura de Ortega, quien busca, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, un cuarto mandato presidencial. Así, al no condenar a un régimen que, a pocos meses de celebrar elecciones, encarceló a varios dirigentes opositores, se volvió cómplice de él.
Líderes como Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, que habían deslizado la posibilidad de ser candidatos, se vieron impedidos de hacerlo. Dimensionemos por un segundo la situación: la Argentina evitó deliberadamente condenar a un Gobierno que se ha caracterizado por perseguir sistemáticamente la libertad de prensa, censurando y hasta confiscando medios opositores. Evitó condenar a un Gobierno que ha desencadenado el éxodo de más de 80.000 nicaragüenses en los últimos años. Evitó, lisa y llanamente, condenar a una autocracia pura y dura.
Cambios necesarios.
Cabe preguntarse entonces: ¿gana algo la Argentina con esto? ¿Qué beneficio puede traerle al país alianzas como éstas, que lo alejan del mundo democrático y próspero? “A nosotros no nos tienen que venir a decir qué hacer con los derechos humanos”, declaraba el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, meses atrás. Parece que para el Gobierno la cuestión en esta materia está más que clara, ya que ha sido consistente con esta postura en el plano local, demostrando una coherencia absoluta entre el privilegio y apoyo a las autocracias provinciales, con los modelos que defienden a nivel internacional.
Muestra de esto son los “oídos sordos” frente al atropello y violación de los derechos humanos en Formosa por parte del gobierno de Gildo Insfran, denunciado tanto por la oposición como por organismos y organizaciones internacionales; habiéndolo incluso elogiado como uno de los mejores gobernadores del país; o el silencio ante los cuantiosos casos de violencia institucional registrados en el contexto de las restricciones implementadas por la pandemia, que incluyen arrestos a menores de edad, abusos de poder por parte de fuerzas de seguridad en puestos de control y comisarías, torturas e incluso muertes que no han podido ser explicadas, entre otros casos alarmantes.
Un gobierno electo por el pueblo, como el argentino, pero que se dedica a elogiar, sostener, defender y encubrir a autocracias hacia el interior y el exterior del país, ¿puede considerarse un gobierno verdaderamente democrático? ¿Puede considerarse un gobierno que cree de verdad en los derechos humanos? ¿En dónde queda el tan predicado amor por los pueblos hermanos oprimidos de “la Patria Grande”?
Argentina necesita un cambio total de su política exterior. No es posible seguir por este camino. No podemos ser funcionales a dictaduras, incumpliendo nuestros compromisos internacionales y traicionando los valores democráticos, republicanos y liberales de nuestra Constitución, pero tampoco callar hacia adentro. Nunca más la complicidad del silencio.
