Con datos extraídos del Sistema de Administración de Causas (SAC) Multifuero al 31 de octubre, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales realizó un trabajo de investigación y procesamiento para generar un informe con la evolución de los concursos preventivos y quiebras ingresados en los tribunales de la provincia. Este año será recordado, entre muchos aspectos, por el inabarcable daño económico que generó la pandemia del Covid-19 tanto en economías desarrolladas como en emergentes, como la local. La actividad argentina mostraría una caída de entre 10% y 11% en 2020, en tanto que se espera un rebote que dejaría el crecimiento de 2021 en torno al 3%. Pero eso dependerá de un sinnúmero de factores. La caída en la actividad que generó el virus y las estrategias de aislamiento y cuarentena para contenerlo, impactaron notablemente en el sector privado. El turismo, motor de buena parte de la economía cordobesa, estuvo entre los más resentidos. El último reporte de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina remarca que, durante el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, “el 90% de la hotelería y la gastronomía debió endeudarse para mantener la empresa viva y, de no contar con la asistencia del Gobierno, el 95% del sector no podrá afrontar sus gastos cotidianos”.
En ese contexto, podría esperarse que el análisis sobre los procesos de quiebras y concursos hacia el final de 2020 mostraría números muy malos. Pero no fue así, por varios motivos. En primer lugar, el propio reporte del Centro de Estadísticas Judiciales advierte que “los datos del presente período de análisis se vieron afectados por el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. A partir del 17/03/2020 se dispuso un receso extraordinario (A.R. 1620 Serie “A” del T.S.J.) y luego la prestación de un “servicio de justicia en la emergencia por razones sanitarias”, el que se adaptó a “las particularidades de cada sede judicial”. Así, la baja en la actividad de Tribunales podría tomarse como una atenuante a la hora de la presentación y gestión de las causas concursales. Pero, también hay una dinámica propia de la economía y de la estrategia de supervivencia de cada uno. En muchos casos, los comercios y empresas de categoría mipyme o micropyme prefieren cerrar sus puertas antes que asumir los costos de concursar. Otras aún están analizando el camino más conveniente.
Los datos. Según el informe, hasta octubre de este año se presentaron 131 concursos preventivos y 115 quiebras. Se trata de números muy por debajo de los que dejó el 2019, cuando la crisis económica y la recesión que había iniciado en mayo de 2018 empezó a traducirse en cierre de empresas. Durante 2019, en Córdoba se concursaron 221 empresas y hubo 214 quiebras ingresadas. Pero, como el reporte de este año no toma los últimos dos meses, a los fines de tener un análisis comparativo se puede realizar un corte para establecer qué pasó entre 2019 y 2020, mirando los datos al tercer trimestre. Así, tenemos que este año la cantidad de concursos preventivos cayó un 20% (hubo 140 concursos al tercer trimestre de 2019, contra 112 del mismo período de 2020). Por el lado de las quiebras la caída en los expedientes presentados este año es del 36%: al tercer trimestre de 2019 hubo 163 quiebras, contra 104 de este año.
Carlos Molina Sandoval, abogado especialista en derecho comercial y empresario, recuerda que durante todo el tiempo inicial de la pandemia las empresas afectadas no se movieron e incluso los Tribunales estaban cerrados: “En general, ni se mandaron cartas documento. Cuando se abrieron los tribunales –a principios de junio- se hizo una implementación informática y comenzó a moverse un poco. En general las grandes empresas y las pymes han tenido la colaboración del Estado, con los distintos planes y con eso han podido sortear la crisis. Si la empresa estaba más o menos bien, con esa ayuda y capital de trabajo no tuvieron que concursarse. Los que sí han avanzado en los concursos, por el análisis que hacemos de los perfiles de los concursados en Córdoba capital, fundamentalmente, son pequeños concursos o personas humanas. Depende de cada caso, también es cierto que las pymes, las micropymes o las que tienen un capital chico, no se concursan porque les termina saliendo mucho más caro concursarse que arreglar el pasivo”.
Remedio in extremis. Molina Sandoval cierra su análisis advirtiendo que el 2021 puede mostrar datos malos, por la dinámica de los procesos concursales: “Hoy se consulta, pero a nadie que conozca le encanta concursarse. Es un remedio in extremis. En general, entre el impacto directo de la crisis, la aceptación por parte del empresario, las distintas alternativas y la resignación al concurso preventivo suele pasar entre ocho meses y un año”.
