La Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares expresaron su preocupación frente al proyecto de ley nacional de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, al advertir que podría implicar un retroceso en materia de derechos y afectar políticas de integración socio urbana en todo el país. La advertencia se formalizó durante una conferencia de prensa realizada en el Arzobispado local, bajo el lema “En defensa de los barrios populares”.
El encuentro reunió a referentes religiosos, sociales y comunitarios, quienes coincidieron en que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce modificaciones sustanciales a la Ley 27.453, normativa que establece el régimen de regularización dominial e integración socio urbana para barrios populares, y que fue clave en los últimos años para ordenar y acompañar estos procesos.
Uno de los puntos centrales del planteo fue el impacto concreto que podría tener la iniciativa. En Córdoba, más de 40 mil familias podrían verse afectadas, en un contexto donde existen 318 barrios registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). A nivel país, el relevamiento oficial identificó 6.467 barrios populares, donde viven más de 5 millones de personas, concentrando los niveles más altos de pobreza e indigencia. En ese marco, se remarcó que la política pública vigente permitió avanzar en procesos de integración socio urbana en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a través de convenios con municipios, provincias y organizaciones sociales.
Rossi y los sin hogar
El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, puso el eje en la dimensión humana del problema habitacional y vinculó el debate legislativo con una deuda estructural. “Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la respuesta no puede reducirse a políticas aisladas, sino que debe garantizar derechos básicos: “La deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.
Desde el ámbito social, la advertencia se centró en los efectos concretos que podría generar el proyecto. El presbítero Melchor López, vicario de los pobres, explicó que la Ley 27.453 permitió no solo identificar los barrios populares sino también desarrollar obras de integración y regularización dominial en todo el país.
Por su parte, Ayelén Cabaña, referente de la organización TECHO, señaló que la iniciativa “desarma los instrumentos estructurales que sostienen la integración socio-urbana” y enumeró una serie de indicadores que reflejan la fragilidad del sistema actual.
Entre ellos, mencionó: 671 obras paralizadas en todo el país; más de 11 mil mujeres con pagos pendientes del programa Mi Pieza; 150 juicios de desalojo activos, que afectan a más de 4.500 familias. Además, subrayó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tiene más de 20 años de antigüedad, lo que evidencia la persistencia del déficit habitacional y la necesidad de políticas sostenidas.
