Los delitos en flagrancia son los menos complejos de investigar y tramitar judicialmente. Están a la vista sus autores o una parte de ellos, las víctimas y la prueba que compromete a los acusados.
Pero también el volumen de causas es muy importante. Según la proyección, para este año alcanzarían los 10.000 expedientes, sin contar los hechos de violencia familiar y de género que van al fuero especializado. El número va creciendo. La inmensa mayoría son delitos contra la propiedad, robos con armas. En la actualidad el trabajo está distribuido entre todos los fiscales de Instrucción de los cuatro distritos en que se divide la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba.
Cómo resolver ese tipo de causas, con criterios uniformes sobre prisión preventiva, salidas alternativas (reparación a la víctima, trabajo comunitario entre otras medidas restaurativas en los delitos más leves), podría ser una respuesta directa de la Justicia a la inseguridad y a la denominada “puerta giratoria”.
Todos están de acuerdo en que un procedimiento eficaz de las flagrancias permitirá una respuesta clara del Poder Judicial al fenómeno de la violencia y la inseguridad que se agrava. Pero el cómo y los tiempos de ese proceso se han convertido en una discusión que agrieta la interna en tribunales por la urgencia de unos y el aplomo de otros.
Parecía que la Ley 10.903 – sancionada hace 10 días en la Legislatura Provincial– que creó cuatro nuevas Fiscalías y un juzgado de Control, era una solución. Sin embargo, puso nuevamente a flor de piel esa grieta que escinde posiciones entre actores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Varios jueces de Control – los que revisan las investigaciones de los fiscales– pidieron explicaciones ante la sorpresiva sanción de la norma.
Hubo reuniones para aclarar su alcance, a partir de un texto de la ley por demás escueto. Solo cuatro artículos, uno de forma y tres de contenido en los que se resuelve:
- Crear un Juzgado de Control y Faltas (el Undécimo) y cuatro Fiscalías de Instrucción “que serán designadas como de Trigésimo Tercera, Trigésimo Cuarta, Trigésimo Quinta y Trigésimo Sexta Nominación, respectivamente”.
- Facultar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General para dictar la normativa que los organice y ponga en funcionamiento.
- Y establecer que el Poder Ejecutivo asigne los recursos.
Nada dice sobre flagrancias, aunque se sabe que ese es el objetivo. No se habla de fuero y se esboza, al menos por ahora, un sistema general para tramitar este tipo de procesos.
La ausencia del término, según relataron voceros de los tribunales a PERFIL CÓRDOBA, se debió a una diligencia de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Aída Tarditti. No se podía aprobar una ley de flagrancias mientras trabajan dos equipos encargados por el TSJ y la Fiscalía General sin que hayan elaborado un diagnóstico de la situación y menos sugerir cómo dar respuesta a la problemática.
Las dos comisiones recopilan opiniones de todos los estamentos. Hay también un consultor externo, el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, que asesora en éste y otros temas, como la oralidad en el proceso penal.
Esa explicación se bajó desde la cabeza del Poder Judicial a jueces de Control y vocales de Cámaras del Crimen que se inquietaron. “Sigan trabajando y elevando sus opiniones que serán tenidas en cuenta”, les dijeron.
Desde el ala de los fiscales hay entusiasmo. Saben que asignar a nuevas Fiscalías la tramitación de las flagrancias descomprimirá el trabajo de sus oficinas.
Hay otro dato político sobre la ley. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo a la Unicameral, pero sólo estaban al tanto de que había tomado estado parlamentario y se aprobaría en forma exprés la ministra de Justicia, Laura Echenique, y la legisladora que la defendió en el debate, Julieta Rinaldi. Entre otros integrantes del gabinete provincial, Julián López supo del anteproyecto pero no conocía la versión final hasta que se aprobó. Y es nada menos que el confirmado próximo ministro de Gobierno y Seguridad en la gestión Llaryora que se avecina.
¿UN MAL RECUERDO DE LA UFAI?
Los detractores de la iniciativa que viene impulsando el fiscal General, Juan Manuel Delgado, cuestionan la rapidez de su tratamiento legislativo sin esperar el relevamiento de opiniones de todos los operadores judiciales que son quienes deberán aplicar los cambios. Hay quienes sostienen que será la continuidad de la tan criticada Unidad Fiscal de Atención Inmediata (Ufai) que se armó ante la contingencia de la pandemia.
En octubre del 2021, se creó el Centro de Recepción de Personas Aprehendidas (CRPA), un acierto para unos y un incordio para otros.
Un relevamiento del Poder Judicial arrojó que hay esperas de hasta ocho horas para las entregas de los procedimientos policiales. Con ese dato dicen: “Los policías no realizan procedimientos, para no esperar horas para entregarlos”. Sin embargo, la Fiscalía General de la cual depende el centro, da una versión diferente. Señala que agilizó el trámite y que las esperas, con turnero digital, en promedio son de tres horas. Por eso no sólo hablan de continuidad sino de levantar un nuevo edificio de 1.000 metros cuadrados en barrio La France, licitado y adjudicado a la empresa Cova SA por $780 millones.
Otro aspecto que controvierte es la cantidad de fiscalías creadas a las que se asignarán las flagrancias. Sólo cuatro para un cúmulo creciente de procedimientos. Para algunos es muy poco, por eso no creen que será la solución. Son los mismos que dudan de que el Ejecutivo habilite el presupuesto que supondrá. “El trabajo está verde, con suerte el año próximo podrían comenzar a funcionar”, dicen.
Para la Fiscalía General todo se podría poner en marcha antes de que finalice el 2023.
