El Gobierno nacional ya se expidió y dijo que las provincias se harán cargo de financiar los subsidios al transporte urbano de pasajeros, a partir de los mayores recursos que reciben de coparticipación.
Los municipios de todo el país afirman que no tienen fondos para cubrir las demandas que plantean las empresas prestatarias y las amenazan con multas millonarias si no se cumple el servicio. Los gobernadores no terminan de tomar acción y aseguran que “el debate del tema con la Nación no está cerrado”.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que "si el Gobierno nacional quita los subsidios, en las localidades más chicas del interior del país, un pasaje de colectivo puede llegar a valer $50, desde enero”.
Los choferes nucleados en la UTA nacionalizaron el conflicto y continúan con medidas de fuerza, aun cuando en algunas provincias como Córdoba recibieron el pago de los aumentos que solicitaron.
¿Qué está en juego? Según datos de Fatap, el volumen de subsidios necesario para cubrir los servicios de todo el país asciende a más de $25.000 millones y el universo de usuarios atendidos a escala nacional llega a los seis millones de pasajeros diarios. En la ciudad de Córdoba, se estiman unos 174 millones de usuarios anuales y la necesidad de solventar subsidios por $2.600 millones para toda la provincia. Si para el 1 de enero el financiamiento no aparece, las empresas transferirán costos a boletos y, así, en grandes ciudades del interior como Córdoba, Mendoza o Rosario, la tarifa podría oscilar entre los $36 y los $40.
El debate de fondo que aún no aparece -y que la Nación tampoco propició al momento de transferir la responsabilidad por el servicio a las provincias es acerca de qué tipo de subsidios se debe seguir dando al sistema. Hasta el momento estaban focalizados en la oferta, en forma de transferencias directas a las empresas operadoras.
“Si bien durante los primeros años de la postconvertibilidad los subsidios cumplieron sus objetivos, entre 2005-2011 el sistema se volvió altamente costoso. De hecho, el Gobierno nacional encaró a partir de 2012 un proceso de cambio gradual en la política de subsidios al transporte”, explica un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap).
El gobierno de Schiaretti se adelantó a la agenda anticipando que se hará cargo de parte del financiamiento, pero “subsidiando a la demanda”. Este tipo de subsidio puede asumir tres formas: asignaciones monetarias directas a sectores vulnerables para compensar el costo del boleto, tarifas diferenciales que benefician a los segmentos más desfavorecidos o vales de transporte con los cuales se robustecen los salarios formales.
Las empresas prestatarias preferirían seguir siendo las destinatarias de los subsidios. Es más, desde Fatap están promoviendo la idea de “exceptuar a las empresas del pago de algunos impuestos”. El tema es de muy compleja resolución y de alta sensibilidad social. Restan solo 78 días para que Nación, provincias y municipios encuentren la estrategia más adecuada.
MESTRE Y SCHIARETTI EN TANDEM EN EL CONGRESO
La quita de los subsidios fue uno de los temas principales de la reunión en la que el intendente y el gobernador reanudaron el diálogo institucional. Fuentes municipales aseguran que mientras para el ejecutivo del Palacio 6 de Julio es una necesidad, para la Provincia es una oportunidad casi de campaña. Desde el Concejo, los oficialistas entienden que la pelea por los subsidios se va a dar en tándem.
Es decir, uno de los escenarios posibles es que en el Congreso –en el marco de la negociación por el Presupuesto 2019– los mestristas –Diego Mestre, Brenda Austin, Soledad Carrizo y Olga Rista– y los schiarettistas - Alejandra Vigo, Martín Llaryora, Juan Brugge y Paulo Cassineiro– presionen como distrito para que la quita no sea al 100 por ciento. La intención, en este marco, es también arrastrar a otras provincias en un frente federal contra la dispar distribución en función de lo que reciben CABA y Provincia de Buenos Aires.
