La investigación por la desaparición de Santiago Aguilera (18) el 16 de agosto de 2022, y el crimen posterior en Traslasierras sigue abierta con novedades que podrían generar un giro sustancial, al menos para uno de los condenados a mediados de este año.
Este lunes, 15 de diciembre, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián, ordenó la detención de cuatro personas.
Se suman a otros cuatro procesados como partícipes del secuestro extorsivo seguido de muerte del joven. Pedro Ezequiel González, Marcos Antonio Maldonado, Jorge Alejandro Altamirano y Lucas Emanuel Rejas.
Pero, además, en la última semana se sumó un dato revelador que podría hacer caer la condena a uno de los dos sentenciados en junio pasado por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3). El defensor público Jorge Perano, que asiste a Julio César Ramírez, pidió su inmediata excarcelación, a pesar de una sentencia condenatoria que recibió y la Cámara Federal de Casación agravó a 12 años de prisión.
Además de Ramírez, Walter Gil fue sentenciado a prisión perpetua. Era empleado de la empresa del padre de la víctima. El TOF3 lo encontró responsable de homicidio triplemente agravado y robo.
¿Una confesión dirimente?
Hace 10 días, el 5 de diciembre último, el fiscal Hairabedián recibió el testimonio de un instructor del expediente por el secuestro extorsivo y posterior crimen de Santiago Aguilera. Puso en conocimiento del fiscal que la conexión a la cuenta de Gmail de Santiago Aguilera atribuida a Ramírez “no fue realizada por este acusado ni tampoco lo fue desde su domicilio”. Contó que el acceso a la cuenta de la víctima fue “una actuación investigativa de la propia fiscalía instructora, -en ese momento a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari- desde el hotel de Villa Dolores donde se alojaban, oportunidad en la que hicieron un “takeout” de la cuenta (exportación de copias de los datos)”.
Refirió que las IP de conexión podían coincidir porque se repiten en distintos clientes de Villa Dolores por el sistema que emplea la proveedora local de internet.
El dato es revelador porque lo contó la misma persona que ejecutó la intervención tecnológica. La defensa de Ramírez, a cargo del defensor oficial Jorge Perano, había expuesto en el juicio que la prueba para condenarlo era falsa.
La situación plantea una gravísima irregularidad. La acusación se basó en un dato conocido por la Fiscalía de Senestrari, a pesar de lo cual se mantuvo como prueba para acusarlo.
Ahora el TOF3 debe resolver el pedido de excarcelación que presentó Perano con relación a su asistido.
