Exfuncionarios de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner -que culminó en 2015- continúan imputados a pesar de un planteo que realizó la defensora oficial, Mercedes Crespi, solicitando su sobreseimiento por prescripción.
El incidente fue resuelto por el juez federal Hugo Vaca Narvaja el jueves pasado. El magistrado confirmó el requerimiento de instrucción y las imputaciones que había formulado la exfiscal Graciela López de Filoñuk después de tres años de investigación.
De este modo, la instrucción continuará con nuevas medidas de prueba y análisis de las ya existentes para resolver la situación procesal de los 13 directivos imputados por malversación de caudales y administración fraudulenta.
La defensora Crespi, en representación de los exdirectores Raúl Alberto Argañaraz, Julio César Lombardi, Aldo Oscar Creche y el exjefe de Mantenimiento y de Compras, Juan Carlos Giraudo, había cuestionado imprecisiones en el pedido de la fiscal López de Filoñuk. Le endilgó haber insumido tres años para llegar a conclusiones que adolecían de detalles necesarios para el ejercicio de la defensa. Por esa razón, pidió la nulidad de las imputaciones.
Pero también señaló que habían pasado más de seis años desde que dejaron sus cargos y, por lo tanto, solicitó que se declaren prescriptos los delitos que se les achacaban.
El juez Vaca Narvaja rechazó ambas pretensiones. Consideró que en el requerimiento fiscal se habían detallado los hechos en forma circunstanciada con su respectiva calificación legal, desterrando así los vicios que pudieren afectar a los acusados.
Prescripción. Crespi sostuvo, además, que Fadea era una sociedad y debía regirse por la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales, descartando que los responsables y directores deban ser considerados funcionarios públicos. En ese caso, operaba la prescripción de la acusación al cabo de seis años contados desde el momento en que dejaron sus puestos, en diciembre de 2013.
Sin embargo, el juez Vaca Narvaja sostuvo que “más allá de la forma jurídica que se le da a la empresa para actuar en el mundo industrial, comercial y de la aeronáutica -como en el caso que nos ocupa-, no deja de ser un ente a través del cual el Estado proyecta sus políticas en la materia”.
Línea de tiempo. Son 18 hechos los que fueron motivo de la imputación formulada por López de Filoñuk. La investigación se abrió en 2016, luego de una auditoría encargada por las autoridades designadas en la presidencia de Mauricio Macri.
En octubre del año pasado, poco antes de las elecciones presidenciales, la fiscal formuló el requerimiento y los imputados fueron, luego, indagados. Los hechos que se investigan se refieren a contratos que efectuaron las autoridades entre 2011 y 2015 con resultados disvaliosos para el Estado y, en algunos casos, omitiendo procedimientos administrativos y legales que debían ser cumplidos.
El otro punto alude al notorio aumento de personal sin que ello se refleje en la productividad de la empresa que no fabricaba aviones. Por ejemplo, una de los reproches apunta a la designación de 60 empleados que pertenecían a ‘La Cámpora’ a pesar de que el nombramiento de personal en sí no es delito porque atañe a las decisiones políticas de cada gestión.
QUE DIJO LA AUDITORIA EXTERNA EN 2016
Los números del estudio que encargó la gestión de Mauricio Macri evidenciaron pérdidas superiores a los $150 millones en 2013 y a $212 millones en 2014. Un año más tarde tuvieron un aumento exponencial: $1.498 millones.
Se interpretó, en aquel momento, que el incremento desmedido se debió al posible disimulo del déficit en los primeros años. Algunos de los contratos objetados fueron:
- Compra de un helicóptero a la empresa china National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC). Se hizo de forma directa a un costo entre US$5 millones y US$6 millones, porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Nunca pudo usarse.
- Compra de 22 motores a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. Cada uno costó US$ 1,8 millones.
- Servicios habituales con presunto sobreprecio: de catering, seguridad o limpieza. Aquella auditoría incluyó observaciones al convenio suscripto con una empresa local para la incorporación de software destinado al control y planeamiento de la producción.
