La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la investigación judicial federal a dirigentes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido (Surrbac), formalizó un requerimiento para que se eleve a juicio a Mauricio Saillén, Pascual Catrambone y otras 17 personas, entre ellos varios familiares de ambos. La acusación es por lavado de activos, asociación ilícita, usura y defraudación, delitos por los que ya se encuentran procesados por haber afectado las arcas no solo del gremio, sino también de la obra social (Ossurrbac) y la mutual (Amsurrbac).
El escrito fue elevado al juez federal Ricardo Bustos Fierro por Marcela Vivona, titular del Departamento de Querellas de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, con el patrocinio de los abogados Leandro Ariel Ventura y Adolfo Tonin Monzón.
La hipótesis es que las maniobras delictivas habrían ocurrido a lo largo de casi una década, entre 2009 y 2018. La causa se inició en la Justicia provincial en marzo del 2018 y fue el resultado de tres investigaciones en las que participaron tres fiscalías provinciales, pero terminaron acumulándose y quedaron a cargo de Patricia García Ramírez. En diciembre de ese año, el juez de Control Esteban Díaz Reyna declaró la incompetencia provincial y remitió el expediente a los tribunales del Parque Sarmiento.
La UIF puntualizó especialmente el hecho de que, a partir de fines del 2018, se agrandó la participación de empresas privadas en el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba. No obstante, la estatal Crese siguió existiendo en forma residual y su personal fue transferido al Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), actualmente denominado Coys.
A todo este conjunto deben agregarse dos empresas privadas: Higyse SA (que se dedicaba a proveer insumos para la prestación del servicio) y Krates Constructora SA (que realizaba servicios de obra tanto para el sindicato como para la mutual de recolectores de residuos), que fueron creadas en 2011 y 2013, respectivamente, por Agustín Catrambone, uno de los hijos del principal investigado en la causa. El personal que integraban estas empresas públicas y privadas estaba afiliado al Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).
Tras esa descripción, el organismo que se dedica a controlar el lavado de activos en el país refirió que se puede llegar a la conclusión de que se detectaron compras de bienes y servicios en favor de Saillén y Catrambone, con el fin de introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, precisamente derivados de la usura y la defraudación que se habría consumado en las cajas gremiales. El lavado, según las pruebas reunidas, “supera la suma de $25.205.940” y se habría producido, entre otras cosas, a través de la compra de 17 inmuebles, en los que se cuentan casas, terrenos y locales comerciales, además de 34 vehículos –autos, motos y camionetas– varios de ellos de alta gama y a costos millonarios.
