Los expedientes abiertos en la Procuración General de la Nación (PGN) contra el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari son analizados en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, donde está bajo la lupa la actuación de su titular, Eduardo Exequiel Casal.
PERFIL CÓRDOBA accedió a una serie de presentaciones que realizaron organizaciones ante la Bicameral para impulsar el proceso de juicio político. En dos de ellas se cita específicamente al fiscal cordobés. El capítulo referido a los antecedentes locales es cuando le endilgan a Casal posibles irregularidades en el régimen disciplinario y el doble estándar con que se manejó para sancionar a unos y no a otros.
En ambos pedidos de juicio político se interpreta como “presiones gravísimas” del exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, en tándem con el expresidente del Colegio de Abogados de Caba, Guillermo Lipera y el fiscal Ricardo Sáenz, quienes promovieron sumarios a Senestrari, los que fueron tramitados en la gestión del procurador.
En una de las notas se menciona que se le atribuyó “falsamente” dichos de un periodista deseando que “caiga” el entonces presidente Mauricio Macri. También resaltan que el juez Alejandro Sánchez Freytes rechazó la denuncia señalando que no había existido delito en sus declaraciones y llegando a “descalificar la presentación de Garavano”, no obstante, se lo sancionó.
Motivaciones. Los críticos de la actuación de Casal encontraron razones “políticas partidarias” en lo que calificaron de persecución a algunos fiscales, entre los cuales se encuentra Senestrari.
Citaron el impulso que se le imprimió durante los últimos años a una denuncia que habían presentado abogados defensores en la causa CBI: “Invadió el despacho y la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba con la presencia de cinco funcionarios de la PGN durante una semana, levantando arduamente información del caso, que aún sigue abierto, pese a que hubo sentencia condenatoria de un tribunal que no hizo ni siquiera una sola mención a las irregularidades denunciadas por esos abogados. Esto generó una situación de enorme angustia en el personal de la Fiscalía, que aún sigue afectado y conmovido por lo ocurrido”.
Doble estándar. El mismo escrito compara el lento trámite que tuvieron otras causas de igual gravedad. Mientras la gestión Casal avanzó contra Senestrari llegando a aplicarle una sanción que significó un descuento del 10% de su sueldo, otras causas quedaron congeladas. Entre ellas, la nota remitida a la Bicameral estableció que un sumario contra un empleado del MPF iniciado por pedido de Senestrari no tuvo “una sola actuación por más de un año”. Y esa misma doble vara también fue utilizada para favorecer al fiscal federal Carlos Stornelli mientras era declarado en una “inédita rebeldía” sin presentarse a causas donde era investigado, en clara referencia al expediente por el presunto espionaje durante el macrismo.
Las asociaciones civiles que elevaron el pedido, citando el caso Córdoba entre varios otros son: Nace un Derecho, Formando Ciudadanos, Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, Sociedad de fomento y Biblioteca Popular Corporación Mitre.
El titular de la Bicameral, el senador Martín Doñate, confirmó a este medio que “está en programa” la citación a Senestrari para que declare, “pero no será esta ni la próxima semana”, al tiempo que indicó que el fiscal no tuvo aún contacto directo con la comisión.
Por su parte, Gabriela Boquín, integrante de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, fue una de las primeras en brindar su testimonio respecto al sumario disciplinario que la PGN inició en su contra. Es la magistrada que frenó a comienzos de 2017 el acuerdo entre la familia Macri y el Correo Argentino.
SINDICATO DENUNCIA ´DESTRATO´
También sumó su voz el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, que encabeza el rosarino Agustín Bruera. “A partir del mandato del doctor Casal hubo destrato a las fiscalías que no eran amigas”, afirmó a este medio. En ese sentido, dijo que esa falta de consideración se evidenció en menos recursos humanos y logísticos para aquellos que pertenecieran a Justicia Legítima.
Más de 10 empleados de la fiscalía de Senestrari tienen el primer cargo. Se pidió la recategoriación del personal pero no fue atendida la solicitud. “Esto se puede leer como un castigo”, sentenció Bruera. Con relación a los contratos, la situación es la siguiente: de los contratados que tiene el Ministerio Público Fiscal en todo el país (alrededor de 30), en Córdoba hay cuatro y todos están en la Fiscalía Federal 1. Tres de ellos están bajo el régimen de locación de servicio, sin percepción de aguinaldo ni cobertura de obra social.
