La semana pasada, el fiscal federal Enrique Senestrari insistió con que Eduardo Rodrigo, expresidente de la financiera ilegal CBI Cordubensis, también debe responder ante la justicia por el delito de evasión tributaria simple. Para ello apeló la decisión del juez federal, Hugo Vaca Narvaja, quien había dictado el sobreseimiento del empresario. La discusión es jurídica y técnica porque al haberse actualizado los montos a partir de los cuales un contribuyente puede ser perseguido por el delito de evasión, el magistrado entendió que Rodrigo era beneficiado por la ley sancionada a fines de 2017.
Los hechos tienen que ver con la presunta evasión del impuesto a las Ganancias, en el ejercicio 2012, por unos $439 mil. El monto actualizado, según calculó el fiscal en el momento de la imputación, ascendía a $5 millones.
La sospecha es que Rodrigo ‘dibujó’ su declaración jurada aquel año porque inicialmente había declarado gastos exiguos y para dar mayor credibilidad y mostrar consistencia con su nivel de vida y erogaciones, los incrementó y declaró ingresos a través de diferentes vías.
Según la documentación analizada, generó compra de acciones de la financiera CBI y declaró dos préstamos de su exesposa y de su madre. En total sumó más de $1,3 millones a su patrimonio. También incluyó facturas por honorarios pertenecientes a CBI, Multimedia (Apex América) y Centro Motor. Este último, según la declaración jurada, le pagaba mensualmente $5.000 que, a valor actual, serían alrededor de $40.000.
Otras facturas por honorarios fueron emitidas por Apex América, empresa dedicada a servicios de call center. La duda es qué tipo de actividad desplegó Rodrigo y si realmente cumplió tareas en la firma.
Insistente. Para pedir la revocatoria del sobreseimiento, Senestrari citó antecedentes de jurisprudencia que se oponen a la aplicación retroactiva de la ley que fijó los nuevos montos para perseguir la evasión. También aludió a un instructivo emanado de la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, el año pasado.
La lógica a la que alude señala que si se deja de investigar el sistema judicial estaría avalando una especie de perdón a delitos especulativos por el solo paso del tiempo, combinado con la inflación registrada en la economía del país.
Sin poder utilizar un valor estable como referencia, “llevan a que resulte imposible, en los lentos tiempos de la Justicia, llevar a juicio uno de los delitos que más daño hacen a la economía y a la sociedad argentina”, sostuvo el fiscal en su apelación.
