El fiscal federal electoral, Enrique Senestrari, solicitó que se realice una nueva auditoría “exhaustiva” para corroborar si existen indicios o ilícitos en el financiamiento privado de las campañas proselitistas de 2015 y 2017.
El pedido fue formulado con relación a todo el universo de aportantes de los partidos que participaron de las dos últimas compulsas electorales nacionales en la provincia de Córdoba. La decisión fue adoptada la semana pasada.
El objetivo es que los peritos oficiales puedan analizar la capacidad contributiva de las personas que figuran como aportantes de los partidos o alianzas. Y también que se constate la veracidad de las declaraciones juradas presentadas ante las autoridades electorales.
Las denuncias sobre irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales, ha resurgido en los últimos tiempos, en particular en la provincia de Buenos Aires. El jueves último en La Plata, el juez Ernesto Kreplak intimó a diferentes organismos nacionales a que presenten documentación en una de las causas por presuntos aportantes falsos de Cambiemos en 2015 y 2017. En ese juzgado se abrió una causa con denuncias de personas que figuran como donantes de dinero pero que dicen no haber puesto un solo peso. La mayoría son personas de barrios humildes del conurbano. Además del juez platense hay otras tres causas en la justicia bonaerense y en el fuero federal.
El otro gran escenario que puso en cuestión el financiamiento de las campañas es el juzgado de Claudio Bonadío. La causa por los cuadernos de las coimas está recogiendo testimonios de empresarios de la obra pública que fueron imputados y que, en su ofrecimiento para convertirse en colaboradores de la Justicia, declararon aportes ilegales de fondos para la campaña del anterior gobierno nacional. También el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, confesó haber recibido dineros con ese fin.
En Córdoba, este diario revisó los listados de los diferentes partidos y encontró diferentes caracterizaciones de los aportantes para la última campaña legislativa. En el caso de Unión por Córdoba, en un gran porcentaje figuran funcionarios provinciales; mientras que en Cambiemos hay mayoría de empresarios y profesionales; aunque también dirigentes radicales de Capital y el interior provincial.
