La sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba estará atravesada por el caso de los exasesores con antecedentes judiciales de Ramón “Cañito” Flores y promete convertirse en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. El PJ llega al recinto con la decisión de avanzar con la licencia de su par peronista, mientras la UCR terminó de cerrar filas detrás de una postura más dura: insistir con su expulsión por indignidad. El juecismo, la izquierda y el bloque vecinalista también cuestionarán que una licencia resulte suficiente frente a la gravedad del escándalo que golpea al entorno del departamental por Río Seco.
La definición del oficialismo quedó delineada en la previa del plenario. Dentro del bloque peronista no se expresaron objeciones al pedido de licencia. “Por lo menos nadie expresó que no estaba de acuerdo”, resumió una voz al tanto del resultado de la reunión de la bancada. La lectura predominante es jurídica: mientras Flores no esté imputado en la causa, corresponde concederle la licencia. “Si la causa toma otro cauce, habrá que reevaluar la situación”, sintetizó un oficialista.
El PJ, de ese modo, buscará administrar políticamente el costo del escándalo sin avanzar, por ahora, en poner en dudas la continuidad de Flores en la banca. La licencia aparece como una salida para descomprimir una situación que se volvió cada vez más incómoda para el oficialismo, mientras la oposición demanda la exclusión, bajo el argumento de que la gravedad de los hechos trasciende al parlamentario peronista y compromete la imagen institucional del Poder Legislativo.
El peronismo encontró argumentos en las recientes declaraciones de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, al confirmar que al menos dos de los hechos investigados en la causa que tiene como víctimas a cuatro adolescentes habrían ocurrido en un campo perteneciente al propio Flores. La fiscal, sin embargo, fue clara al señalar que hasta el momento no existe ningún elemento que vincule al legislador con los delitos y sostuvo que “por el momento él está desvinculado”.
Embestida radical
Frente a la estrategia del peronismo, el radicalismo resolvió unificar su ofensiva. La bancada que conduce Matías Gvozdenovich sostendrá su exigencia de expulsar a Flores, una posición que ya había anticipado Perfil Córdoba y que ahora llevará al recinto como respuesta política al escándalo.
La presión sobre el PJ aumentó además con la intervención de Rodrigo de Loredo, quien cuestionó con dureza la licencia como mecanismo para evitar un costo mayor. “El peronismo quiere esconder la basura abajo de la alfombra con una licencia para el legislador Ernesto Flores”, sostuvo el dirigente radical, al referirse al caso y a los graves hechos investigados en Villa de María de Río Seco.
De Loredo confirmó que los legisladores radicales exigirán la expulsión del legislador peronista “por indignidad” y cuestionó que Flores haya tenido otros asesores y exasesores con antecedentes judiciales. “La política no puede hacerse la distraída”, remarcó.
La UCR buscará así transformar la sesión en una discusión sobre la responsabilidad política del legislador departamental, aun cuando judicialmente Flores permanezca desvinculado de la causa. El planteo opositor apunta a correr el debate del terreno estrictamente penal y llevarlo al plano institucional: qué responsabilidad política debe asumir un representante de la Legislatura frente a la gravedad de los hechos que involucran a integrantes de su entorno laboral.
"No alcanza con una licencia", expresó Walter Nostrala al fijar postura del Frente Cívico por la separación de Flores del cuerpo legislativo. Por su parte, el vecinalista Gerardo Grosso planteará la suspensión y el apartamiento del peronista, sin goce de dieta, hasta tanto la Justicia se expida sobre las causas judiciales en las que se encuentra involucrado su entorno directo de trabajo.
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Refuerzo de los controles
Mientras el caso Flores llega al recinto, el escándalo comenzó a dejar una consecuencia institucional concreta: la discusión sobre cómo se incorporan y controlan los antecedentes de quienes trabajan en la Legislatura cordobesa.
En ese terreno, el PRO busca avanzar un paso más. El legislador Oscar Agost Carreño impulsa un sistema permanente de verificación de antecedentes para todo el personal legislativo, en lugar de un mecanismo basado principalmente en la presentación periódica de certificados.
La propuesta pretende que la Legislatura pueda consultar de manera frecuente y segura la información disponible en organismos como el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba y el Poder Judicial provincial. El mecanismo alcanzaría a empleados de planta permanente y temporaria, autoridades superiores, integrantes de gabinetes, asesores y contratados.
El PRO, además, rechaza que este nuevo esquema quede únicamente en manos de la Presidencia de la Legislatura mediante un decreto. La bancada pretende que sea el cuerpo el encargado de aprobar un protocolo que establezca institucionalmente un sistema permanente de controles.
El planteo adquiere especial peso político después de que se conocieran los antecedentes judiciales de dos personas que estuvieron vinculadas laboralmente a Flores. Uno de ellos, José Aníbal Ricardo Villarreal, permanece detenido e imputado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales y grooming. El otro, Ariel Alejandro Rodríguez, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por peculado y usurpación, sentencia que quedó firme.
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La UCR abre un segundo frente
La ofensiva radical no terminará con Flores. En paralelo, Gvozdenovich presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique la situación administrativa, contractual y funcional de Mario Alexis Magnano, señalado como "referente" del Centro de Desarrollo Regional (CEDER) de San Francisco del Chañar.
Según la información incorporada por la UCR al pedido de informes, Magnano registra una condena dictada en 2019 por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba a dos años y diez meses de prisión por delitos vinculados con la sustracción de objetos destinados a prueba, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y participación necesaria en una estafa. El radicalismo sostiene que esa sentencia quedó firme e incluyó una “Inhabilitación Absoluta y Perpetua para Ejercer Cargos Públicos”.
A esos antecedentes se suma otra condena, dictada en noviembre de 2023 por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, por abuso de autoridad y coacción reiterada, en una causa relacionada con allanamientos ilegales. Según la información citada por la oposición, que se hizo eco de la información del Diario Primer Informe, ese fallo habría sido apelado y se espera resolución.
El componente político del planteo aparece en la presunta relación de Magnano con el legislador peronista Marcelo Eslava. El proyecto de Gvozdenovich sostiene que su incorporación como referente del CEDER habría sido presentada públicamente en 2025 por Eslava. La UCR quiere saber si ese respaldo político tuvo incidencia en su llegada a la estructura provincial y, fundamentalmente, quién formalizó la designación.
El radicalismo también exige conocer qué funciones cumple actualmente Magnano y si entre sus responsabilidades se encuentran tareas relacionadas con la administración, gestión, entrega, seguimiento o control de fondos y recursos públicos. En particular, reclama precisiones sobre una eventual participación en el programa Banco de la Gente.
“Resulta indispensable que sea el propio Poder Ejecutivo quien informe oficialmente cuál es la situación jurídica y administrativa de la persona actualmente vinculada a una institución estatal”, demandó Gvozdenovich.
El menor costo político
Con este escenario, el oficialismo llega al recinto con una doble necesidad: aprobar la licencia de Flores y pagar el menos costo político ante el caso que cobrará centralidad en la agenda legislativa.
En las últimas horas incluso circuló la posibilidad de que el plenario finalmente no se realizara, debido a que la oposición rechazo el pedido del oficialismo de "no pegar duro". Sin embargo, el PJ tiene un motivo institucional para sostener la sesión: necesita que tome estado parlamentario el pliego del próximo juez electoral, Guillermo Arias.
Así, el oficialismo preservará el funcionamiento del recinto aun con el riesgo de enfrentar una jornada de fuerte exposición política. La expectativa dentro del peronismo es que la licencia permita bajar la tensión y evitar una definición más drástica sobre Flores.
La oposición, en cambio, llega con otro objetivo: impedir que la licencia cierre el capítulo y convertir el caso en una discusión más amplia sobre responsabilidad política, controles institucionales y contrataciones dentro del Estado.
El resultado será una sesión con dos agendas superpuestas. Una formal, marcada por el tratamiento de la licencia y el resto de los asuntos legislativos. Y otra eminentemente política, en la que el caso Flores volverá a poner al PJ a la defensiva y ofrecerá a la oposición -no le queda otra- la oportunidad de reforzar la presión sobre el costo institucional del escándalo.
