"Los niños y adolescentes están totalmente en peligro". Con esa definición, Fernanda Alaniz junto a Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, convocaron a una nueva movilización este sábado, para reclamar justicia por el femicidio de la adolescente.
La marcha partirá desde las 11:00 en la vivienda de Claudio Barrellier, continuará por la Jefatura de Policía y finalizará frente a la Legislatura provincial.
"Hemos convocado a toda la sociedad, a todos los que quieran sumarse al pedido de justicia y también a pedir por el cese de la inseguridad que están viviendo nuestros hijos y nuestros adolescentes, que hoy están totalmente en peligro", afirmó Alaniz.

"Es una marcha larga, pero realmente es necesaria. Estamos cansados. Ese es el motivo. Queremos justicia, queremos una justicia completa, no una justicia a medias", sostuvo. Y agregó: "Esto arranca no solamente desde el hartazgo, sino también porque no estamos conformes con la elevación a juicio, considerando que faltan tres personas por imputar", aseguró.
"La responsabilidad la atribuimos al 100% a este monstruo"
La defensa de Barrellier sostuvo que su cliente no mató a Agostina. Al reespecto, Alaniz dijo: "pensar podemos pensar muchas cosas, pero afirmar podemos afirmar que la responsabilidad del hecho la atribuimos al 100% a este monstruo. Tenemos la evidencia a la vista, consta en el propio expediente".
La abogada sostuvo que le resulta "sorprendente" que esa postura continúe sosteniéndose pese a las pruebas incorporadas a la causa. "Realmente me sorprende que aún con toda la evidencia que hay sigan sosteniendo esto. Después uno tiene que salir a trabajar y dar la cara ante la sociedad porque también somos agentes sociales. Decir estas barbaridades con toda la evidencia que existe me parece gravísimo", expresó.
Y agregó que, a su entender, ese tipo de declaraciones también afectan a las víctimas. "Me parece una barbaridad y también burlan un poco la memoria de Agostina y de todas las otras víctimas de Barrellier, porque no es solamente ella. Hay muchos años de hechos que también deberán conocerse durante el juicio oral", manifestó.

La marcha también apuntará contra los abusos sexuales
Alaniz explicó que la movilización no estará enfocada únicamente en el caso Agostina Vega, sino que también buscará expresar el rechazo frente a las denuncias por abuso sexual que en los últimos meses involucraron a funcionarios públicos.
"La marcha también es por eso. Nosotros presentamos la Ley Agostina, que justamente busca prevenir y terminar con este tipo de situaciones aberrantes. También, por supuesto, nos vamos a expresar totalmente en contra de los hechos que están ocurriendo con funcionarios públicos. No queremos que los tapen más", afirmó.
Para la abogada, la reiteración de este tipo de causas expone una falla estructural del sistema de control estatal. "No hay ningún tipo de control. Nosotros insistimos en que los controles tienen que ser periódicos. No pueden hacerse solamente cuando una persona ingresa a un puesto de trabajo", sostuvo.
En ese sentido, propuso que las evaluaciones sean obligatorias y se repitan durante el desempeño de la función pública. "Cada cierto período de tiempo, que no debería ser mayor a un trimestre, deberían hacerse pericias y pruebas. Lo que está ocurriendo es muy complejo. Si el patrón se repite tantas veces es porque evidentemente están fallando los controles y eso debería alarmar a todos".
"Nadie se alarma. Todos tratan de cubrirse las espaldas y mientras tanto nos siguen abusando a nuestros hijos, nos siguen desapareciendo adolescentes. De alguna manera hay que parar esto. Una manera es prevenir y hacer controles trimestrales", reclamó.
"Los niños hoy no tienen derecho a pedir ayuda"
"Los niños hoy, los niños y adolescentes, no tienen derecho a pedir ayuda", aseguró. La abogada explicó que, actualmente, un menor de edad no puede acudir solo a una unidad judicial o a otro organismo público para denunciar una situación de violencia.
"Quizás hay un niño o un adolescente en una situación de peligro, de vulnerabilidad, de abusos o en un contexto de drogas y no puede ir a una unidad judicial ni acercarse a ningún ente público a solicitar ayuda si no va acompañado por una persona mayor de edad. ¿Qué pasa cuando es el propio entorno el que lo pone en esa situación? No puede pedir ayuda. Está totalmente privado de hacerlo", cuestionó.
A partir de ese diagnóstico, apuntó directamente contra el funcionamiento de los organismos encargados de proteger a las infancias. "Los niños no son escuchados, están totalmente en peligro. En las escuelas los protocolos no se están cumpliendo. La Senaf brilla por su ausencia; realmente no sabemos si está desbordada o si está fallando todo el sistema. Nosotros apuntamos directamente a eso porque entendemos que hoy los chicos no están siendo protegidos", concluyó.