La escalada política en la Unicameral por los antecedentes y las situaciones judiciales de asesores legislativos quedó atrapada en el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición radical. Acusaciones de encubrimiento, reproches cruzados y el uso de información judicial como munición política dominaron la escena, pero, para Oscar Agost Carreño, el conflicto no abrió todavía una discusión de fondo para poner a resguardo la institucionalidad.
Frente a este escenario, el legislador del PRO busca correr el eje de la disputa y llevarlo al terreno de las reglas. Su planteo apunta a discutir qué debe hacer la Legislatura para detectar antecedentes o situaciones judiciales entre sus integrantes, qué información debe exigirse antes de incorporar personal y cuál debe ser el protocolo de actuación cuando una causa penal aparece durante el ejercicio de una función pública.
La propuesta del parlamentario amarillo se apoya en tres ejes institucionales: criterios claros para actuar ante la detección de antecedentes, estándares de información y controles previos para la incorporación de personal, y un mecanismo de respuesta frente a nuevas situaciones judiciales. El opositor viene insistiendo en incorporar nuevas reglas de control en la Unicameral.
“Podemos convertir cada caso en un festival de carpetazos o cerrar los agujeros que permiten que estas situaciones se repitan. La confianza en las instituciones no se recupera con escándalos: se recupera con reglas claras, información confiable y controles que funcionen”, aseguró Agost Carreño.
De hecho, el legislador plantea que los recientes escándalos revelaron un problema que excede cada caso individual y trasciende al ámbito parlamentario. “Córdoba tiene un problema estructural con el control y la administración de los antecedentes penales”, sostuvo, y advirtió que la discusión no debería quedar reducida a un nuevo cruce entre oficialismo y oposición.
Del certificado a un control permanente
La propuesta de Agost Carreño apunta directamente al mecanismo utilizado actualmente para verificar los antecedentes de quienes trabajan en la Legislatura. El área administrativa de la Unicameral ya dispuso reforzar la actualización de la documentación requerida, con la renovación cada seis meses tanto del Certificado de Buena Conducta emitido por la Policía de Córdoba como del Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.
Sin embargo, para el legislador opositor ese esquema sigue siendo insuficiente. Su proyecto propone avanzar hacia un sistema institucional de consulta frecuente y segura de la información unificada de lo disponible en el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba, el Poder Judicial provincial y otros organismos competentes.
La iniciativa establece que las verificaciones deberían realizarse con una periodicidad máxima de 15 días, además de contemplar mecanismos de alerta más rápidos cuando los organismos involucrados dispongan de esa posibilidad.
Para Agost Carreño, pedir un certificado al momento del ingreso o renovarlo cada seis meses significa obtener apenas una “foto” de la situación judicial de una persona en un momento determinado. El objetivo, en cambio, es avanzar hacia un mecanismo de seguimiento durante toda la permanencia en la Legislatura.
“Los últimos escándalos con agentes y funcionarios públicos involucrados en causas penales de gravedad revelaron algo más grave que cada caso individual y que no puede taparse con una guerra de carpetazos”, planteó.
Un protocolo para evitar la discrecionalidad
Asimismo, la propuesta incorpora un segundo componente: un protocolo institucional de actuación. La intención es que la Legislatura tenga establecido de antemano cómo proceder frente a cada situación detectada y que las reglas sean iguales para oficialismo y oposición.
El protocolo debería diferenciar entre denuncias, imputaciones, procesos penales en trámite, medidas cautelares y condenas firmes. También contemplaría procedimientos específicos para situaciones vinculadas con delitos contra la integridad sexual, hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, trata y explotación de personas, delitos contra la administración pública y otros hechos graves que puedan resultar incompatibles con determinadas funciones dentro del Poder Legislativo.
“También hace falta un protocolo votado por oficialismo y oposición. No son lo mismo una denuncia, una imputación y una condena firme. Cada situación debe evaluarse según la gravedad del delito y su relación con la función, respetando todas las garantías”, señaló el legislador.
Con lo cual, el planteo busca correr la discusión del terreno de los carpetazos cruzados y llevarla al de las reglas institucionales. El objetivo es que la aparición de un antecedente o una nueva situación judicial no dependa exclusivamente de la denuncia política del adversario de turno.
De "Cañito" Flores a Ludueña: Fuego cruzado entre Torres y Gvozdenovich por los asesores detenidos
El otro frente: el sistema de antecedentes
Pero la iniciativa de Agost Carreño no se limita a la Legislatura. El jefe de la bancada del PRO también viene planteando una modificación del sistema registral utilizado en Córdoba.
Su propuesta apunta a reemplazar el registro policial de antecedentes por el Registro Nacional de Reincidencia y garantizar que la información que corresponda sea comunicada de manera completa e inmediata. Según el planteo del legislador, el sistema provincial puede no reflejar la totalidad de las situaciones judiciales que luego aparecen en otras fuentes.
“Desde abril vengo presentando proyectos para resolver ambos problemas: modernizar el registro de antecedentes, establecer controles periódicos del personal y aprobar un protocolo institucional que se aplique por igual al oficialismo y a la oposición”, sostuvo el amarillo al renovar su crítica por la falta de apoyo. El reclamo fue un tiro por elevación destinado a sus pares peronistas y del arco opositor, pero también para la conducción de la cámara.
La discusión adquirió mayor dimensión después de que se conocieran las situaciones judiciales vinculadas con José Aníbal Ricardo Villarreal y Ariel Alejandro Rodríguez, quienes se desempeñaban como asesores del ahora exlegislador oficialista Ramón “Cañito” Flores. Villarreal fue detenido e imputado en una investigación por abuso sexual, grooming y corrupción de menores, mientras que Rodríguez tenía una condena firme a tres años y seis meses de prisión por usurpación y peculado.
A ese episodio se sumó en los últimos días la detención de Omar Manuel Ludueña, empleado de planta de la Legislatura y asesor del bloque radical, acusado por abuso sexual agravado. La ofensiva del PJ pegó de lleno en el círculo próximo a Rodrigo de Loredo. Otro caso involucra Pablo Marcos Ortiz, concejal peronista de Alta Gracia (en uso de licencia) y exvicepresidente de Cormecor, que fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, hurto y defraudación.
El caso Ludueña provocó un cruce dialéctico de alto voltaje entre los jefes de las bancadas del oficialismo y el radicalismo, Facundo Torres y Matías Gvozdenovich, endureciendo la pulseada por las responsabilidades políticas frente a los antecedentes judiciales de los asesores en la Unicameral.
