¿Por qué no hay condenas ni investigaciones que inquieten al poder político en Córdoba? Hay múltiples respuestas posibles: no hay corrupción, no hay magistrados dispuestos a incomodar al poder, las denuncias son frágiles, oportunistas y mediáticas… Pero también cabe la posibilidad de que exista una estructura en el Poder Judicial diseñada para que ninguna investigación seria prospere.
La última hipótesis tiene asidero, entre otras razones, en la escasa productividad del Fuero Anticorrupción en la materia específica para la que fue creado, tanto de las dos fiscalías como el Juzgado de Control a cargo de Gustavo Hidalgo, un hombre por cuyo despacho pasaron numerosos expedientes sin que haya promovido imputaciones de funcionarios de alto rango. Ese es el primer escalón.
Pero si una causa atraviesa ese umbral, como la denuncia contra el exintendente Mestre por el viaje a Corrientes pagado por los dueños de Ersa, está la Cámara de Acusación. En aquel expediente, excediendo el tema sobre el cual debía resolver, los vocales Carlos Alberto Salazar y Patricia Alejandra Farías, por mayoría, dijeron que no hubo delito y clausuraron la investigación. Esas decisiones son indiscutidas por un simple hecho: no hay querella particular.
En palabras simples, el Código Procesal Penal solo admite ser parte en el expediente a una víctima directa. Si de corrupción se trata, sería el Estado; pero es imposible que el poder político se denuncie o habilite investigarse a sí mismo.
Un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia rechazó el último intento de un grupo de exlegisladores opositores. Habían creado la Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASoMa) y pidieron ser admitidos como parte en las causas por corrupción. Con los votos de los vocales Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollatti —en disidencia votó Aída Tarditti— le cerraron la puerta. Hay un sinnúmero de justificaciones jurídicas. En la práctica, las causas por corrupción no tienen quién las empuje y controle desde fuera del Poder Judicial.
