Hay un dato que pasó inadvertido pero que está mencionado en el contenido de la reciente resolución del Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba sobre el caso del fiscal general adjunto, José Gómez Demmel. Hay allí una mención, en el testimonio que prestó el funcionario y que el tribunal analizó, al interés demostrado por la fiscal Civil, Comercial y Laboral, Alicia García de Solavagione, en exponer su posición y –posiblemente– participar en la causa sustanciada en los Tribunales de Familia sobre el primer caso de vientre subrogado que se analizó en los tribunales cordobeses.
En la resolución se lee que Gómez Demmel relató que el 4 de octubre a las 2:57 p.m. Solavagione “le envió via WhatsApp el link de una nota periodística (www.cba24n.com.ar/ content/dos-familias-cordobesas-solicitan-maternidad-subrogada) y que a la hora 3:00 p.m. adjuntó por la misma vía un documento de Word con un artículo de opinión sobre el alquiler de vientre. Que posteriormente (6:04 p.m.) le envió otro link vinculado conla temática (www.perfil.com/ cordoba/la-justicia-de-cordoba-tiene-que-expedirse-sobrecasos-de-vientre-subrogado) y a las 6:11 p.m. agregó otro sitio con más información”.
La declaración contenida en el expediente continúa narrando que “al día siguiente, la Fiscal Solavagione se presentó en su oficina y le entregó un sobre cerrado que contenía un documento titulado “informe reservado”, dirigido a su persona, cuyo contenido estaba vinculado con la maternidad subrogada o alquiler de vientre”.
Aprietes. El Tribunal de Ética valoró que esta conversación ocurrió después de la llamada telefónica descripta como una presión de Gómez Demmel a su persona en causas por la constitucionalidad de las comisiones médicas en la reformada Ley de ART. Concluyó en que una persona que se siente violentada en el ejercicio de su función no toma la iniciativa de mantener una reunión personal o intercambio de mensajes que bien pudieron ser evitados.
Recordemos que la resolución del organismo fue descartar la existencia de “aprietes” y recomendar al fiscal general adjunto extremar el cuidado en el trato con otros funcionarios para evitar la interpretación de alguna injerencia impropia a su responsabilidad.
La presente reflexión, no obstante, no se detiene en esa conducta, sino que escudriña en la posible manifiesta intención de Solavagione de ser designada para participar en la primera causa que habilitó a un matrimonio para subrogar vientre.
Mención periodística. Las dos notas periodísticas que envió por mensaje de WhatsApp están referidas al expediente tramitado en el Juzgado de Familia Nº 2, a cargo de Gabriel Tavip. Una de ellas es el primer texto periodístico publicado en la provincia sobre el caso y ocurrió en PERFIL Córdoba. En el caso mencionado, los actores pidieron que se declare la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil. Por esa razón, el magistrado estuvo obligado a pedir dictamen de fiscal. Intervino María Angélica Jure, fiscal de Familia. Pero existía la posibilidad de que las autoridades del Ministerio Público Fiscal asignaran, por lo específico de la materia, a otro funcionario o funcionaria para analizar y dictaminar.
La duda. En ámbitos académicos y judiciales, García de Solavagione es una experta en materia civil, publicó escritos y opiniones, incluso en medios locales. Y de esas exposiciones se conoce su posición crítica y opuesta al alquiler o subrogación de vientre. Si la conducta del apriete consiste en pretender incidir en una decisión para orientar o torcer su rumbo, la duda quedó planteada.
