Hoy se cumplen exactamente cuatro años del aluvión que arrastró material altamente contaminante desde la planta de residuos peligrosos de Taym hacia el canal Los Molinos, que abastece a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas –ambas firmas, propiedad del grupo Roggio– para alimentar la red de media ciudad de Córdoba. Hay dos responsables de la empresa imputados por presunta contaminación ambiental y no se sabe absolutamente nada sobre los funcionarios provinciales, denunciados por los vecinos.
Este medio consultó en el Ministerio Público Fiscal de la provincia qué avances hubo desde que finalmente quedó radicada en la fiscalía Nº 2 del fuero Penal Económico, a cargo de Franco Mondino. La respuesta recibida el viernes último fue: “A la fecha se encuentra en estado de investigación, no existiendo imputación alguna”. Precisa, además, que en el fuero se investiga “una supuesta omisión de los deberes de funcionario público (Art. 249 Código Penal)”.
Apenas se inició el expediente, las denuncias de vecinos no solo apuntaron a la eventual responsabilidad penal de los directivos de Taym, sino también de funcionarios provinciales. Fue señalado Javier Bricht, exsecretario de Ambiente de la Provincia porque de él dependía la aplicación de las leyes 10.208 (de presupuestos mínimos en materia ambiental) y 24.051 (de residuos peligrosos).
También el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, por la autorización de la Dipas a la empresa para su instalación en una zona inundable. Y a los directivos del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) por comunicar a la población que el agua distribuida desde la planta de Aguas Cordobesas era potable y no presentaba contaminación. Lo hizo luego de que la firma sacara un comunicado con esa misma aseveración y sin esperar las pruebas de rigor. La pericia oficial multidisciplinaria ordenada por el fiscal Peralta Ottonello que investiga la conducta de la empresa –el informe se conoció en agosto de 2018– fue contundente: una hora antes del cierre preventivo de la compuerta, había ingresado agua contaminada al canal Los Molinos.
Los detalles sobre el grado de contaminación son discutidos, en la actualidad, en el expediente que se tramita en los tribunales de Alta Gracia. Pero, si existían controles y hubo actas administrativas que relevaron irregularidades y la planta siguió funcionando a pesar de los apercibimientos, ¿la situación derivada de la tormenta del 28 de marzo de 2017 era evitable?
PERFIL CÓRDOBA publicó el 15 de octubre de 2017 que hubo dos inspecciones a la planta de Taym. Una fue el 4 de noviembre de 2016, efectuada por la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba. Constató la existen cia de residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los racks de guarda; residuos en un playón con piso hormigonado, solamente tapados, “lugar no declarado por la empresa para este fin”. En cuanto a residuos líquidos los inspectores informaron que se detectaron lagunas para lixiviados en un nivel alto, más elevado del permitido. “La situación es seria”, advirtieron.
Y la segunda, a pocos días del desastre, el 14 de marzo de 2017 fue efectuada por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental que depende de la Nación. El acta labrada en esta oportunidad determinó que la capacidad de almacenamiento “estaba excedida y que afuera del galpón, en un playón para acopio a la intemperie, había monitores, computadoras y otros equipos rotos”.
En los dos casos la empresa recibió intimaciones para regularizar la situación en un plazo perentorio con el pedido de disminuir el ingreso de nuevo material a la planta. Pero nadie la clausuró. Solo fue cerrada después del aluvión de 2017.
Los abogados de la empresa indicaron a este medio que hubo respuestas a cada acta, en sede administrativa y penal. Sin querellante. Vecinos a la zona donde funciona Taym, solicitaron ser parte en este expediente, pero el fiscal Marcelo Fenoll, subrogante de la fiscalía antes de la designación de Mondino –su actual titular–, desestimó la pretensión señalando que ya participan en la causa por contaminación ambiental que se tramita en Alta Gracia.
Sin querellantes ni imputados y con escasa posibilidad de acceder a la información sobre la actividad desarrollada por el fiscal Franco Mondino, la parte desglosada para evaluar si hubo omisiones de los funcionarios provinciales es un misterio.
